La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que dirige nuestra compañera Elena Cortés, ha abierto un expediente a la SAREB, más conocida como “banco malo”, por incumplir la función social de sus viviendas protegidas. Si no acredita haber ofrecido sus 911 Viviendas de Protección Oficial a la Junta de Andalucía para que aparezcan en los registros públicos de viviendas sociales, se expone a una sanción máxima de 109,4 millones de euros. Ver más aquíhttp://bit.ly/1bC3Vfz
Como ha dicho la Consejera, las VPO de Andalucía no están en venta para ningún salón inmobiliario, sino para que sea efectivo el derecho a la vivienda. Se trata de aplicar la Ley de la Función Social de la Vivienda, precisamente en la sección del articulado que no fue recurrida al Tribunal Constitucional por parte del gobierno central, para que las viviendas protegidas ubicadas en el territorio andaluz y que el banco malo había ocultado con la intención nada sutil de venderlas al mejor pos-tor, sean por el contrario puestas a disposición de las andaluzas y andaluces que necesitan una vivienda.
La SAREB ha cometido infracciones muy graves –una por cada una de las 911 viviendas- ante la vulneración del artículo 20 de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica, de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.
Y es que estas viviendas fueron construidas con dinero público, precisamente, para hacer efectivo el derecho humano a la vivienda y no para especular con ellas. Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Contrasta esta forma de actuar del gobierno andaluz con lo que ocurre en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, donde en vez de facilitar el derecho humano a la vivienda y destinar las viviendas públicas a garantizarlo, están dedicándose a vender las VPO a los “fondos buitre” como ocurre en la Comunidad de Madrid.
