El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios,
vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos
una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
Esto quiere decir que, desde el 1 de enero 1995 (!!!) esta normativa era
de obligado cumplimiento y tenía que estar traspuesta a la legislación
de nuestro país.
Por eso mismo, los gobiernos sucesivos
que han omitido esta norma obligatoria, podrían haber evitado más de
400.000 desahucios y ahorrado incalculables sufrimientos a millones de
personas. Toda la prisa que se han venido dando para trasponer otras
normativas que producían beneficios a bancos o empresas, contrasta con
esta que favorece claramente a las clases populares.
Por lo tanto, nuestra fuerza política,
en la calle, en el gobierno andaluz, en el parlamento o en el Congreso
de los Diputados exige que se paralicen todos los desahucios de manera
inmediata y que se restituyan todos los derechos vulnerados por
tantísimos desalojos con carácter retroactivo. Este dictamen del
tribunal europeo hace ilegales 400.000 desahucios en España y más de
80.000 en Andalucía.
Las dos leyes que se tienen que
modificar inmediatamente son la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley
Hipotecaria, puesto que no responden ni dan protección a los ciudadanos
frente a cláusulas abusivas, así como tampoco ofrecen tutela judicial
efectiva del derecho a la vivienda.
Esta sentencia europea tiene que
conducir irremediablemente a que se apruebe en el Congreso de los
Diputados la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago con
carácter retroactivo y a trasponer la directiva comunitaria para
proteger a los consumidores de productos financieros, hipotecas o
preferentes que han sido objeto de abusos manifiestos.
La paralización de los desalojos y el
alquiler social deben suponer el punto de partida para que el gobierno
central restituya el derecho humano a la vivienda, para inmediatamente,
proceder a la adaptación de las leyes obsoletas y perjudiciales.
Izquierda Unida ha venido planteando
sucesivas iniciativas políticas y parlamentarias en diferentes momentos
pero, inevitablemente, los distintos gobiernos de los partidos
mayoritarios han votado en contra de hacer efectivo lo que ahora se
reconoce por este Tribunal de Justicia Europeo. Ahora tiene que
aplicarse una restitución política y jurídica de la violencia ejercida
contra las familias.
Para ello, Elena Cortés, Consejera de
Fomento y Vivienda ha animado a las familias a que acudan a las Oficinas
provinciales en Defensa de la Vivienda donde se van a seguir
defendiendo estos derechos, siempre legítimos, y ahora, además, con la
legalidad que se acaba de reconocer. Para IU es innegociable la
paralización de los desahucios en marcha y la defensa de los derechos de
estas personas.
