Huelga estudiantil

La segunda jornada de huelga general estudiantil contra la reforma que promueve el ministro José Ignacio Wert tuvo ayer un mayor seguimiento, según los datos aportados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El 87% de los alumnos de ESO (mayores de 16 años), Bachillerato y ciclos formativos, faltaron a clase en la provincia de Málaga. Ayer también fue el porcentaje más alto de toda la comunidad autónoma, donde se registró una incidencia del 71% de media. Jaén volvió a ser ayer la provincia que menos secundó los paros, con un 56% de alumnos que optaron por ejercer su derecho a huelga.

Las aulas de la gran mayoría de los institutos quedaron vacías y, por tanto, se interrumpieron las clases, ante la ausencia de la mayoría de los alumnos. Los convocantes, de hecho, cifraban el seguimiento de la huelga en un 90% de media de los estudiantes de enseñanzas medias andaluces, y un 70% de universitarios.

A las 12.00 horas, además, salía del Edificio Negro una multitudinaria manifestación, convocada por el Sindicato de Estudiantes, que recorrió las calles del Centro para evidenciar el descontento del sector del alumnado con la LOMCE, una ley que, según dicen, «pretende expulsar del sistema a los hijos de los trabajadores y que beneficia a la enseñanza privada». Los manifestantes exigían la dimisión del ministro Wert y animaban a la lucha contra esta reforma que consideran injusta. La marcha concluyó en el edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga, en el Paseo del Parque.

En la UMA, sin embargo, una vez más la huelga apenas si se dejó notar. Fuentes de la institución académica malagueña informaron de que las clases se dieron ayer con absoluta normalidad y apenas si se habían registrado más ausencias de las habituales.

Esta manifestación de los estudiantes se estableció como una antesala a la movilización convocada en todo el país por la comunidad educativa para la tarde de ayer, en defensa de la educación pública y contra los planes del Gobierno del PP. En Andalucía, la convocatoria partía de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, en la que están integrados la mayoría de los sindicatos con representación en la mesa sectorial de educación.

En Málaga, esta enésima jornada de lucha contra el Gobierno de Rajoy y su política educativa, «que no pasa por mejorar la educación, sino por privatizarla», terminó con una concentración en la entrada de la calle Larios, a partir de las 19.00 horas.

Fuente: La Opinión de Málaga

La Junta alega ante el TC que la Ley de vivienda evita desahucios y combate la especulación

Elena Cortés: “Frente a los informes del Banco de España y de la Sareb, esgrimimos la Declaración Universal de Derechos Humanos”

La Junta de Andalucía ha alegado ante el Tribunal Constitucional que resulta evidente y demostrable que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no ha puesto en peligro en modo alguno durante su vigencia la economía ni la estabilidad del sistema financiero, ni tampoco ha hecho desplomarse el precio de la vivienda ni dispararse la prima de riesgo, como sostenía el Gobierno central en su recurso.

Al contrario, argumenta en su escrito el Gobierno andaluz, la norma “puede tener efectos positivos en el equilibrio del sector financiero y en la economía”, ya que sus medidas están diseñadas para que “el efecto de desinflar la burbuja inmobiliaria sea menos perturbador generando nuevas oportunidades de negocio a los propietarios”, en referencia a la promoción del alquiler, así como encaminadas a “desincentivar el uso especulativo de los activos inmobiliarios”, agravante fundamental de la crisis en España. En el plano de su incidencia favorable en la garantía de derechos, la norma sí ha ofrecido protección a todas las personas con problemas para pagar su hipoteca y en riesgo de desahucio.

Las alegaciones de la Junta detallan que durante la vigencia de los preceptos impugnados la prima de riesgo ha bajado; que el precio de la vivienda desciende en Andalucía a menor ritmo que en el resto de España, según datos de enero de 2014; que el volumen de compraventa de vivienda en la comunidad es mayor que la media estatal, según los últimos datos del INE; y que la reestructuración del sistema financiero ha seguido inalterable.

Así lo ha explicado hoy Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, que ha señalado que el Gobierno andaluz ha solicitado por todo ello el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma antes de agotarse en mayo los cinco meses de plazo que tiene el Constitucional para decidir sobre si la mantiene suspendida o no hasta que haya sentencia.

Las alegaciones se apoyan en el artículo 33 (función social de la propiedad) y 47 (derecho a la vivienda e impedimento de la especulación) de la Constitución y en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, subrayando también que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos.

Función social de la propiedad

La Junta también incide en “la multitud de resoluciones judiciales que han venido poniendo freno en España a las ejecuciones hipotecarias”, así como en la sentencia de 2013 del Tribunal de Luxemburgo, que declaró contraria al derecho europeo la normativa española sobre desahucios.

En cuanto al único argumento no económico del recurso del Gobierno, la supuesta invasión de competencias de la Ley al afectar al contenido esencial del derecho de propiedad, hay dos sentencias que avalan la constitucionalidad de la norma: la 37/1987 de 26 de marzo, sobre la reforma agraria, que establece que la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y que se puede establecer límites al mismo mediante leyes autonómicas; y la 61/1997, de 20 de marzo, sobre la Ley del Suelo, según la cual el Gobierno no puede fijar una legislación uniforme de la propiedad privada y su función social.

Naciones Unidas, ‘Save The Children’ y la PAH

Las alegaciones de la Junta anexan informes de Naciones Unidas y ‘Save The Children’ y un diagnóstico conjunto del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Cuturales y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), además de sendos estudios realizados por los economistas Juan Torres y Ángel Vilariño. “Frente al aluvión de ideología neoliberal del recurso del Gobierno, frente a los informes del Banco de España y la Sareb, la Junta de Andalucía esgrime la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha señalado Cortés, que ha participado en la Universidad de Huelva en la inauguración de las Jornadas ‘El derecho a una vivienda digna’.

“La Ley no ha causado ningún daño a la economía, como muestran todos los indicadores. En cambio, sí ha ofrecido protección a todas las personas en problemas de su hipoteca, ya que las entidades financieras que iban a desahuciar sabían que si lo hacían se exponían a la expropiación temporal del uso de la vivienda o a sanciones por mantener después el inmueble vacío”, ha afirmado Cortés, que ha recordado que durante los tres meses en que estuvo en vigor la norma permitió la expropiación de 39 viviendas para evitar el desahucio de otras tantas familias en riesgo de exclusión.

“Los datos y los hechos fehacientes demuestran que las argumentaciones del Gobierno para recurrir la Ley son falsas hasta el ridículo y únicamente se basan en prejuicios políticos y en la voluntad de imponer a Andalucía un camino contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos”, ha señalado la consejera, que ha añadido: “La Ley no pone en peligro la economía; el recurso del Gobierno, en cambio, sí pone en riesgo de desahucio a las familias desempleadas, a avalistas, a autónomos, a precarios...”.

Meras predicciones e hipótesis

El recurso del Gobierno sostiene literalmente que la Ley andaluza provoca incrementos de la prima de riesgo y “compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”. El Gobierno alega en el recurso que, “si cediera el derecho a favor de su función social”, en alusión a la norma andaluza, “desaparecería la propiedad privada”. El recurso también señala que la Ley “tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país”.

El escrito de alegaciones de la Junta señala que el recurso “no se basa en verdaderas cuestiones de inconstitucionalidad”, sino en argumentos económicos que carecen de apoyo empírico, en informes económicos (del Banco de España, de la Sareb...) y en el Memorando de Entendimiento (Mou) que fija las condiciones del rescate financiero a España. A partir de todo ello, señala el escrito de la Junta, el Gobierno compone un panorama ‘ad futurum’ totalmente “catastrofista” y “huérfano de apoyatura científico técnica”. Ante ello, las alegaciones de la Junta señalan: “No puede perderse de vista que la suspensión [de la Ley] a quienes perjudica con mayor énfasis es a aquellos que se encuentran en la posición más débil. […] Su situación de emergencia social no es teórica ni se queda en plano de la hipótesis, sino que es real y acreditada”.

IULV-CA muestra su “sorpresa, desconcierto e indignación” ante la sentencia del TSJA sobre el El Algarrobico

Pide a la Junta “paso firme” y aboga por apoyar al movimiento ecologista en su defensa del modelo no especulativo

Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que dictamina que el suelo sobre el que se asienta el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable, el Grupo Parlamentario de IULV-CA muestra hoy su “sorpresa, desconcierto e indignación” ante lo que considera “extrañas maniobras judiciales para forzar una sentencia” que a juicio de la formación de izquierdas “contradice sentencias anteriores que ya eran firmes y sobre las que no cabía más recursos”.

Así se ha pronunciado José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento andaluz quien en nombre de la formación asegura que “no entendemos como se dicta una sentencia que contradice directamente a otras tres que ya se han emitido en firme tanto del Tribunal Supremo como del Superior de Justicia de Andalucía”.

“No puede ser que lo que se estaba tramitando la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde hace cinco años, en un mes cambie de sección, se nombre a un nuevo ponente y magistrados y tres días después, el 27 de febrero, se dicte esta sentencia aberrante” ha asegurado Castro.

En esta línea, Castro ha indicado que “frente a este nuevo movimiento que solo responde a la especulación y que huele fatal”, su Grupo va a insistir en iniciativas en la Cámara andaluza para proteger el parque natural y “acabar con este símbolo de la corrupción urbanística desaparezca de nuestro litoral”.

IULV-CA Almería

En el mismo sentido Rosalía Martín, coordinadora provincial de IULV-CA Almería y diputada en el Parlamento por esta provincia, ha pedido al Consejo de Gobierno de la Junta que “de pasos firmes y abandone las declaraciones de intenciones” porque el movimiento ecologista y sus demandas “deben verse acompasadas” de la acción de la Junta de Andalucía.

Martín ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para que se sume al “magnífico trabajo” que las organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción están haciendo contra “este emblema de la destrucción del litoral y del desprecio por nuestro patrimonio natural” para que “entre todos consigamos que desaparezca este símbolo que representa lo peor y más desagradable del modelo urbanístico y corrupto de nuestro país”.



CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA POR ANTONIO ROMERO

-Suárez está siendo utilizado para resaltar la corona y su papel en aquellos años

-La ciudadanía hoy no avala la continuidad de la Constitución y del régimen monárquico y bipartidista 

-Dos millones de personas han planteado en las calles de Madrid una enmienda a la totalidad, empoderándose para abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República

-Los responsable de interior (Fernández Díaz, el beato, y la ultra Cifuentes) son los responsables de la provocación de la policía en una manifestación pacífica con mujeres, ancianos y niños que podría haber causado daños irreparables

Estimadas ciudadanas, estimados ciudadanos,

A veces en la historia se producen coincidencias simbólicas y en España estamos viviendo estos días una de ellas, el fallecimiento del ex presidente Adolfo Suárez y la marcha por la dignidad. Los poderes fácticos (grandes medios de comunicación), la banca, la gran patronal, el bipartidismo, la monarquía, la troika, intentan desesperadamente que la Transición y la figura de Suárez se ponga en valor con la cantinela de que fue una Transición modélica. Adolfo Suárez está siendo utilizado para resaltar la corona y su papel en aquellos años, llama la atención el coro de desarmados que junto al Rey que lo había traicionado se dan cita en su capilla ardiente para repartirse su herencia política.

La marcha por la dignidad demuestra que el pueblo ha dado por agotado el modelo político constitucional y económico del 78. Dos millones de personas han planteado en las calles de Madrid una enmienda a la totalidad, empoderándose para abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República. Ahí está lo nuevo que nace y lo viejo que se muere, todo el andamiaje montado en la Transición.

Los medios de comunicación que silenciaron la marcha de la dignidad utilizan con profusión las cargas policiales para empañar el gran éxito de la convocatoria. Los responsable de interior, incluido el ministros Fernández Díaz (el beato) y la delegada del Gobierno en Madrid, la ultra Cifuentes, son los responsables de la provocación de la policía en una manifestación pacífica con mujeres, ancianos y niños que podría haber causado daños irreparables.

El objetivo era mostrar violencia que es el escenario en el que la extrema derecha se desenvuelve mejor a lo que unen la mentira, mintieron con los inmigrantes muertos en Ceuta, mintieron en el Parlamento y a la opinión pública. Han institucionalizado la provocación y la mentira, la policía sus organizaciones sindicales, de acuerdo con los derechos y las libertades democráticas que tienen el mandato de proteger y garantizar, deberían declararse insumisa ante las órdenes que vulneren los derechos humanos. Sería una actitud constructiva y de higiene democrática que denunciara a los responsables del montaje policial en el 22-M.

Los portavoces de los intereses de la oligarquía pretenden que esta situación de crisis se salde con un punto y seguido donde se hagan algunas reformas que mantengan en el poder a los que han provocado tanto sufrimiento a nuestro pueblo, a los que han saqueado lo público creando un mar de corrupción, a los que han recortado las libertades, a los que han hecho retroceder a las mujeres en sus derechos, han desmantelado los derechos sociales con reformas laborales, han desahuciados a las familias de sus viviendas, han rescatado a la banca de sus aventuras especulativas y mafiosas, han deteriorado la educación pública, la sanidad pública y el modelo público de pensiones.

La ciudadanía hoy no avala la continuidad de la Constitución y del régimen monárquico y bipartidista, las marchas por la dignidad han votado con los pies abrir un nuevo escenario partiendo de cero, pero lo más llamativo es que este modelo se ha quedado sin padre, sin madre y sin perrito que le ladre. La ruptura que no se alcanzó se está abriendo camino impulsada por jóvenes, mareas, plataformas contra desahucios, sindicalistas honestos, intelectuales, movimiento feminista y fuerza de la izquierda transformadora. Es un movimiento plural sin hipotecas ni complejos que conecta con la mejor tradición de las luchas históricas para lograr la emancipación de la humanidad.

¡Sí se puede!

Madrid señala el camino con planteamiento unitario, sin jerarquía, con redes horizontales, con programa acordado se puede. El miedo está cambiando de bando, los que se abrazan al cadáver de Adolfo Suárez saben que no podrán imponer su hoja de ruta, se le nota desesperación por su cúmulo de fracasos y porque no conectan, en términos castizos ‘no cuelan’ su proyecto entre la juventud saturando las sondas, el espacio radioeléctrico, las televisiones y la prensa escrita con el mito de la Transición y las gestas históricas de sus protagonistas ven como la ciudadanía está en otra cosa ni ahora con la utilización de los medios del funeral del ex presidente del gobierno ni con el silencio y el boicot de la marcha del día 22-M han podido influir en lo más mínimo en el devenir de los acontecimientos.

Estamos ante un antes y un después, se ha inaugurado un proceso con un respaldo popular enorme que se traducirá en un gran recorte a los recortadores, ahora las tijeras las tiene la ciudadanía. Como escribiera Mario Benedetti “cuando a uno le dan palos de ciego la única solución es dar palos de vidente”.

Antonio Romero Ruiz
Coordinador de la Red de Municipio por la III República
Presidente de honor del PCA
Ex Parlamentario de IU

El Ayuntamiento informa que el miércoles, día 26 de marzo, habrá un corte de agua en todo el municipio

El área de Vías y Obras del Ayuntamiento de Cártama ha informado que el próximo miércoles, día 26 de marzo, se producirá un corte en el abastecimiento de agua en todo el municipio, concretamente, entre las 7.00 y las 15.00 horas. El edil de la concejalía, Miguel Espinosa, manifestó que esta interrupción en el suministro se debe a unas actuaciones de mejora en la red de abastecimiento.



Izquierda Unida apoya la movilización estudiantil del 26 y 27 de marzo en defensa de la educación pública

Izquierda Unida apoya las movilizaciones de los estudiantes para los próximos 26 y 27 de marzo en defensa de la educación pública, contra los recortes en un derecho esencial como es la educación mientras se destinan miles de millones a rescatar a quienes son los principales causantes de la actual crisis y contra una ley de educación que tiene ya múltiples recursos de inconstitucionalidad presentados. 

Los recortes y la contrarreforma educativa no tienen realmente que ver con la crisis-saqueo actual, sino con un modelo ideológico que el Gobierno del PP quiere implantar, apostando por la escuela privada y concertada buscando el desmantelamiento de la educación pública y la práctica desaparición de la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la educación. Los reales decretos de Primaria y Formación Profesional Básica que ya se plantean como desarrollo de la LOMCE así lo demuestran, donde incluso el Consejo Escolar del Estado critica la puesta en marcha de unas enseñanzas que se configuran como un callejón sin salida, siendo una estafa para el alumnado y sus familias.

Por eso Izquierda Unida apoyará todas las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa en defensa de la educación pública en todas las provincias y poblaciones del Estado, sumándose en esta ocasión a las protestas y acciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes el 26 y 27 de marzo y continuará pidiendo la derogación de la LOMCE y luchando en las instituciones y en la calle para impedir la destrucción de la educación pública.

Izquierda Unida participa de una manera decidida en esta amplia movilización en defensa de la enseñanza pública, gratuita, de calidad, democrática y laica, que ya ha sido acompañada de numerosas huelgas y manifestaciones durante los últimos cursos académicos. Desde Izquierda Unida llamamos a defender este derecho que el Partido Popular quiere suprimir y estimamos necesaria la continuidad de la movilización hasta lograr parar estos ataques a la educación pública. 

IU volverá a estar de nuevo del lado de los estudiantes animando además a la comunidad educativa y a la ciudadanía en su conjunto a sumarse a estas jornadas de lucha el 26 y 27, en el marco de un proceso de movilización sostenida y unitaria de los distintos sectores sociales que están siendo atacados por continuos recortes de sus derechos, y que debe desembocar en una exigencia masiva de “Gobierno dimisión / Elecciones ya” planteando una salida social de la crisis que nos permita avanzar hacia un modelo de sociedad donde primen los intereses de la mayoría y no los de la Troika y aseguren un futuro digno a nuestros jóvenes.

Por todo ello, el día 29 de Marzo se realizara un Encuentro Educativo para debatir sobre la Educación pública. Os esperamos.