Fomento y Vivienda expedienta al banco malo

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que dirige nuestra compañera Elena Cortés, ha abierto un expediente a la SAREB, más conocida como “banco malo”, por incumplir la función social de sus viviendas protegidas. Si no acredita haber ofrecido sus 911 Viviendas de Protección Oficial a la Junta de Andalucía para que aparezcan en los registros públicos de viviendas sociales, se expone a una sanción máxima de 109,4 millones de euros. Ver más aquíhttp://bit.ly/1bC3Vfz
Como ha dicho la Consejera, las VPO de Andalucía no están en venta para ningún salón inmobiliario, sino para que sea efectivo el derecho a la vivienda. Se trata de aplicar la Ley de la Función Social de la Vivienda, precisamente en la sección del articulado que no fue recurrida al Tribunal Constitucional por parte del gobierno central, para que las viviendas protegidas ubicadas en el territorio andaluz y que el banco malo había ocultado con la intención nada sutil de venderlas al mejor pos-tor, sean por el contrario puestas a disposición de las andaluzas y andaluces que necesitan una vivienda.
La SAREB ha cometido infracciones muy graves –una por cada una de las 911 viviendas- ante la vulneración del artículo 20 de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica, de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.


Y es que estas viviendas fueron construidas con dinero público, precisamente, para hacer efectivo el derecho humano a la vivienda y no para especular con ellas. Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Contrasta esta forma de actuar del gobierno andaluz con lo que ocurre en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, donde en vez de facilitar el derecho humano a la vivienda y destinar las viviendas públicas a garantizarlo, están dedicándose a vender las VPO a los “fondos buitre” como ocurre en la Comunidad de Madrid.

IU en la Junta pone cordura a los "megaproyectos" inviables

Miércoles, 12 Febrero 2014
En política, el lenguaje es uno de los principales campos de batalla. La derecha, por ejemplo, hace bandera de la “austeridad”, pero en realidad lo que quiere decir es otra cosa: recorte de derechos, despidos y devaluación de la mano de obra. Izquierda Unida en la Junta de Andalucía practica la austeridad de verdad, la austeridad entendida como uso eficiente de recursos públicos, demostrándolo con hechos. Y claro, cuando pone sobre la mesa proyectos de austeridad real (no de recortes), el bipartidismo se pone nervioso y evidencia que en absoluto ha aprendido las lecciones de la crisis y que sigue anclado en la era de los proyectos faraónicos e inviables.
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que dirige nuestra compañera Elena Cortés, ha propuesto al Ministerio de Fomento que utilice el tramo Marchena-Antequera como circuito de ensayos y experimentación ferroviaria. La propuesta quiere matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, pretende salvar para Andalucía 270 millones de euros de fondos europeos destinados a investigación y desarrollo que el Gobierno pretende emplear en el faraónico Anillo Ferroviario de Antequera. Dichos fondos sólo llegarán si el Anillo de Antequera, un auténtico dislate desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental, está concluido antes de que acabe 2015. Eso es imposible con el actual proyecto del Anillo, en el que ninguna empresa está interesada. Sí sería posible si se aprovecha la plataforma Marchena-Antequera. La obra de adecuación, consistente en instalar vía y catenarias, estaría concluida en poco más de un año.
Por otro lado, la propuesta pretende dar viabilidad al tramo Marchena-Antequera, en el que la Junta invirtió 279 millones la década pasada, convirtiendo a Andalucía en “la única comunidad que hace AVE”, algo de lo que por entonces presumía. Ahora ese tramo es una vía muerta, en el contexto de un macroproyecto de conexión con dinero autonómico de Sevilla con Antequera por AVE que cuesta 1.300 millones, cantidad inasumible hoy en día para cualquier administración. Lo que pretende la Consejería es que ese tramo tenga una utilidad a corto plazo, dando eficiencia a la inversión de 279 millones realizada y salvando además 270 millones de fondos europeos. La plataforma Marchena-Antequera cumple además todos los requisitos necesarios para convertirse, con una inversión asequible, en un circuito de pruebas ferroviarias de vanguardia mundial, ya que en este tramo de 77 kilómetros (el Anillo de Antequera se ha diseñado para un trazado de 75) los trenes pueden alcanzar hasta 400 km/hora.
Parece que la propuesta tiene sentido, ¿no? Pues el PP ha salido en tromba a rechazarla con una mezcla perfecta de cinismo y manipulación, evidenciando además que carece de una visión de conjunto de Andalucía. El PP ha afirmado que esta propuesta supone renunciar al Eje Ferroviario Transversal, tratando de poner a Sevilla, Granada y Almería en contra del proyecto. Olvida el PP dos cosas. Olvida que Sevilla ya está conectada por alta velocidad con Antequera, y que la pelota de la conexión con Granada está en su tejado. Y olvida que cuando el Gobierno concluya las obras del AVE Antequera-Granada (proyecto muy rebajado por la crisis, por cierto, y que constituye en la práctica un AVE lento), el tiempo de viaje entre Sevilla y Granada será de algo menos de 2 horas y media, frente a las 3 actuales.
Descartada a corto plazo la ejecución de los 1.300 millones para hacer la conexión Sevilla-Antequera tal y como fue concebida, y más cuando ambas ciudades (Sevilla y Málaga) ya están conectadas por alta velocidad, ahora mismo para ahorrar un cuarto de hora más usando la plataforma Marchena-Antequera la Junta tendría que invertir 180 millones de euros para el acondicionamiento de la vía entre Utrera y Marchena y la electrificación y montaje de vía entre Marchena y Antequera. 180 millones por un cuarto de hora no parece la mejor inversión en el actual contexto, con el Gobierno central asfixiando además las cuentas andaluzas y cientos de miles de familias andaluzas en situación de pobreza. Es más, las propias soluciones de emergencia del Gobierno central para hacer el AVE a su paso por Loja demoran su llegada a Granada más de un cuarto de hora.
La reacción del PP contra la propuesta de la Consejería de Fomento y Vivienda sólo parece estar destinada a eludir sus responsabilidades con la conexión en AVE entre Antequera y Granada, primero, y después con Almería, a la vez que un acto de sectarismo contra la Consejería de Fomento y Vivienda, por estar gobernada por IU. El Ministerio de Fomento, antes siquiera de comunicar oficialmente a la Consejería su negativa, está aireando su rechazo a la propuesta en los medios de comunicación, todo ello mientras el PSOE defiende la solución de la Consejería pero sin hacer autocrítica de dos proyectos mastodónticos con sello ‘socialista’: el Anillo Ferroviario (concebido con el PSOE en el Gobierno central) y el Eje Transversal. Ojalá el PSOE pusiera el mismo entusiasmo que en estos proyectos en la defensa del ferrocarril público y de conexiones adecuadas de cercanías y media distancia, pero parece tan obnubilado con el AVE como el PP, pese a su escasa rentabilidad social.
No es nueva esta actitud de silencio avergonzado del PSOE y esa cara de no haber roto un plato cuando IU se esfuerza por arreglar sus desaguisados y poner sensatez en los macroproyectos. IU en la Junta ya consiguió ponerle el cascabel al gato y pasar de un metro de Málaga inviable, el pactado por PP y PSOE en 2003, a uno viable, que costará 300 millones menos y dará servicio a más malagueños con unas obras más cortas y seguras, pese a no haber contado con el PSOE. Seguiremos, de esta manera, defendiendo desde el Gobierno andaluz infraestructuras a la medida de las necesidades de la ciudadanía

Nieto: “Si piensan que porque las vías institucionales se agoten nos vamos a quedar quietos, la llevan clara”

Garzón denuncia que el PP con su recurso ante el Alto Tribunal “está actuando de forma violenta” y lo compara con la retirada de la sanidad a los inmigrantes
Tras darse a conocer el recurso del Gobierno de Rajoy contra la Ley de la Función Social de la Vivienda, Inmaculada Nieto, portavoz para asuntos de vivienda del Grupo parlamentario de IULV-CA, ha advertido que “seguiremos trabajando en la institución y en la calle” para buscar la solución para las familias que “se encuentran en mitad de ninguna parte por culpa del recurso” que ha calificado de “ideológico, recurso de la vergüenza” que ha puesto el PP a la normativa andaluza.

En rueda de prensa acompañada por el portavoz económico del Grupo parlamentario de IU en el Congreso de Diputados, Alberto Garzón, Nieto ha indicado que “si piensan que porque las vías institucionales se agoten nos vamos a quedar quietos a llevan clara” y añade que “ni los diputados y diputadas de IU, ni los compañeros y compañeras en el Gobierno andaluz, ningún militante mujer u hombre de Izquierda Unida se va a quedar quieto ante esta injusticia”. Así ha planteado que “donde haya una familia que se pueda quedar en la calle para que un banco cierre su casa y eso esté bendecido por el PP” IU va a seguir del lado de las víctimas “por la vía del derecho y por la vía de los hechos” porque “toda injusticia que se cometa en nuestra tierra nos compete como representantes que somos del pueblo andaluz”.

Por otro lado ha denunciado que el recurso se trate, en realidad, “del verdadero programa del PP” que consiste según la diputada de IU en “supeditar cualquier derecho, por muy derecho constitucional que sea, al balance de los bancos y las cuentas de resultados y beneficios de las entidades financieras”.

Petición al Gobierno de retirada del recurso

Tras señalar que se trata de “un recurso cuya endeblez jurídica alimenta lo que venimos diciendo desde IU que es que la Ley tiene total y perfecto encaje constitucional”, la diputada de Izquierda Unida ha informado que “se sigue trabajando sin descanso para que ese recurso sea retirado” y por ello se presentarán una iniciativa parlamentaria en la Cámara andaluza para instar al Gobierno de Rajoy a que retire el recurso. La misma se presentará también en el Congreso de los Diputados.

“Vamos a agotar un nuevo cartucho institucional” ha señalado Inmaculada Nieto porque además “es un recurso discriminatorio” en tanto ha considerado que en Cataluña se aplican ciertos preceptos que no están recurridos allí.


Alberto Garzón califica al Gobierno de “violento" 

Por su parte, el diputado en el Congreso, Alberto Garzón ha considerado que “no podemos dejar de decir que el recurso del PP es un recurso que pone de manifiesto que el Gobierno está actuando de forma violenta” y lo ha comparado con la violencia que ejercen los diputados del PP cuando en el Congreso pulsan un botón para retirar la sanidad a los inmigrantes.
En este sentido ha valorado que estar de acuerdo con este recurso que “habilita los desahucios en Andalucía” supone “ser cómplices de que echen a los ciudadanos de sus casas” y por lo tanto “estamos hablando de un gobierno violento”. Garzón ha añadido que el Gobierno del PP “no puede quejarse de escuchar los gritos de las víctimas” en forma de escarches o manifestaciones pues son las quejas de los ciudadanos a los que, a su juicio, “no se les deja otra recurso que ser expulsados a la marginalidad”. Por esto ha advertido al PP que “no sirve de nada taparse los oídos porque la realidad va más allá de los deseos del PP”.
Ante esa realidad el diputado de IU ha indicado que “nos rebelamos y que vamos a seguir luchando contra los desahucios, agotando las vías institucionales pero también ejerciendo la desobediencia civil allí donde haga falta preservar el derecho a la existencia, sumándonos a los movimientos sociales a la PAH y a cualquier colectivo o conjunto de ciudadanos que tenga claro que los ciudadanos en un país desarrollado no puedan estar sin una casa porque un gobierno títere de los sistemas financieros ha preferido salvar los beneficios multimillonarios de las entidades financieras antes que preservar ese derecho a la existencia”.
Por ello ha señalado que “nuestro propósito es dejar constancia que nuestra lucha sigue absolutamente en todos los niveles como personas comprometidas con la salvaguarda de los derechos fundamentales”.
El 28 de Febrero “reclamación de una Andalucía solidaria y comprometida”
Garzón ha hecho un llamamiento para que el próximo 28 de febrero, día de Andalucía, “hagamos una reclamación de una Andalucía solidaria y comprometida y de la soberanía que nos está intentado robar el PP”.
“Se está consolidando una Unión Europea de los mercaderes” ha advertido Alberto Garzón “donde todos los ciudadanos de todos los pueblos de Europa quedamos supeditados a los caprichos y necesidades del balance contable de las entidades financieras” y frente a esto “aprovechamos ese camino que hacemos el 28F para reivindicar la legitimidad del Parlamento de Andalucía, la legitimidad del pueblo andaluz para construir una Europa diferente, con otras coordenadas y que no esté constituida para obedecer el dictado de las grande fortunas y las grandes entidades financieras”.

Generación de empleo, democracia participativa y paliar la emergencia social, ejes fundamentales para la elaboración participativa del programa de las municipales

Izquierda Unida ha comenzado esta mañana la “puesta en funcionamiento de la maquinaria” de cara a las próximas fechas electorales europeas y municipales. El trabajo en clave municipal y europea han sido los temas fundamentales que se han tratado en el Consejo provincial abierto que se ha celebrado esta mañana en el Centro Cívico, y que ha contado con una participación nutrida de militantes de toda la provincia de Málaga.
Esta cita ha estado dirigida por el coordinador provincial, José Antonio Castro, junto a la responsable de Política Institucional de la provincia, Toni Morillas. En el acto también han estado presentes miembros de la dirección provincial, así como los parlamentarios en el Congreso de los Diputados José Luis Centella y Alberto Garzón.
Durante parte de la mañana, la formación ha hecho un análisis de la situación en la que se encuentra en la provincia y de los objetivos que se quieren alcanzar en las próximas elecciones municipales.
La responsable de Política Institucional provincial, Toni Morillas, ha señalado que entre los objetivos de la formación se encuentran la obtención de 250 concejales en la provincia por los 178 que tiene actualmente, duplicar las 13 alcaldías donde gobierna en Málaga y un incremento de la presencia en los grandes municipios, lo que permitiría “un impacto de nuestras políticas sobre mayor porcentaje de la población”.
Para ello, en las provincias donde IU gobierna se van a llevar a cabo asambleas vecinales que servirán para que los equipos de Gobierno hagan una rendición de cuenta y sirvan para que los vecinos y vecinas transmitan sus denuncias, quejas y propuestas.
Este aspecto se trasladará a la elaboración programática para las elecciones municipales, que será un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía y a todos los colectivos. Para ello se desarrollará un proceso de convergencia que sirva para “crear instrumentos de democracia participativa para el conjunto de malagueños y malagueñas”. Un programa que se elaborará teniendo como ejes fundamentales la generación de empleo, la creación de instrumentos de democracia participativa y paliar las situaciones de emergencia social y económicas que se están dando en la provincia.
Respecto a los comicios europeos, que se celebrarán el próximo mes de mayo, la organización en Málaga ha hecho aportaciones al programa marco de IU para dichas elecciones y ha elegido a la delegación que representará a la provincia en la conferencia sobre Modelo de Estado que se celebrará el próximo mes de febrero en Madrid. Además, IU celebrará un proceso participativo para la designación de los candidatos y candidatas que concurrirán en las elecciones europeas.
Antes de concluir el acto, el coordinador provincial ha hecho un llamamiento a toda la militancia malagueña para que participe de forma masiva en las movilizaciones del próximo 28 de febrero. Una gran manifestación por la soberanía andaluza “frente a los dictados de la troika” que se celebrará en Sevilla y para la que se está entrando en contacto con diversas asociaciones y colectivos para que participen de los diferentes bloques reivindicativos que se formen en la movilización.

IU señala al PP como responsable directo de los próximos desahucios que se produzcan en Andalucía

“O nos movilizamos o nos devoran”, apunta Maíllo de cara al 28F

“El PP es responsable directo de los desahucios que se produzcan en Andalucía a partir de ahora”, así de tajante se ha mostrado el portavoz de IU en el Parlamento autonómico, José Antonio Castro, a raíz de la suspensión cautelar de la Ley de Función Social de la Vivienda por el Tribunal Constitucional.
Castro, que ha calificado como “desalmados” a los dirigentes del Partido Popular y miembros de Gobierno central que presentaron el recurso contra la ley andaluza, ha advertido que “dejan desamparados a cientos de ciudadanos y ciudadanas que no pueden hacer frente a los pagos que les están exigiendo las entidades financieras”.
Así, la coalición de izquierdas prevé que la paralización del recurso va a provocar más desahucios y más violencia en la ejecución de estos, pues a la vez que se desprotege a las familias con procesos abiertos, el Estado aumenta las dotaciones a los cuerpos antidisturbios y crea leyes como la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo ha señalado además que la suspensión cautelar de la ley “discrimina a Andalucía en dos vertientes”: por un lado valora que se está cuestionando la capacidad de la gestión política en materia de vivienda, como recoge el Estatuto de Autonomía, y por otro lado, que se está discriminando a Andalucía, cuando una ley con la misma redacción en Cataluña no ha sido recurrida.
Junto a Castro y Maíllo se encontraba el coordinador local y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, que ha anunciado que el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción en la próxima comisión de Derechos Sociales para mostrar el rechazo de la corporación al recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda. Además de mostrar el rechazo de la institución al recurso presentado por el Partido Popular, la moción pretende que el Ayuntamiento muestre su apoyo a la Consejería de Fomento y Vivienda para que el Tribunal Constitucional levante la medida cautelar que suspende la tramitación de aquellos expedientes cuya resolución no hubiese salido ya en el BOJA.
Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda que gestiona IU pretende levantar la suspensión cautelar jurídicamente, defendiendo el “derecho a la vivienda” de todos los andaluces y andaluzas tal y como ya anunciara ayer la consejera, Elena Cortés. Para ello, hablará con las entidades financieras a fin de que paralicen los desahucios hasta la resolución del Tribunal Constitucional. Respecto a esta cuestión, Maíllo ha declarado que se sentiría “satisfecho si las bancas defendiesen a los ciudadanos en lugar de intereses privados”.
Sevilla, sede de la movilización del 28-F
La direccíon de IU ha marcado el 28-F como una fecha trascendental para Andalucía. Para IU supone trasladar al día de Andalucía el enfrentamiento contra los que quieren tratamientos singulares, en relación a la derecha catalana, y ha llamado a que las movilizaciones en esta fecha sea un “clamor del pueblo andaluz que Andalucía debe financiar a las personas”. La formación quiere visualizar así la defensa de la solidaridad en un Estado federal.
“O nos movilizamos o nos devoran”, apuntaba Maíllo, que ha mostrado la oposición total de la coalición a la salida de la crisis que plantea el gobierno del PP junto a las entidades financieras, que supone una salida “eliminando derechos y servicios fundamentales para la ciudadanía y aumentando las medidas represivas”.
Es por tanto que se presentan unas elecciones europeas trascendentales para la ciudadanía en las que IU tiene que hacer una labor “pedagógica” y de concienciación para que cambien las “reglas del juego” a nivel europeo. Para esta fecha, la del 28F, IU se está reuniendo ya con agentes sociales como los sindicatos o las mareas para que participen en la gran movilización que se llevará a cabo en Sevilla.

Castro: Cuando se compruebe la constitucionalidad de la Ley andaluza, ¿quién va a pedir perdón a las víctimas o va a dimitir?

El portavoz en el Parlamento andaluz sostiene que IU ha “exprimido” el Estatuto de Autonomía desde su posición en el Gobierno para acabar con la lacra de los desahucios y subraya que "a partir de hoy, el PP antiandaluz es el único responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra"

Tras conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional haya aceptado a trámite el recurso presentado por el presidente del Gobierno central contra la Ley andaluza para la Función Social de la Vivienda y por ende se haya procedido a su suspensión cautelar, las reacciones no se han hecho esperar.

El portavoz del Grupo parlamentario de IU en la Cámara andaluza, José Antonio Castro ha advertido de que "desde hoy el PP antiandaluz es el responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra" tras la suspensión cautelar de la Ley de Función Social de Vivienda decretada por el Tribunal Constitucional (TC) al admitir a trámite el recurso del Gobierno de la Nación.

En varios comentarios publicados en su cuenta personal en Twitter, Castro asegura que "desde IULV-CA hemos exprimido las competencias del Estatuto de Autonomía para acabar con la lacra de los desahucios" y subraya que "a partir de hoy el PP antiandaluz es el único responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra".

“Quién pedirá perdón a las víctimas o dimitirá cuándo dentro de unos años se concrete la constitucionalidad de la ley", se ha preguntado el portavoz parlamentario de IULV-CA.



Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés ha informado que la Consejería está preparando el informe para pedir al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y ha anunciado que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el Alto Tribunal no tome una decisión en firme.

Cortés sostiene que esta petición se sustenta en el hecho de que el recurso del Gobierno "provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía" y al hecho de que en Cataluña "opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada".

Cortés considera que el recurso del Gobierno central "está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía".

Asimismo, ha indicado que "los primeros efectos" de la admisión de ese recurso será "dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca".

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que "no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva".

La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta, mientras que sobre el resto "vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias".

Ha lamentado la actitud del PP "con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara" y considera dicho recurso "un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional".

Ha recordado que actualmente hay 39 expropiaciones temporales de uso efectuadas y otras 200 personas a las que se les estaban validando sus expedientes en las provincias".

Cortés ha recordado que en otras comunidades autónomas, el PP "está vendiendo el parque público de viviendas a 'fondos buitre', ese es el modelo del PP; mientras que en Andalucía, con IU en el Gobierno, la Junta se pone al lado de las clases trabajadoras y a las mujeres, protagonistas de la defensa de la dignidad de sus familias y de sus casas frente a un desahucio".

2014 será el año de las leyes en Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha dado a conocer la hoja de ruta y los elementos centrales de trabajo político, institucional y legislativo que hay que impulsar en Andalucía y que atañen a su departamento.  En este sentido señala que 2014 será un año clave para que Andalucía se sitúe en el lugar que le corresponde frente  a los nuevos modelos de Estado, financiación y fiscalización que se están planteando y que será un periodo en el que el elemento central de acción de Gobierno será la lucha contra el desempleo.
Asimismo, subraya que la defensa del Estatuto de Autonomía es fundamental para hacer frente a las leyes que desde el Gobierno central pretenden vaciarlo de contenido y en este sentido ha comentado que este año será el año de las leyes en Andalucía donde verán la luz la leyes de  Memoria Democrática, de Participación Ciudadana y de Protección de Personas Consumidoras.
El vicepresidente también destacó que esta acción normativa se verá complementada con un nuevo decreto que regulará los suministros vitales que espera que esté aprobado antes de que acabe el primer periodo de sesiones; con  la carta de derechos de la ciudadanía que blindará derechos reconocidos de los ciudadanos y ciudadanas; con la desaparición de los símbolos franquistas; con el reconocimiento de nuevos lugares y de nuevos senderos de la memoria; con un foro sobre el papel de lo local en el nuevo marco productivo con el objetivo de contribuir a la creación de empleo; con el impulso de nuevos convenios con los ayuntamientos para asegurar los suministros vitales y con la aprobación del recurso de incostitucionalidad contra la Reforma de la Administración Local del Gobierno central.
También, se aprobará el Plan de Cooperación para el desarrollo 2014-2018 y el decreto para resarcir los derechos de los consumidores.
Para Valderas, estamos en un año en el que Andalucía debe de jugar un papel importante en el debate estatal de la necesidad de un nuevo modelo de Estado, federal y solidario, donde tiene cabida el planteamiento de la reforma constitucional  y donde abanderemos el modelo de una “fiscalidad justa frente a la fiscalidad injusta que ahora tenemos”.
“Considero que es muy necesario alcanzar este año un gran acuerdo económico y social que pueda acompañar todo el desarrollo del plan 2014-2020 en el terreno de la financiación y de la inversión en el marco europeo. En mi opinión, este acuerdo económico y social necesita de nuevos sujetos y participantes, teniendo muy presentes los contenidos de los nueve acuerdos sectoriales firmados en 2013 con todos los agentes sociales, económicos y culturales, que deben convertirse en pilares fundamentales de la nueva concertación”.

Lugares de la Memoria

El Gobierno andaluz ha declarado Lugares de Memoria Histórica 34 enclaves representativos de la represión franquista. Son espacios, en las ocho provincias, que incluyen fosas comunes, cementerios, cárceles, antiguos campos de batalla, rutas guerrilleras y refugios antiaéreos.

Desde los Muros de Puerta de Tierra de Cádiz, paredón de fusilamientos en el verano de 1936 hasta la prisión de Huelva destinada a los homosexuales castigados por la Ley de vagos y maleantes. De acuerdo con el decreto regulador de esta figura, la consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obliga a la Administración pública titular a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio. Cuando la propiedad es privada, la Junta fomenta la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares. Con respecto a la Provincia de Málaga encontramos varios de dichos enclaves:


Fosa de Istán  

El ejército golpista ocupa Istán en febrero de 1937 sin resistencia armada. Pese a ello, las fuerzas sublevadas actúan con brutalidad en sus represalias. Varios vecinos son detenidos por los falangistas. Durante su traslado a Marbella, a apenas unos kilómetros, son asesinados y enterrados en una cuneta. Posteriormente, las víctimas directas de la represión ascenderán a 42, a las que se suman las personas con penas de prisión y los dos vecinos que acabaron en campos de exterminio nazi.   


Cementerio de San Lorenzo. Ronda  

La toma de Ronda suponía para el ejército sublevado cerrar un arco sobre Málaga que abarcara desde Antequera hasta Algeciras, incluyendo la línea férrea desde Bobadilla que permitía el envío de tropas y suministros a la región cordobesa. La última y definitiva fase del avance de los rebeldes sobre la comarca rondeña tuvo lugar en enero de 1937. La ocupación conllevó una gran represión sobre las personas afines al Gobierno de la República. El cementerio de San Lorenzo fue el escenario de numerosos asesinatos y, según algunas fuentes, la cifra final podría superar varios miles.   


Fosa común del cementerio de Villanueva de Cauche. Antequera  

De la fosa común del cementerio de la pedanía antequerana de Villanueva de Cauche fueron exhumados los restos de 18 personas: 8 varones naturales de Casabermeja y otros 10 de Periana. El perfil político y laboral de ellos era similar, pese a la diferencia de edad y procedencia. Todos eran afiliados a sociedades obreras y sus medios de vida eran los jornales que recibían por sus labores en el campo.  
Los documentos encontrados en el Archivo Municipal de Casabermeja y en el Archivo del Juzgado Togado Militar de Málaga confirman que los procesados fueron asesinados en el cementerio de Villanueva de Cauche la noche del 23 de junio de 1937. La disposición de los cuerpos y los testimonios recogidos confirman que la ejecución se llevó a cabo primero sobre el grupo de bermejos, sin esperar la llegada del camión con los vecinos de Periana.  


Fosa común del cementerio de Teba  

Los trabajos llevados a cabo en el cementerio municipal de Teba, tras analizar los documentos del Archivo Histórico Municipal y del Registro Civil, permitieron delimitar una fosa de 25 metros de largo por dos de ancho. La zanja recibió a las primeras víctimas, adolescentes, mujeres y hombres, el 15 de septiembre de 1936. Todos ellos eran vecinos de la localidad y simpatizantes de izquierdas. Algunos, además, habían participado años atrás en la Revolución de octubre de 1934 y cumplido condena por ello en la Prisión Provincial de Málaga. La masacre, que se prolongó durante meses, se tradujo en 151 asesinados.  


Prisión Provincial de Málaga  

La prisión provincial de Málaga se inauguró en octubre de 1933, tras la reforma del sistema penitenciario llevada a cabo por la República. Tenía cap
acidad para varios centenares de presos. A partir de la ocupación franquista el 8 de febrero de 1937, las masivas detenciones la convirtieron en lugar de hacina- miento de miles de personas y en el escenarios de asesinatos mediante garrote vil. También fue la antesala de los traslados al Cementerio de San Rafael, donde se llevaban a cabo los fusilamientos. Las acciones de resistencia que se produjeron tuvieron trágico final. Las estadísticas oficiales de 1942, cuando ya se habían producido numerosas excarcelaciones, contabilizan hasta 3.203 presos en momentos puntuales. El temor a los interrogatorios provocó numerosos suicidios: la asfixia por ahorcamiento fue común desde los primeros días de la ocupación hasta los más avanzados años 40.


Cárcel de Mujeres de Málaga  

A principios del siglo XX se inauguró en Málaga una prisión-correccional próxima al río Guadalmedina. Las condiciones del conocido como “Caserón de la Goleta” fueron pésimas casi desde sus inicios. Declarada la guerra, y especialmente a partir de la ocupación franquista de Málaga en 1937, los edificios carcelarios se quedaron pequeños. La población reclusa desde el millar en 1937 hasta las 3.900 en 1945.   
En la postguerra, las ingresadas proceden de actividades relacionadas con la situación de miseria generalizada. Factores como el racionamiento, la escasez de productos alimenticios y sanitarios, la epidemia de tifus o la gran cantidad de familiares varones encarcelados empujaron a las mujeres al mercado negro, a la prostitución o a la venta de favores sexuales.  

IU lamenta que el gobierno del PP recurra la Ley de Vivienda al TC “para tapar su propia inoperancia” ante los desahucios

El coordinador general de IU Andalucía lamenta que el Gobierno de Rajoy pretenda “tapar su inoperancia ante los desahucios” con la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía.  Además considera que el PP da un “espectáculo ridículo” al  “seguir haciendo propaganda de las medidas inútiles” del Gobierno central y “atacando a aquellas que están demostrando su efectividad en la defensa de las víctimas de los desahucios”.

El coordinador andaluz valora así los datos difundidos ayer por un medio de comunicación, según los cuales sólo el 2% de las solicitudes presentadas para acogerse al decreto del gobierno de Rajoy fueron admitidas a trámite, frente al 80% de solicitudes admitidas por la Consejería de Fomento y Vivienda para acogerse a la Ley anti-desahucios. Según la Consejería, ésta ya ha supuesto la apertura de más de 150 expedientes de expropiación del uso de vivienda, 39 de los cuales están en periodo de alegaciones y 2 ya han sido aprobados por el Consejo de Gobierno.

Maíllo considera que con el recurso, el gobierno del PP “están condenando a la incertidumbre y la precariedad a cientos de familias trabajadoras, situándose de nuevo del lado de los especuladores y los banqueros”.

IULV-CA califica como “ataque frontal a los derechos de las mujeres” la contrarreforma del aborto

Maíllo ha insistido: “o nos movilizamos o nos devoran” y aplaude el anuncio del vicepresidente andaluz, Diego Valderas, de estudiar la insconstitucionalidad de la norma.
El coordinador general de IULV-CA ha valorado el anteproyecto de ley de reforma del aborto como “un ataque frontal a los derechos fundamentales de las mujeres”, y por ello ha hecho un llamamiento a participar activamente en las convocatorias de denuncia y movilización que se realicen en las diferentes ciudades de Andalucía.
“O nos movilizamos o nos devoran” ha destacado el líder de IULV-CA quién ha informado que desde Izquierda Unida y desde el Área de la Mujer ya se está articulando la movilización activa en contra de dicha reforma restrictiva de Derechos y “por la defensa de un Derecho al Aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código Penal”.

Así ha aplaudido también el anuncio hecho por el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, quien ya ha afirmado que se está estudiando la posibilidad de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros, con el Titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a la cabeza del Gobierno del Partido Popular, ha dado su visto bueno al proyecto de reforma de la ley del aborto que, además de eliminar los plazos de la actual ley, aprobada en 2010, volverá a un sistema de supuestos similar al de la ley del 85, entre los cuales, se limitará el referido a la malformación fetal

A la espera de conocer detalladamente los términos de la misma, y tras las declaraciones emitidas al respecto por el Gobierno, su aprobación supondrá el fin de los plazos que actualmente permiten interrumpir un embarazo libremente hasta las 14 semanas y que permite abortar a las jóvenes de 16 a 18 años sin la obligación de contar con la autorización paterna y materna.

“Las mujeres con este anteproyecto son las víctimas del único compromiso cumplido del programa electoral del Gobierno del Partido Popular, dirigido además contra la libertad y los Derechos de las Mujeres” ha valorado Maíllo.

Asimismo, ha considerado que “supondrá un grave retroceso” en el avance de los derechos y la libertad de las mujeres, con la vuelta a una ley de supuestos, la fórmula empleada en la ley de 1985 y a las que las mujeres “han estado sometidas hasta el 2010; y que las coloca junto con los países europeos más restrictivos, y a la cola de los más avanzados en materia de libertades y Derechos Humanos”.

Maíllo, que ha recordado que el Parlamento andaluz se pronunció hace unos meses contra esta contrarreforma y que fue “más allá” de la reforma del Gobierno de Zapatero, pronunciándose a favor de la despenalización total del aborto a propuesta de Izquierda Unida, ha insistido en que la norma “penaliza a los y las profesionales que asistan a las mujeres y por tanto será un arma para impedir el ejercicio de este derecho”. “Aunque también tenemos que resaltar que debe ser motivo de vergüenza para el PSOE que ha mantenido dicha penalización” ha concluido.

Cerrado por el PP


Concentración contra la Reforma del Régimen Local del PP


Izquierda Unida, el Partido Socialista y la Coalición Progresista de Vecinos,  junto con trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de Cártama se concentraron este pasado Jueves a las 12.00 horas, contra el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que quiere aprobar el gobierno del Partido Popular se ha concentrado contra la Reforma del Régimen Local.




Como ya hemos venido denunciado la reforma de la Administración Local, busca claramente recentralizar el estado, atacando el sistema municipalista. Atacando competencias y a la autonomía política, entrando en conflicto con los Estatutos de Autonomía como el de Andalucía y la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA).

Eliminan competencias propias de los municipios en aspectos tan relevantes como la educación, salud o servicios sociales pasando a ser gestionados por las comunidades autónomas sin su correspondiente financiación. Poniendo en peligro más de 40.000 puestos  de trabajo en Andalucía.
Con dicha reforma los municipios quedan degradados a las políticas dictadas del gobierno central, alejando aún más al ciudadano de la gestión de lo público, alejándolo aún más de la política justo cuando lo que se requiere es más posibilidades de participación ciudadana, más democracia y transparencia.

Hablan de eliminar duplicidades y competencias impropias, cuando la finalidad es la privatización de los servicios públicos municipales además de la desactivación de la democracia y la autonomía local.

IU Andalucía arrancará el año con la preparación de una gran movilización para el 28-F

Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, ha destacado que será una semana de “movilización, acción política e iniciativa de trabajo” destacando la realización de un amplia convocatoria social hacia el 28 de febrero que se tratará en la reunión del Consejo Andaluz del próximo 14 de diciembre.
Izquierda Unida Andalucía arrancará el año con reuniones con colectivos sociales y asambleas ciudadanas para la preparación de una gran convocatoria social para el 28 de febrero en contra de las políticas neoliberales,  las “que hacen disminuir las transferencias a Andalucía en más de 1200 millones”, en referencia a la reducción de recursos destinados a Andalucía en los PGE como consecuencia  de las políticas de "austeridad" impuestas por la Troika.
Así, el coordinador andaluz ha llamado a la participación de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía andaluza en los actos y asambleas públicas  que se realizarán en toda Andalucía “para llamar a la rebeldía y a la movilización”, ya que, en palabras de Maíllo, “o nos movilizamos o nos devoran los poderes invisibles que nadie nombra, los cuales están condicionando el sufrimiento de la población andaluza”.
Igualmente, Maíllo ha anunciado la aprobación este jueves de la Proposición No de Ley sobre la creación grupo de trabajo de inclusión y renta básica en la que se definirá los “aspectos técnicos de que renta básica queremos los andaluces”. Con esta iniciativa IU continúa ejecutando los acuerdos del pacto de gobierno, especialmente aquellos que sirven "para ayudar a quienes peor lo están pasando con la crisis del capitalismo"
Esta convocatoria, anunciada en Málaga el pasado 4 de diciembre durante la conmemoración de las históricas movilizaciones por la autonomía de 1977 y en recuerdo de García Caparrós, pretende mostrar el rechazo a las políticas neoliberales del PP que en su opinión constatan "el maltrato al que se está sometiendo a Andalucía”.

Segunda vivienda expropiada para evitar un desahucio en Andalucía

Permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado hoy la expropiación a la entidad financiera Banesto de la vivienda en la que residen Omar Abattouy, de 43 años, y Umkiltoun Sarroukh, de 33, marido y mujer, y sus cuatro hijos menores de edad, de 16, 15, 12 y 7 años. Residen en la calle Río Trueba, número 5, 1º A de Torremolinos (Málaga), en una casa de 55,62 metros cuadrados.

Esta expropiación es la segunda que culmina el Gobierno andaluz tras la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, impulsada por la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige la compañera Elena Cortés, después de que ya se expropiara la vivienda de María del Carmen Andújar y su familia, residentes en Huelva. Hay otras 33 ya publicadas en BOJA y a la espera de llegar a Consejo de Gobierno. Existen además más de un centenar de expedientes iniciados que se irán publicando en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme los técnicos completen todos los trámites previos.

Los dos miembros de este matrimonio, Omar y Umkiltoun, están desempleados y actualmente no perciben tampoco ninguna prestación. Sus únicos ingresos derivan de la ayuda de amigos y familiares y de la venta ambulante esporádica. Omar llegó a España en 1994 y pasó dos décadas trabajando en la construcción. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria él y su familia han quedado en situación de extrema vulnerabilidad.

Concretamente, el Gobierno andaluz ha declarado la utilidad pública de la expropiación del uso de esta vivienda durante un máximo de tres años. Ello permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto.

Como requisito previo, la Consejería ha acreditado que esta familia se encuentra en riesgo de exclusión social, y que el desahucio amenazaría gravemente su integridad e incluso su salud. Esta familia también cumple todos los requisitos socioeconómicos establecidos de forma pública y transparente por la Ley de Función Social de la Vivienda, y que a grandes rasgos implican que los ingresos mensuales son inferiores a 540 euros y que la economía familiar ha sufrido un notable menoscabo desde la firma de la hipoteca.

La entidad financiera tiene 15 días para pronunciarse sobre el mutuo acuerdo. Si no acepta, el Gobierno andaluz actuará en defensa del derecho a la vivienda de esta familia y hará efectivos los trámites para ejercer la ocupación de la vivienda. La Consejería ha remitido al juzgado una notificación informando de este acuerdo, con el objetivo de que el desahucio no se ejecutara bajo ningún concepto.

La renta básica de ciudadanía iniciará su recorrido en el próximo Pleno del Parlamento a instancia de IULV-CA

La Junta de Portavoces ha dado luz verde al orden del día que incluye la solicitud de constitución de un grupo de trabajo que analizará la legislación autonómica e internacional

Tal y como anunciara la pasada semana el portavoz del Grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, durante la sesión de control al Gobierno, la iniciativa para que la renta básica de ciudadanía en Andalucía inicie su trámite parlamentario, estará incluida en el orden del día del próximo Pleno previsto para los días 11 y 12 de diciembre.

Así lo ha aprobado hoy la Junta de Portavoces que incluye la solicitud de Izquierda Unida para constituir un grupo de trabajo que, tal y como recoge el acuerdo de gobierno firmado entre IU y PSOE para esta legislatura, analizará la legislación autonómica e internacional en materia de renta básica de ciudadanía para fijar el alcance y las condiciones de una Ley que regule el desarrollo progresivo de este derecho estatutario en la Comunidad Autónoma andaluza.

Será la primera vez que se debata una iniciativa relacionada con la renta básica de este calado ya que en las anteriores legislaturas en las que IU ha presentado proposiciones al respecto han sido tumbadas por los órganos del Parlamento.
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