Cayo Lara descarta que IU pueda estar en ningún pacto de Estado mientras no se suprima la modificación del artículo 135 de la Constitución y no se derogue la Reforma Laboral

Lunes, 3 de junio de 2013


El coordinador federal de IU afirma que esas prioridades “ya las saben el señor Rubalcaba y el señor Rajoy”, al tiempo que indica que no vale un acuerdo “sólo para barnizar” sino para hacer cambios reales

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, descartó hoy que su formación vaya a estar en un pacto sobre el que públicamente se lanzan continuos mensajes de cara al exterior desde el Gobierno, el PP y el PSOE mientras no se suprima la modificación del artículo 135 de la Constitución firmado a toda prisa por estas formaciones antes de las pasadas elecciones generales de 2011 para primar el pago de la deuda soberana sobre el mantenimiento de las políticas sociales y mientras no se derogue la reforma laboral.

Lara aseguró en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados a preguntas de los informadores que “no queremos forma parte de ningún tipo de acuerdo con este Gobierno sobre las bases que se están planteando. Para que haya un auténtico pacto de Estado en este país hay que cambiar los elementos centrales. No nos vale con barnizar”.
El máximo responsable de IU aseguró que estas prioridades para entablar un diálogo “ya las saben el señor Rubalcaba y lo sabe el señor Rajoy” y completó su planteamiento explicando que un pacto de Estado “es algo mucho más serio” que lo esbozado hasta ahora por el secretario general de los socialistas.

Recordó que “Rubalcaba estaba ahí”, en referencia al anterior Ejecutivo socialista, cuando desde 2010 se aplicaron sucesivas medidas de recorte y se rechazaron una tras otras las propuesta que lanzó IU para tratar de abordar la grave crisis económica sin que afectara a los derechos sociales y laborales de la inmensa mayoría de personas afectadas por ésta y que no eran responsables de la situación.

De igual forma, señaló que mientras Izquierda Unida estuvo en la calle con los trabajadores desde el primer momento, otros se dedicaron a hacer reformas laborales o a aceptar complacientes todas las imposiciones que llegaban de Bruselas. “Cambiar ahora -dijo- de la noche al día, con todos los respetos del mundo, da muy poquita credibilidad”.

Sobre el intercambio de ofrecimientos de entendimiento que se vienen realizando desde el PP y el PSOE insistió en la idea de que un “auténtico pacto de Estado no pasa por barnizar” lo que es el “fondo dramático del problema: la existencia del artículo 135 de la Constitución”.

Incidió también en que, más allá de la buena voluntad de quienes están lanzando la idea, “no creo que detrás de ella haya un deseo serio de realizar cambios reales”, ni tampoco que “se pueda tener un discurso en el Gobierno y otro en la oposición”, en alusión al PSOE.

Cayo Lara aseguró gráficamente que “no se puede soplar y sorber al mismo tiempo” en alusión a cómo puede tener lugar un acuerdo sobre empleo mientras esté vigente la última reforma laboral impuesta por Mariano Rajoy “que destruye puestos de trabajo cada día” o sin que se materialice una reforma fiscal progresiva con medidas concretas y un plan contra el fraude fiscal.

El coordinador federal rechazó las “cortinas de humo” que hay detrás de estos llamamientos al diálogo y señaló que en la oposición cada uno “tiene sus propias recetas” frente a la crisis, por lo que no es de recibo que nadie trate de monopolizar con las suyas a toda la oposición.

“Rubalcaba no está en condiciones de abanderar nada porque, desde el punto de vista de la credibilidad, tiene menos que el presidente del Gobierno y, además, se lo ha ganado a pulso”, dijo en referencia a que es al jefe del Ejecutivo a quien le corresponde desde su posición decir qué cosas está dispuesto a cambiar de sus políticas para ver hasta dónde está dispuesto a llegar el giro que pueda dar a sus actuales políticas neoliberales.

Respecto a un posible acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para llevar al debate del próximo Consejo Europeo de finales de junio, Cayo Lara adelantó que Izquierda Unida volverá a plantear sus propuestas porque “siempre somos constructivos de cara a Bruselas”, aunque sin entrar en otras “estrategias” externas. Indicó que esperará a la intervención de Rajoy de la semana próxima para ver qué opciones hay.

ABIERTO EN CÁRTAMA EL PLAZO PARA SOLICITAR TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO QUE SE ADHIERE AL PLAN ANDALUZ CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.

El Ayuntamiento de Cártama se ha adherido al Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, desarrollado por el Gobierno Andaluz. En este sentido, y conforme al Programa de Ayuda a la Contratación que contempla este Decreto Ley, abrirá mañana el plazo de presentación de solicitudes para la selección de personal siguiendo los criterios y condiciones establecidos en este Decreto.
El Decreto contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 30 de abril establece como requisitos para acogerse al mismo ser mayor de edad, ser demandante de empleo de más de doce meses durante los últimos dieciocho meses y formar parte de una unidad familiar que esté empadronada en el mismo domicilio desde el 1 de junio de 2012 y cuyos ingresos económicos no superen los 798,77 euros. Además, la norma exige que la situación de exclusión social del solicitante quede acreditada mediante un informe social.
En cuanto a las tareas que desempeñarán las personas contratadas con cargo a este programa, la norma impide a los ayuntamientos destinar los contratos a servicios habituales ya previstos en el presupuesto.
El Plan de Acción Social- aprobado recientemente en el Parlamento Andaluz- se estructura en tres grandes medidas; Por un lado, se destinará 60 millones de euros a crear empleo a través de los ayuntamientos de los que la Junta destinará 40 millones de euros a contratar a personas por períodos de 15 a 3 meses. Se prevé un total de 40.000 contratos. Igualmente, se destinarán 20 millones de euros a reforzar la ley de dependencia, la ayuda a domicilio y los servicios sociales que el gobierno de Rajoy ha ido recortando, el último con un tijeretazo de 1.000 millones de euros.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Izquierda Unida reprochó al Gobierno central que "no se dé cuenta de que cada medida que toma hace que aumente la exclusión social” y dijo que para la Junta de Andalucía, sí “hay prioridades” y estas se basan en “la lucha contra la exclusión social”. También defendió que la medida sobre comedores escolares se pueda hacer en los centros de día para que tampoco “ninguna persona mayor se quede sin comer”.
Sobre el aspecto laboral del plan, explicó que “se persigue que se pueda dar, de acuerdo con los servicios sociales de los Ayuntamientos y en colaboración con éstos, empleo a familias que en cualquiera de los pueblos de Andalucía más lo necesiten”.
Finalmente, resaltó que el decreto-ley contra la exclusión social es complementario al relativo a la Función Social de la Vivienda, ya que, según explicó, ambos garantizarán dos elementos fundamentales como son “el techo y la alimentación”.
El resto de medidas para ayudar a las personas más desfavorecidas será agilizar el acceso a la renta básica y desarrollar un programa de solidaridad alimentaria al que se destinarán 16 millones de euros, para que todos los niños tengan garantizadas al menos tres comidas consistentes al día a través de los comedores escolares, los centros de día o la colaboración con ONG. Por último Valderas pidió al PP que se sume al plan contra la exclusión social y manifestó el deseo de extender la iniciativa de los comedores a los ancianos. 
En Cártama, Las solicitudes se pueden recoger en las dependencias municipales y se pueden descargar en la página web municipal www.cartama.es.  Y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama o en la Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama.
 En cuanto a  la documentación, los solicitantes deberán presentar su la solicitud correspondiente debidamente cumplimentada, fotocopia compulsada del DNI, fotocopia del Libro de Familia o del Certificado de Uniones de Hecho, certificado de empadronamiento histórico colectivo, certificado del Servicio Público de Empleo que acredite estar inscrito como demandante de  empleo durante un periodo igual o superior a un año, declaración expresa responsable del solicitante de los ingresos percibidos en la unidad familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
Además, en el caso de que se den las circunstancias contempladas en el artículo 9 de este Decreto Ley (prioridades en la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Programa de Ayuda a la Contratación), se deberá aportar: Certificado del Servicio Público de Empleo por cada uno de los miembros activos de la unidad familiar, en el que se acredite su situación como demandante de empleo durante los seis meses anteriores a la solicitud; fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa, fotocopia compulsada del Certificado de Discapacidad, documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, documentación acreditativa de tutela, acogimiento familiar o guarda.

El Gobierno obligará a jubilarse a los parados mayores de 61 años, que perderán dinero


La medida supondrá un recorte de entre un 18 y un 22% de su futura pensión


Decreto a Decreto, Orden Ministerial tras Orden Ministerial, sin mucho ruido para que la mayoría de los ciudadanos se encuentren ante hechos consumados, el Gobierno del PP aprueba mes tras mes nuevas medidas que suponen recortes en las prestaciones a los parados o recortes en el sistema de pensiones. Sin ser citadas en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros, con circulares que se envían al Servicio Público de Empleo (Inem). La última circular estipula que, a partir del próximo lunes, los parados con 61 años o más serán obligados a jubilarse, con lo que perderán entre el 18 y el 22% de su pensión, según ha denunciado Comisiones Obreras.

Parados mayores de 55 años, flagelados por el Gobierno
El Gobierno ha remitido una circular a los funcionarios del Servicio Público de Empleo en la que se les ordena que, a partir del próximo lunes, deberán notificar a los demandantes de la prestación por desempleo mayores de 55 años, que deberán jubilarse obligatoriamente a los 61 años aunque sigan en paro. Al jubilarse entes de los 65 años (a partir de 2027 la edad obligatoria de jubilación será a los 67 años), sus pensiones serán más bajas, concretamente entre un 18% y un 22% si es en un despido colectivo o por otras causas objetivas, según los cálculos de CC.OO.

Parados mayores de 55 con pareja con sueldo, sin derecho a paro
A esta nueva orden se suma la reciente reforma de las prestaciones por desempleo aprobada por el PP que, entre otras cosas, obliga a tener en cuenta ahora las rentas de la unidad familiar. Así por ejemplo una pareja en la que uno de los dos cobre 968 euros mensuales y el otro esté en paro y tenga más de 55 años, no podrá acceder al subsidio para mayores de 55 años y, además, perderás las cotizaciones a la Seguridad Social para la posterior pensión de jubilación.

Castigo a las rentas más bajas
Comisiones Obreras ha denunciado en una nota de prensa que con estas medidas el Gobierno “una vez más, haciendo valer la máxima de ‘en caso de duda, se deniega’, se decide sin criterio contra los parados”. El sindicato considera que el único objetivo del Gobierno del PP es reducir el presupuesto del Estado en prestaciones sociales, sin tener en cuenta las necesidades de las personas.

En definitiva considera que, con estas medidas “se castiga a las familias de rentas más bajas y se dejan desprotegidas a miles de personas que han perdido su empleo a los largo de la crisis, justo en la última etapa de su vida profesional y cuando más difícil resulta encontrar un puesto de trabajo”.

Fuente: www.elplural.com