El Consejo de Gobierno aprobó autorizar a
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo la presentación
de un recurso al Tribunal Constitucional contra tres normas del
gobierno central que perjudican a las energías renovables.
Los cambios fiscales y tarifarios que
el gobierno central promueve con sus normas, junto con la supresión de
primas, afectan a inversiones por un valor de 12.000 millones de euros
que generarían en Andalucía alrededor de 38.000 puestos de trabajo y
supondrían 4.300 MW de potencia limpia.
Las tres normas son las siguientes: la
Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el
Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en
el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el
sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter
económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector
energético).
El gobierno andaluz remarca que las
medidas impuestas en las nuevas normas estatales se trasladarán a los
mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios
resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los
ciudadanos. Además, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no
incluyen ninguna partida para renovables ni políticas de ahorro y
eficiencia, abandonando los planes que se desarrollaban en estos dos
ámbitos.
Por tanto, las principales actividades
perjudicadas serán las de la energía termosolar, que concentra en la
comunidad autónoma el 61% de la potencia total instalada de España, y la
biomasa, en la que también es líder. Las renovables cuentan en
Andalucía con 1.400 empresas, que dan empleo a casi 45.000 personas.
Actualmente, el 38% de toda la potencia
eléctrica andaluza proviene de fuentes limpias como el sol, el viento y
la biomasa, que también suponen el 33,5% de la electricidad que consumen
los andaluces (6,6% en 2006). En relación con el consumo de energía
primaria, su aportación representa el 15,8%, 4,6 puntos por encima de la
media española). Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza
de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar
y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes.
Andalucía también destaca en fotovoltaica (segundo puesto) y eólica
(cuarto).
Se trata del quinto recurso promovido en
lo que va de legislatura por el Ejecutivo andaluz ante el TC contra
decisiones del Gobierno central. La Junta ya ha llevado ante el alto
tribunal el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia sanitaria,
el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, la nueva regulación estatal de horarios y
rebajas comerciales y la Ley de Tasas Judiciales que entró en vigor el
pasado mes de diciembre.
