La medida, coherente con el Decreto-Ley de Vivienda, complementa las sanciones a bancos por tener casas vacías (9.000 euros por inmueble) y por ocultar sus VPO (120.000 euros)
La política de vivienda de la Junta de Andalucía, en manos de Izquierda Unida, tiene a la derecha desquiciada. Al PP no le ha gustado nada que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, haya terminado con la obsesión especulativa de la construcción que regía las políticas públicas hasta ahora para empezar a forjar una cultura de la rehabilitación. También le ha irritado sobremanera que con menos competencias que el Gobierno central haya paralizado en seis meses más de 1.500 desahucios en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ejemplo de libro de cómo hacer la política con mentalidad de movimiento social. Además le ha hecho poner el grito en el cielo el enfoque del nuevo Plan de Vivienda, con sus prioridades en larehabilitación, el alquiler social, la autoconstrucción y el cooperativismo. E igualmente le ha sacado los colores la paralización de todos los desahucios en el parque público de vivienda. En general, a la derecha de Juan Ignacio Zoido y compañía le abren las carnes las políticas de IU en la Consejería, que parten de la consideración de lavivienda como derecho humano y no como mercancía, porque retratan cruelmente por contraste la que hacen los Gobiernos del PP, singularmente el central: carpetazo a la ILP de la dación en pago, desahucio exprés para los alquileres, socialización del agujero inmobiliario mediante el banco malo, sumisión a los dictados de la Troika y de las entidades financieras...
Pero lo que definitivamente ha sacado de sus casillas al PP ha sido el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos por tener viviendas vacías y de hasta de 120.000 por no comunicar las viviendas protegidas que hay en sus balances. La norma andaluza, con sello '100% IU', fija también incentivos (no sanciones) para que los particulares encuentren más atractivo sacar sus viviendas en alquiler y establece laexpropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por los bancos en caso de que el morador que va a ser desahuciado se encuentre en una situación acreditada de exclusión social. Del consenso bipartidista asentado sobre la máxima de que “la paciencia con los bancos es infinita”, en palabras del ex ministro José Blanco, en Andalucía se ha pasado al “basta ya, hasta aquí hemos llegado”, en expresión de nuestra compañera Elena Cortés. Y por ahí la derechona no pasa.
¿Qué han hecho al respecto? Por supuesto, como corresponde a la labor de oposición de Zoido, el ridículo. Ridículo que se acentúa cada vez que toma la palabra su portavoz de Vivienda, Alicia Martínez, a cuyo lado Esteban González Pons es ejemplo de rigor y diligencia. Primero los derechistas se equivocaron cargando contra el Decreto-Ley con dos argumentos de difícil convivencia: uno, el Decreto-Ley es “totalmente inútil”; dos, el Decreto-Ley es una copia de las medidas de Mariano Rajoy. O sea, que según el PP andaluz, y en un sencillo silogismo, las medidas del presidente del Gobierno son inútiles.
Zoido y los suyos amenazaron después con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Pero, en parte por la altísima popularidad del mismo, en parte porque es impecable jurídicamente, al final se la terminaron envainando. Al menos de momento, porque ahora Luis de Guindos, el ex de Lehman Brothers que dirige el Ministerio de Economía, ha filtrado una comunicación informal (no se sabe ya si fue una carta o un email) de la Comisión Europea sobre el Decreto-Ley con objeto de armarse de argumentos para un posible recurso. Otra vez quieren hacer creer que no hay alternativa, que hay que recurrirlo por imposiciones externas. ¿Se atreverán? De momento, será interesante ver la actitud del PP andaluz ante la visita de esta semana de los hombres de negro a Madrid para conocer el Decreto-Ley. ¿Se situará Zoido junto a la Troika o junto al Parlamento andaluz, donde actualmente se debate la norma como proyecto de ley?, ¿defenderá Zoido la Constitución española y el Estatuto de autonomía o el memorando del rescate financiero?
Los argumentos del PP contra el Decreto-Ley han ido fracasando uno a uno, fundamentalmente porque se han basado en un discurso del miedo absolutamente inverosímil, según el cual la norma dificultará el acceso al crédito. Es increíble que digan tal cosa cuando la banca española, tras recibir 600.000 millones de euros de dinero público (y lo que queda, si se lo permitimos) continúa con el grifo cerrado. Así que, frustrados sus argumentos, la bancada de Zoido se ha lanzado al que es, junto al ridículo, su otro elemento distintivo: el uso sistemático y desvergonzado de la mentira. A lo largo del último mes el PP se ha afanado en una intensa campaña de desprestigio del Decreto-Ley basada en mentiras flagrantes y groseras manipulaciones: “La consejera desahucia”, mienten, porque lo cierto es que el andaluz fue el primer Gobierno de España en paralizar los desalojos en su parque público en junio del año pasado. “Fue miembro del Consejo de Administración de Cajasur”, mienten de nuevo. “La consejera es la mano negra que controla las corralas. Es una bandolera”, braman, en una afirmación tan descabellada que se comenta sola.
Pero sin duda la afirmación más repetida es que “la Junta tiene miles de viviendas vacías”. Algunos días decían que 5.000, otros que 30.000 y otros que 60.000 viviendas vacías. Qué más da, si siempre encuentran terminales mediáticas que dan espacio y generosa tipografía a sus calamidades. El problema es que ahora Elena Cortés los ha dejado fríos poniendo sobre la mesa los datos y las soluciones durante la Comisión de Fomento y Vivienda celebrada la semana pasada en el Parlamento andaluz.
Y los datos y las soluciones hablan muy en favor de la política de vivienda de IU en la Junta. En primer lugar, y tal y como ha defendido siempre Cortés, las 81.000 viviendas del parque público andaluz (lo que siempre se ha llamado “viviendas sociales) están ya ocupadas, dando habitación a 350.000 personas en 516 municipios. Se trata de viviendas construidas expresamente para personas de recursos muy escasos, incapaces de acceder al derecho a la vivienda en el mercado libre. En cuanto a las viviendas protegidas, construidas con ayudas públicas, la Consejería actuará en dos vertientes: de un lado, garantizando que las que estén en manos de bancos salgan en alquiler; de otro, alquilando la propia Junta las que aún no tienen adjudicatario. Actualmente hay 638 viviendas protegidas de titularidad pública sin adjudicar, un 0,1% de las casi 650.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, según el INE. ¿Mantendrá el PP el discurso de que el problema de la vivienda en Andalucía se puede arreglar con esas 638 viviendas? Capaces son...
La consejería ha decidido, en coherencia con su Decreto-Ley, pasarlas masivamente al alquiler, ajustando su precioa la demanda y a la situación socioeconómica de los solicitantes. Datos y soluciones sobre la mesa, por primera vez. El PP se ha quedado absolutamente fuera de juego. ¿Qué irán a decir ahora?
Cortés ha sido siempre muy crítica con el papel de inmobiliaria que ha tenido EPSA durante las últimas legislaturas del PSOE. Por eso ya ha anunciado que la construcción de vivienda nueva va a tener un papel muy residual en las políticas públicas. “Si construyendo vivienda se garantizara el derecho a la vivienda y la salud del sector de la construcción, España sería un paraíso”, ha dicho. No, claro quela solución no está en construir más. Sino en hacer aflorar esas cientos de miles de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias. Y ahí es donde ataca el Decreto-Ley. “A nivel financiero, los ciudadanos deben dinero a los bancos. A nivel político, social y moral, son los bancos los que están en deuda”, suele comentar la consejera.
Ése es el debate que interesa: cómo la política puede incidir para un más justo reparto de la riqueza. Ése es el debate que intenta eludir el PP-A base de mentiras.
