Antonio Maíllo, nuevo coordinador de IULV-CA

Maíllo, anterior responsable de Política institucional, ha obtenido el respaldo de casi el 84% de los delegados

16.06.2013 | 18:15
Maíllo abraza a Diego Valderas.
Maíllo abraza a Diego Valderas. 
El hasta ahora responsable de Política Institucional de IULV-CA y director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha sido elegido como nuevo coordinador general de la federación con el apoyo del 83,8 por ciento de los 525 delegados que han ejercido el derecho al voto en la XIX Asamblea Andaluza que se celebra en Bormujos (Sevilla).
En concreto, la candidatura de Maíllo, respaldada por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) y la corriente Izquierda Abierta, ha logrado 440 votos y 83 miembros en el nuevo Consejo Andaluz, mientras la lista alternativa encabezada por la portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), Encarnación Milla, avalada por el CUT-BAI que lidera Juan Manuel Sánchez Gordillo y de Izquierda por la Base, ha obtenido 85 votos (un 16,19 por ciento) y 16 miembros en el Consejo Andaluz. Además se han registrado diez abstenciones.
Con posterioridad, el nuevo Consejo Andaluz junto a los ocho coordinadores provinciales ha elegido definitivamente a Maíllo como nuevo coordinador general con el voto favorable del 83 por ciento y con la abstención de los representantes de la lista minoritaria, con lo que se convierte en el nuevo líder de IULV-CA tras trece años ininterrumpidos de Diego Valderas, actual vicepresidente de la Junta, al frente de la federación de izquierdas.
Se da la circunstancia de que el nuevo coordinador general ha registrado un apoyo de 9,5 puntos más que el de Valderas en la última Asamblea, celebrada en noviembre de 2008 en Salobreña (Granada), cuando obtuvo un respaldo del 74,31 por ciento de los delegados.
Natural de Lucena (Córdoba) y de 47 años de edad, Maíllo era hasta ahora responsable de Política Institucional de IULV-CA y fue 'fichado' por Valderas como director general de Administración Local al inicio de la legislatura, primera en que IU se integra en el Gobierno andaluz en coalición con el PSOE-A.
Ahora deberá abandonar esta responsabilidad institucional para dedicarse en exclusiva a las tareas orgánicas como coordinador general. Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y funcionario de la Junta de Andalucía, ha ejercido como profesor de latín y griego en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Aracena (Huelva), municipios en los que también ha sido concejal.
También fue jefe de servicio en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura bajo la dirección del socialista Francisco Álvarez de la Chica, actual portavoz parlamentario del PSOE-A.

Andalucía, desde la unidad, contra la violencia de género

Jueves, 06 Junio 2013
El lunes pasado se firmó en la sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía el Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género. Diego Valderas respaldó este importante documento.
Este instrumento que se implanta de manera pionera en todo el estado, desde Andalucía, incorpora por primera vez a los agentes sociales (sindicatos y empresas) en un procedimiento institucional para la prevención y actuación frente a la violencia de género, e incluye como víctimas directas del maltrato a los hijos e hijas de mujeres víctimas.
Se trata de las dos principales novedades de un acuerdo que cuenta con la firma de siete consejerías implicadas (Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; Educación; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda y Salud y Bienestar Social), además de la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos mayoritarios, UGT-A y CCOO-A.
El acuerdo, que renueva el procedimiento de coordinación creado en 1998 y actualizado en 2004 (tras la aprobación de la Ley integral contra la Violencia de Género), tiene como objetivo mejorar la atención (social, sanitaria, policial, judicial...) a la víctima, evitándole demasiados pasos por el sistema o repeticiones del relato de su situación (lo que contribuye a la victimización secundaria), así como mejorar la atención a menores hijos de víctimas, que son también víctimas directas de violencia de género.
El objeto, por tanto, de este acuerdo es vertebrar y cohesionar las políticas públicas, institucionales y organizativas en materia de igualdad.
Andalucía avanza, desde la unidad de las administraciones, las instituciones y las organizaciones sociales, promoviendo instrumentos que hagan más eficaz la lucha contra la violencia de género.

Cayo Lara descarta que IU pueda estar en ningún pacto de Estado mientras no se suprima la modificación del artículo 135 de la Constitución y no se derogue la Reforma Laboral

Lunes, 3 de junio de 2013


El coordinador federal de IU afirma que esas prioridades “ya las saben el señor Rubalcaba y el señor Rajoy”, al tiempo que indica que no vale un acuerdo “sólo para barnizar” sino para hacer cambios reales

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, descartó hoy que su formación vaya a estar en un pacto sobre el que públicamente se lanzan continuos mensajes de cara al exterior desde el Gobierno, el PP y el PSOE mientras no se suprima la modificación del artículo 135 de la Constitución firmado a toda prisa por estas formaciones antes de las pasadas elecciones generales de 2011 para primar el pago de la deuda soberana sobre el mantenimiento de las políticas sociales y mientras no se derogue la reforma laboral.

Lara aseguró en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados a preguntas de los informadores que “no queremos forma parte de ningún tipo de acuerdo con este Gobierno sobre las bases que se están planteando. Para que haya un auténtico pacto de Estado en este país hay que cambiar los elementos centrales. No nos vale con barnizar”.
El máximo responsable de IU aseguró que estas prioridades para entablar un diálogo “ya las saben el señor Rubalcaba y lo sabe el señor Rajoy” y completó su planteamiento explicando que un pacto de Estado “es algo mucho más serio” que lo esbozado hasta ahora por el secretario general de los socialistas.

Recordó que “Rubalcaba estaba ahí”, en referencia al anterior Ejecutivo socialista, cuando desde 2010 se aplicaron sucesivas medidas de recorte y se rechazaron una tras otras las propuesta que lanzó IU para tratar de abordar la grave crisis económica sin que afectara a los derechos sociales y laborales de la inmensa mayoría de personas afectadas por ésta y que no eran responsables de la situación.

De igual forma, señaló que mientras Izquierda Unida estuvo en la calle con los trabajadores desde el primer momento, otros se dedicaron a hacer reformas laborales o a aceptar complacientes todas las imposiciones que llegaban de Bruselas. “Cambiar ahora -dijo- de la noche al día, con todos los respetos del mundo, da muy poquita credibilidad”.

Sobre el intercambio de ofrecimientos de entendimiento que se vienen realizando desde el PP y el PSOE insistió en la idea de que un “auténtico pacto de Estado no pasa por barnizar” lo que es el “fondo dramático del problema: la existencia del artículo 135 de la Constitución”.

Incidió también en que, más allá de la buena voluntad de quienes están lanzando la idea, “no creo que detrás de ella haya un deseo serio de realizar cambios reales”, ni tampoco que “se pueda tener un discurso en el Gobierno y otro en la oposición”, en alusión al PSOE.

Cayo Lara aseguró gráficamente que “no se puede soplar y sorber al mismo tiempo” en alusión a cómo puede tener lugar un acuerdo sobre empleo mientras esté vigente la última reforma laboral impuesta por Mariano Rajoy “que destruye puestos de trabajo cada día” o sin que se materialice una reforma fiscal progresiva con medidas concretas y un plan contra el fraude fiscal.

El coordinador federal rechazó las “cortinas de humo” que hay detrás de estos llamamientos al diálogo y señaló que en la oposición cada uno “tiene sus propias recetas” frente a la crisis, por lo que no es de recibo que nadie trate de monopolizar con las suyas a toda la oposición.

“Rubalcaba no está en condiciones de abanderar nada porque, desde el punto de vista de la credibilidad, tiene menos que el presidente del Gobierno y, además, se lo ha ganado a pulso”, dijo en referencia a que es al jefe del Ejecutivo a quien le corresponde desde su posición decir qué cosas está dispuesto a cambiar de sus políticas para ver hasta dónde está dispuesto a llegar el giro que pueda dar a sus actuales políticas neoliberales.

Respecto a un posible acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para llevar al debate del próximo Consejo Europeo de finales de junio, Cayo Lara adelantó que Izquierda Unida volverá a plantear sus propuestas porque “siempre somos constructivos de cara a Bruselas”, aunque sin entrar en otras “estrategias” externas. Indicó que esperará a la intervención de Rajoy de la semana próxima para ver qué opciones hay.

ABIERTO EN CÁRTAMA EL PLAZO PARA SOLICITAR TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO QUE SE ADHIERE AL PLAN ANDALUZ CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.

El Ayuntamiento de Cártama se ha adherido al Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, desarrollado por el Gobierno Andaluz. En este sentido, y conforme al Programa de Ayuda a la Contratación que contempla este Decreto Ley, abrirá mañana el plazo de presentación de solicitudes para la selección de personal siguiendo los criterios y condiciones establecidos en este Decreto.
El Decreto contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 30 de abril establece como requisitos para acogerse al mismo ser mayor de edad, ser demandante de empleo de más de doce meses durante los últimos dieciocho meses y formar parte de una unidad familiar que esté empadronada en el mismo domicilio desde el 1 de junio de 2012 y cuyos ingresos económicos no superen los 798,77 euros. Además, la norma exige que la situación de exclusión social del solicitante quede acreditada mediante un informe social.
En cuanto a las tareas que desempeñarán las personas contratadas con cargo a este programa, la norma impide a los ayuntamientos destinar los contratos a servicios habituales ya previstos en el presupuesto.
El Plan de Acción Social- aprobado recientemente en el Parlamento Andaluz- se estructura en tres grandes medidas; Por un lado, se destinará 60 millones de euros a crear empleo a través de los ayuntamientos de los que la Junta destinará 40 millones de euros a contratar a personas por períodos de 15 a 3 meses. Se prevé un total de 40.000 contratos. Igualmente, se destinarán 20 millones de euros a reforzar la ley de dependencia, la ayuda a domicilio y los servicios sociales que el gobierno de Rajoy ha ido recortando, el último con un tijeretazo de 1.000 millones de euros.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Izquierda Unida reprochó al Gobierno central que "no se dé cuenta de que cada medida que toma hace que aumente la exclusión social” y dijo que para la Junta de Andalucía, sí “hay prioridades” y estas se basan en “la lucha contra la exclusión social”. También defendió que la medida sobre comedores escolares se pueda hacer en los centros de día para que tampoco “ninguna persona mayor se quede sin comer”.
Sobre el aspecto laboral del plan, explicó que “se persigue que se pueda dar, de acuerdo con los servicios sociales de los Ayuntamientos y en colaboración con éstos, empleo a familias que en cualquiera de los pueblos de Andalucía más lo necesiten”.
Finalmente, resaltó que el decreto-ley contra la exclusión social es complementario al relativo a la Función Social de la Vivienda, ya que, según explicó, ambos garantizarán dos elementos fundamentales como son “el techo y la alimentación”.
El resto de medidas para ayudar a las personas más desfavorecidas será agilizar el acceso a la renta básica y desarrollar un programa de solidaridad alimentaria al que se destinarán 16 millones de euros, para que todos los niños tengan garantizadas al menos tres comidas consistentes al día a través de los comedores escolares, los centros de día o la colaboración con ONG. Por último Valderas pidió al PP que se sume al plan contra la exclusión social y manifestó el deseo de extender la iniciativa de los comedores a los ancianos. 
En Cártama, Las solicitudes se pueden recoger en las dependencias municipales y se pueden descargar en la página web municipal www.cartama.es.  Y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama o en la Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama.
 En cuanto a  la documentación, los solicitantes deberán presentar su la solicitud correspondiente debidamente cumplimentada, fotocopia compulsada del DNI, fotocopia del Libro de Familia o del Certificado de Uniones de Hecho, certificado de empadronamiento histórico colectivo, certificado del Servicio Público de Empleo que acredite estar inscrito como demandante de  empleo durante un periodo igual o superior a un año, declaración expresa responsable del solicitante de los ingresos percibidos en la unidad familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
Además, en el caso de que se den las circunstancias contempladas en el artículo 9 de este Decreto Ley (prioridades en la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Programa de Ayuda a la Contratación), se deberá aportar: Certificado del Servicio Público de Empleo por cada uno de los miembros activos de la unidad familiar, en el que se acredite su situación como demandante de empleo durante los seis meses anteriores a la solicitud; fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa, fotocopia compulsada del Certificado de Discapacidad, documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, documentación acreditativa de tutela, acogimiento familiar o guarda.

El Gobierno obligará a jubilarse a los parados mayores de 61 años, que perderán dinero


La medida supondrá un recorte de entre un 18 y un 22% de su futura pensión


Decreto a Decreto, Orden Ministerial tras Orden Ministerial, sin mucho ruido para que la mayoría de los ciudadanos se encuentren ante hechos consumados, el Gobierno del PP aprueba mes tras mes nuevas medidas que suponen recortes en las prestaciones a los parados o recortes en el sistema de pensiones. Sin ser citadas en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros, con circulares que se envían al Servicio Público de Empleo (Inem). La última circular estipula que, a partir del próximo lunes, los parados con 61 años o más serán obligados a jubilarse, con lo que perderán entre el 18 y el 22% de su pensión, según ha denunciado Comisiones Obreras.

Parados mayores de 55 años, flagelados por el Gobierno
El Gobierno ha remitido una circular a los funcionarios del Servicio Público de Empleo en la que se les ordena que, a partir del próximo lunes, deberán notificar a los demandantes de la prestación por desempleo mayores de 55 años, que deberán jubilarse obligatoriamente a los 61 años aunque sigan en paro. Al jubilarse entes de los 65 años (a partir de 2027 la edad obligatoria de jubilación será a los 67 años), sus pensiones serán más bajas, concretamente entre un 18% y un 22% si es en un despido colectivo o por otras causas objetivas, según los cálculos de CC.OO.

Parados mayores de 55 con pareja con sueldo, sin derecho a paro
A esta nueva orden se suma la reciente reforma de las prestaciones por desempleo aprobada por el PP que, entre otras cosas, obliga a tener en cuenta ahora las rentas de la unidad familiar. Así por ejemplo una pareja en la que uno de los dos cobre 968 euros mensuales y el otro esté en paro y tenga más de 55 años, no podrá acceder al subsidio para mayores de 55 años y, además, perderás las cotizaciones a la Seguridad Social para la posterior pensión de jubilación.

Castigo a las rentas más bajas
Comisiones Obreras ha denunciado en una nota de prensa que con estas medidas el Gobierno “una vez más, haciendo valer la máxima de ‘en caso de duda, se deniega’, se decide sin criterio contra los parados”. El sindicato considera que el único objetivo del Gobierno del PP es reducir el presupuesto del Estado en prestaciones sociales, sin tener en cuenta las necesidades de las personas.

En definitiva considera que, con estas medidas “se castiga a las familias de rentas más bajas y se dejan desprotegidas a miles de personas que han perdido su empleo a los largo de la crisis, justo en la última etapa de su vida profesional y cuando más difícil resulta encontrar un puesto de trabajo”.

Fuente: www.elplural.com

ALTERNATIVAS A LA CRISIS

NOS INFORMAN DE LA CANCELACIÓN DEL ACTO,  POR UNA REUNIÓN IMPREVISTA EN EL PARLAMENTO




EL COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE LA ESTACIÓN DE CÁRTAMA NO SE CONSTRUIRÁ Y EL INSTITUTO SE ATRASA


Cártama 24 de mayo 2013
En el pleno de ayer hice dos preguntas al equipo de gobierno.
¿Por qué se ha suspendido la reunión prevista entre la empresa adjudicataria para la construcción del (IES) Instituto de enseñanza secundaria en la Estación de Cártama, y los constructores locales para la subcontratación de las obras?
Y segunda pregunta, ¿Cuándo se va a adjudicar la construcción del colegio de infantil y primaria (CEIP)que se lleva prometiendo dos cursos?
Nuestros  gobernantes locales no se enteran de que las mentiras tienen las patas muy corta, y ayer volvieron  a mentir y a arremeter contra mí, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento cuando hice estas dos preguntas
 Que me informe bien, que es falso que se haya dicho que se va a construir un colegio de primaria en la estación de Cártama.

 Enlace a la noticia en diario SUR el día 22 de mayo de 2011, http://www.diariosur.es/v/20110522/interior/nuevo-colegio-aliviara-falta-20110522.html

 y este otro  es a la página web de la delegación en Málaga de la consejería de Educación, cultura y deporte de la Junta de Andalucía ttp://www.educacionenmalaga.es/index.php/2011/09/el-delegado-de-educacion-supervisa-en-cartama-las-instalaciones-educativas-antes-del-incio-escolar/  Donde puede comprobarse el hecho en la noticia del 08 septiembre de 2011.

En el debate que originaron mis preguntas quedó muy claro que no existe ningún proyecto para construir el colegio de primaria.

Respecto al Instituto de enseñanza secundaria, dijeron que se ha suspendido la adjudicación a la constructora “por defectos en la documentación?” Y que en unos 20 días se adjudicará a otra constructora.  La única duda que me queda es cuanto se atrasará la construcción del Instituto.

Manuel L Infantes.
Concejal IU Cártama

Se reactiva la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce


 Empieza a recoger firmas e impulsa mociones en 13 ayuntamientos por su apertura.
 (Leonor García Málaga)


Los vecinos del Guadalhorce vuelven a movilizarse por su hospital. Ayer se reunió la plataforma que ha luchado por esa infraestructura sanitaria para la comarca -la única de la provincia que carece de ella- y decidió reactivar sus movilizaciones. Partidos políticos, ayuntamientos y organizaciones sociales se han vuelto a poner en marcha para exigir ese centro sanitario. Ayer, el portavoz de la Plataforma, Miguel Esteban, recordaba que la coordinadora ya ha dado dos batallas. La primera, hace casi una década para conseguir que la Junta de Andalucía accediera a construir el hospital porque la postura inicial de la Administración autonómica era no hacerlo. La segunda, cuando la obra se demoraba para que los trabajos cogieran ritmo y se terminaran. En plena crisis y con cuatro años de retraso, al final el edificio se acabó. Pero lleva más de un año y medio finalizado y sin abrirse. "Nos queda la tercera batalla. Luchar por su apertura", indicó Esteban. De momento, las organizaciones que integran la plataforma se han propuesto dos estrategias: una, recoger 10.000 firmas para reclamar a la Consejería de Salud la puesta en marcha del centro sanitario, y otra, impulsar mociones en los 13 ayuntamientos de la comarca con el mismo objetivo. 

La reunión de la plataforma se prolongó desde las 19:30 hasta casi las 22:00. Al finalizar, todas las organizaciones participantes se llevaron ya los documentos para empezar a recoger rúbricas y el texto de la moción que elevarán a pleno todos los consistorios de la comarca del Guadalhorce.La plataforma estima que la apertura del hospital requiere seis millones de euros para equipamiento y que su funcionamiento anual supondrá un gasto de en torno a unos 22 millones; unos 10 en personal y en torno a 12 en gasto corriente. El hospital requiere para su apertura unos 300 trabajadores entre sanitarios y no sanitarios. 

Pero el escollo, o al menos la excusa que pone la Junta de Andalucía, es una subestación eléctrica que exige Endesa para dar suministro al hospital; requisito sin el que no recepciona la obra. El problema es que, inicialmente, el coste se fijó en 300.000. Pero ahora la compañía eléctrica exige una infraestructura valorada en dos millones. Tanto la Consejería como el Ayuntamiento consideran "un abuso" que la compañía eléctrica exija que sean las administraciones las que paguen esa infraestructura. "Tenemos que hacer unas inversiones por algo que ellos van a explotar y rentabilizar", dijo el primer teniente de alcalde de Cártama, Miguel Espinosa. Pero la ley ampara aparentemente ampara a Endesa. Un decreto de 2002 obliga al promotor a hacer las mejoras en la red eléctrica para asegurar el suministro. 

Esteban añadió: "Creemos que Endesa quiere hacer una infraestructura no solo para el hospital sino para el polígono y para la zona de ampliación de Cártama a Cártama estación. Si quieren hacer algo más, que lo costeen ellos". La Plataforma estima que el coste para la conexión que requiere el hospital costaría unos 300.000 euros. En cuanto al acceso viario, la plataforma entiende que le corresponde hacerlo al propietario del suelo.

Fuente: Málaga Hoy

Elena Cortés da ejemplo y pone en alquiler las viviendas de la Junta


La medida, coherente con el Decreto-Ley de Vivienda, complementa las sanciones a bancos por tener casas vacías (9.000 euros por inmueble) y por ocultar sus VPO (120.000 euros)
La política de vivienda de la Junta de Andalucía, en manos de Izquierda Unida, tiene a la derecha desquiciada. Al PP no le ha gustado nada que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, haya terminado con la obsesión especulativa de la construcción que regía las políticas públicas hasta ahora para empezar a forjar una cultura de la rehabilitación. También le ha irritado sobremanera que con menos competencias que el Gobierno central haya paralizado en seis meses más de 1.500 desahucios en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ejemplo de libro de cómo hacer la política con mentalidad de movimiento social. Además le ha hecho poner el grito en el cielo el enfoque del nuevo Plan de Vivienda, con sus prioridades en larehabilitación, el alquiler social, la autoconstrucción y el cooperativismo. E igualmente le ha sacado los colores la paralización de todos los desahucios en el parque público  de vivienda. En general, a la derecha de Juan Ignacio Zoido y compañía le abren las carnes las políticas de IU en la Consejería, que parten de la consideración de lavivienda como derecho humano y no como mercancía, porque retratan cruelmente por contraste la que hacen los Gobiernos del PP, singularmente el central: carpetazo a la ILP de la dación en pago, desahucio exprés para los alquileres, socialización del agujero inmobiliario mediante el banco malo, sumisión a los dictados de la Troika y de las entidades financieras...
especulativoPero lo que definitivamente ha sacado de sus casillas al PP ha sido el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos por tener viviendas vacías y de hasta de 120.000 por no comunicar las viviendas protegidas que hay en sus balances. La norma andaluza, con sello '100% IU', fija también incentivos (no sanciones) para que los particulares encuentren más atractivo sacar sus viviendas en alquiler y establece laexpropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por los bancos en caso de que el morador que va a ser desahuciado se encuentre en una situación acreditada de exclusión social. Del consenso bipartidista asentado sobre la máxima de que “la paciencia con los bancos es infinita”, en palabras del ex ministro José Blanco, en Andalucía se ha pasado al “basta ya, hasta aquí hemos llegado”, en expresión de nuestra compañera Elena Cortés. Y por ahí la derechona no pasa.
¿Qué han hecho al respecto? Por supuesto, como corresponde a la labor de oposición de Zoido, el ridículo. Ridículo que se acentúa cada vez que toma la palabra su portavoz de Vivienda, Alicia Martínez, a cuyo lado Esteban González Pons es ejemplo de rigor y diligencia. Primero los derechistas se equivocaron cargando contra el Decreto-Ley con dos argumentos de difícil convivencia: uno, el Decreto-Ley es “totalmente inútil”; dos, el Decreto-Ley es una copia de las medidas de Mariano Rajoy. O sea, que según el PP andaluz, y en un sencillo silogismo, las medidas del presidente del Gobierno son inútiles.
Zoido y los suyos amenazaron después con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Pero, en parte por la altísima popularidad del mismo, en parte porque es impecable jurídicamente, al final se la terminaron envainando. Al menos de momento, porque ahora Luis de Guindos, el ex de Lehman Brothers que dirige el Ministerio de Economía, ha filtrado una comunicación informal (no se sabe ya si fue una carta o un email) de la Comisión Europea sobre el Decreto-Ley con objeto de armarse de argumentos para un posible recurso. Otra vez quieren hacer creer que no hay alternativa, que hay que recurrirlo por imposiciones externas. ¿Se atreverán? De momento, será interesante ver la actitud del PP andaluz ante la visita de esta semana de los hombres de negro a Madrid para conocer el Decreto-Ley. ¿Se situará Zoido junto a la Troika o junto al Parlamento andaluz, donde actualmente se debate la norma como proyecto de ley?, ¿defenderá Zoido la Constitución española y el Estatuto de autonomía o el memorando del rescate financiero?
Los argumentos del PP contra el Decreto-Ley han ido fracasando uno a uno, fundamentalmente porque se han basado en un discurso del miedo absolutamente inverosímil, según el cual la norma dificultará el acceso al crédito. Es increíble que digan tal cosa cuando la banca española, tras recibir 600.000 millones de euros de dinero público (y lo que queda, si se lo permitimos) continúa con el grifo cerrado. Así que, frustrados sus argumentos, la bancada de Zoido se ha lanzado al que es, junto al ridículo, su otro elemento distintivo: el uso sistemático y desvergonzado de la mentira. A lo largo del último mes el PP se ha afanado en una intensa campaña de desprestigio del Decreto-Ley basada en mentiras flagrantes y groseras manipulaciones: “La consejera desahucia”, mienten, porque lo cierto es que el andaluz fue el primer Gobierno de España en paralizar los desalojos en su parque público en junio del año pasado. “Fue miembro del Consejo de Administración de Cajasur”, mienten de nuevo. “La consejera es la mano negra que controla las corralas. Es una bandolera”, braman, en una afirmación tan descabellada que se comenta sola.
Pero sin duda la afirmación más repetida es que “la Junta tiene miles de viviendas vacías”. Algunos días decían que 5.000, otros que 30.000 y otros que 60.000 viviendas vacías. Qué más da, si siempre encuentran terminales mediáticas que dan espacio y generosa tipografía a sus calamidades. El problema es que ahora Elena Cortés los ha dejado fríos poniendo sobre la mesa los datos y las soluciones durante la Comisión de Fomento y Vivienda celebrada la semana pasada en el Parlamento andaluz.
Y los datos y las soluciones hablan muy en favor de la política de vivienda de IU en la Junta. En primer lugar, y tal y como ha defendido siempre Cortés, las 81.000 viviendas del parque público andaluz (lo que siempre se ha llamado “viviendas sociales) están ya ocupadas, dando habitación a 350.000 personas en 516 municipios. Se trata de viviendas construidas expresamente para personas de recursos muy escasos, incapaces de acceder al derecho a la vivienda en el mercado libre. En cuanto a las viviendas protegidas, construidas con ayudas públicas, la Consejería actuará en dos vertientes: de un lado, garantizando que las que estén en manos de bancos salgan en alquiler; de otro, alquilando la propia Junta las que aún no tienen adjudicatario. Actualmente hay 638 viviendas protegidas de titularidad pública sin adjudicar, un 0,1% de las casi 650.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, según el INE. ¿Mantendrá el PP el discurso de que el problema de la vivienda en Andalucía se puede arreglar con esas 638 viviendas? Capaces son...
La consejería ha decidido, en coherencia con su Decreto-Ley, pasarlas masivamente al alquiler, ajustando su precioa la demanda y a la situación socioeconómica de los solicitantes. Datos y soluciones sobre la mesa, por primera vez. El PP se ha quedado absolutamente fuera de juego. ¿Qué irán a decir ahora?
3-alquilerCortés ha sido siempre muy crítica con el papel de inmobiliaria que ha tenido EPSA durante las últimas legislaturas del PSOE. Por eso ya ha anunciado que la construcción de vivienda nueva va a tener un papel muy residual en las políticas públicas. “Si construyendo vivienda se garantizara el derecho a la vivienda y la salud del sector de la construcción, España sería un paraíso”, ha dicho. No, claro quela solución no está en construir más. Sino en hacer aflorar esas cientos de miles de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias. Y ahí es donde ataca el Decreto-Ley. “A nivel financiero, los ciudadanos deben dinero a los bancos. A nivel político, social y moral, son los bancos los que están en deuda”, suele comentar la consejera.
Ése es el debate que interesa: cómo la política  puede incidir para un más justo reparto de la riqueza. Ése es el debate que intenta eludir el PP-A base de mentiras.

Porque sí se puede crear empleo. ¡Hay alternativa!


El Coordinador federal y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cayo Lara, entregó en mano a Rajoy una estrategia urgente para la creación de empleo. Es el gobierno central el que tiene en sus manos los instrumentos clave, sin los cuales, es imposible una actuación eficaz en la creación de puestos de trabajo.
Aquí http://bit.ly/19o4IcD se puede ver el documento completo de 22 páginas que desarrollan la propuesta, que, como se dice en el mismo, es una propuesta en construcción abierta a las aportaciones del resto de las fuerzas parlamentarias.
En este otro documento http://bit.ly/19o5HcS se resumen los 9 escenarios de debate y las 22 medidas concretas, razonadas y posibles que ponen el énfasis absoluto en la creación de empleo.
plan-empleoHay dinero en este país para dedicarlo a la creación de puestos de trabajo. Basta con aplicar el artículo 31 de Constitución en vigor para compartir equitativamente el esfuerzo fiscal. Pero 34 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen sucursales en paraísos fiscales, a los que se van, obviamente para no pagar impuestos en nuestro país. Todo un atajo de patriotas. De la misma manera se trata de formular una reforma fiscal que sea progresiva en la que paguemos todos pero de acuerdo a los ingresos, rompiendo con la línea actual en la que son los trabajadores los que sostienen la mayor parte de los ingresos del estado.
Hacen falta 60.000 millones de euros para crear 3,4 millones de puestos de trabajo. Eso permitiría que España alcanzase las tres medias europeas en los siguientes parámetros: Media europea en el número de parados en un plazo de tres años y situarla en el 12%. Media europea en la presión fiscal estando en la actualidad 7,5% por debajo en nuestro país. Y en tercer lugar alcanzar la media europea en el fraude fiscal que en España es el doble y en el afloramiento de la economía sumergida.
El argumentario completo aquí http://bit.ly/19o9RkZ

¡Nuestra educación no pagará vuestra deuda!


El próximo jueves 9 de mayo hay convocada una huelga general educativa, a todos los niveles de enseñanza, desde infantil a universidad, en todo el país. Están llamados a secundarla el conjunto de los trabajadores de la enseñanza, profesorado, personal de administración y servicios; así como los estudiantes, llamándose también a la solidaridad de los padres y las madres.
Se trata con esta huelga de lanzar un mensaje claro y contundente de rechazo al retroceso que significa la llamada LOMCE, la ley de privatización, segregación y clasismo escolar que quiere imponer el PP, con su Ministro Wert a la cabeza. Con esta huelga se rechazan también los recortes educativos, deprofesorado, becas y aumento de tasas; así como la reforma universitaria de laelitización de la educación superior.
Desde Izquierda Unida apoyamos esta huelga por la dignidad y el futuro de la educación pública. Llamamos a secundarla y apoyarla, así como a asistir a las manifestaciones que habrá en la tarde del jueves 9 en las principales ciudades
manis-9mUna huelga es el máximo símbolo del poder de los trabajadores y este caso también de los estudiantes. Una huelga demuestra quién está realmente detrás de todo: los trabajadores que con su esfuerzo hacen funcionar el mundo. Las huelgas son útiles porque presionan y demuestran la solidaridad y la potencialidad que tenemos los trabajadorescuando nos unimos por una causa.
Este jueves los trabajadores de la enseñanza, los estudiantes y las familias marcharemosjuntos y adelante en defensa de la educación pública. Porque no queremos la educación segregada y clasista de la LOMCE y la reforma universitaria, porque no queremos recortes sociales y de derechos, porque sí podemos pararlos y sabemos que hay alternativa y una  escuela pública de todos para todos.
Apoya y organiza la huelga educativa desde abajo, acude a las manifestaciones, únete y trae a tu gente.

Red de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía

Lunes, 06 Mayo 2013
El viernes publicaba el BOJA núm. 85 de 3 de mayo el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Aquí se puede ver completo.
Dentro de las iniciativas más potentes de este decreto que atiende a los pobres de los pobres destaca la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria que es el punto de encuentro y coordinación entre la Junta y la sociedad civil organizada. Ello servirá para impulsar sistemas sostenibles y solidarios de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos para proporcionar una respuesta más coordinada, eficaz y eficiente en el conjunto del territorio andaluz a las necesidades alimentarias básicas de las familias con escasos recursos económicos.
Esta Red será abierta a las entidades locales y sociales y es transversal y horizontal, tiene vocación de permanencia, no sustituye a la iniciativa social, sino que la complementa y refuerza, dando el protagonismo a los servicios sociales comunitarios.
Sus objetivos son dar respuesta a las necesidades de alimentación de las familias con escasos recursos económicos, impulsar la coordinación entre administraciones públicas y las entidades sociales. Así mismo se propone la implicación de los diferentes agentes sociales que integren la red en las actuaciones de solidaridad y garantía alimentaria. Además se pretende promover comportamientos de responsabilidad y solidaridad alimentaria entre la ciudadanía.
La Junta, los ayuntamientos y las entidades sociales que así lo determinen se organizarán en red a través de una Comisión de Coordinación de la Red, cuya Presidencia recaerá en quien sea titular de la Consejería competente en Servicios Sociales y cuya Vicepresidencia será quien ostente la Viceconsejería de administración local, en este caso, José Luis Pérez Tapias, Viceconsejero de la de Admón. Local y RR.II. Las vocalías serán ocupadas por centros directivos implicados y por las entidades sociales participantes. Habrá también comisiones técnicas de seguimiento para garantizar la aplicación efectiva de las líneas de actuación de la Red.
La dotación financiera en el caso de la citada consejería será de 4 millones de euros, 1 en forma de subvenciones para actuaciones e impulso a la concienciación social y apoyo a organizaciones de voluntariado para recogida, acopio y distribución de alimentos solidarios y tres millones más en transferencias directas a los ayuntamientos para idéntico fin en la voluntad de mejorar las redes de solidaridad ciudadana en estos momentos de crisis aguda.

Las claves del decreto andaluz contra la exclusión social

Fuente: eldiario.es


Con un 36% de paro, con casi 500.000 hogares andaluces sin ningún ingreso, con 72.000 niños y 33.868 mayores en riesgo de pobreza, el Gobierno andaluz no ha querido quedarse de brazos cruzados y saca adelante un decreto-ley de medidas urgentes contra la exclusión social. Son medidas coyunturales para paliar una situación de "extrema dificultad" mientras la economía se reactiva, que lejos quieren quedar de la "paciencia" que aconseja el Gobierno central. No obstante, la norma tiene sus peros, porque no deja de ser la activación de medidas y recursos que ya estaban previstos.
Las propuestas más novedosas son el Plan de Acción Social y el impulso al ingreso mínimo de solidaridad, que combinados podrían dar una idea de lo que puede ser la ley de renta básica del futuro: un salario social vinculado a un empleo para la comunidad, como ya existe en Navarra y País Vasco (en Asturias hay una renta básica de emancipación, pero sólo orientada a jóvenes). De hecho, son los 44 millones que van al ingreso mínimo de solidaridad la partida más importante de este decreto (se sumarán a los 70 ya presupuestados), quizás en un intento de dotar un programa que en breve puede verse sobrepasado por la demanda. La cantidad a recibir son 397,67 euros por solicitante (62% del IPREM), a los que se suman 51,3 euros por cada miembro de la familia. Un factor fundamental de este decreto es que ahora se agilizará su concesión: en sólo dos meses.
¿De dónde sale el dinero?
La Junta activa 120 millones contra la exclusión social, pero en realidad estaban consignados en los presupuestos autonómicos para 2013, salvo esos 44 millones extra para el ingreso mínimo de solidaridad. La Junta prevé sacar el dinero para este salario social de lo que se vaya recaudando por Hacienda, pero lo cierto es que los ingresos están en caída, por lo que tendrá que buscar vías alternativas para obtener ese dinero y que tendrá que ir definiendo.
¿Qué regula este decreto-ley contra la exclusión social?
Está formado por tres programas: un plan de acción social (60 millones), un plan de solidaridad alimentaria (20 millones) y la agilización del ingreso mínimo de solidaridad y el programa de solidaridad para la erradicación de la marginación (44 millones).
Si eran urgentes y estaban previstas estas partidas en los presupuestos, ¿por qué no se ha puesto en marcha antes?
Había que esperar a la redacción del decreto-ley. Los presupuestos se aprobaron en diciembre de 2012, pero la complejidad del decreto está en que implica a varias consejerías, porque no sólo intervienen la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de Administración Local, que son las que llevan el peso, sino que también intervienen de manera secundaria Educación, por los comedores escolares, así como Agricultura y Turismo y Comercio, en lo que se refiere al apartado de solidaridad alimentaria: para el aprovechamiento de alimentos perecederos se tendrán que llegar a acuerdos con productores hortofrutícolas y empresas de distribución.
¿Qué es el Plan Extraordinario de Acción Social?
La Junta pondrá en circulación 60 millones para promocionar el empleo entre quienes están en situación límite. El grueso del dinero, 40 millones, se canalizarán a través de los ayuntamientos para contrataciones de entre 15 días y tres meses de familias en riesgo de exclusión, es decir, los ingresos deben estar en el umbral del 1,5% del IPREM, unos 798 euros mensuales. Los salarios se estiman en una media de 1.000 euros.
Aunque son cálculos aproximados, la Consejería de Salud y Bienestar Social prevé emplear a 47.000 personas para trabajos de interés para la comunidad, pero que nunca sustituirán o suplirán las funciones de los empleados municipales.
El segundo apartado va dirigido al mantenimiento de los servicios de ayuda a domicilio. Habrá 20 millones para amortiguar los recortes del Gobierno central. El objetivo es mantener la ayuda a entre 12.000 y 15.000 beneficiarios, con un promedio de 20 horas de servicios, y la creación de entre 2.000 y 2.500 empleos.
¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos?
Solicitarán en un plazo de quince días, a contar desde su publicación en BOJA (el jueves o el viernes), acogerse al programa y la Junta les transferirá el dinero que les corresponde, que se hará en función de la tasa de paro del municipio. Dada la urgencia, los contratos no tardarán más de 45 días en ver la luz. Está garantizado al menos un contrato por mes por municipio.
¿Por qué pide la Junta ayuda al Gobierno central?
Lo que persigue es que estos contratos queden exentos del pago de la Seguridad Social. Calculan un ahorro de unos 14 millones de euros que se podrían reinvertir en nuevos contratos.
¿Qué es el plan de solidaridad alimentaria?
Se trata de reforzar a nivel regional, territorial, comarcal y local la red de administraciones, instituciones, entidades, colectivos y ongs implicadas en el reparto de comida a los más necesitados, involucrando también a productores y comercializadores, y creando mecanismos para almacenamiento y distribución. Aunque es una parte importante, la medida estrella es el programa de tres comidas al día para menores y ancianos en riesgo de exclusión. Ahora mismo hay 72.000 menores que gozan de un 100% de bonificaciones al comedor escolar, pero hay 46.8000 niños que necesitan más de una comida al día, y a estos se les dará merienda y desayuno.
¿Cómo se dará el desayuno y la merienda?
En el caso de los desayunos, estos podrán resolverse en las aulas matinales y si no las hay, cuando el menor vaya a abandonar el centro. Junto con la merienda se le dará el desayuno del día siguiente.
El curso está a punto de acabar, ¿qué ocurrirá en los tres meses de vacaciones de verano?
El retraso del plan está en la elaboración del decreto, pero ahora su aplicación será inmediata ya que faltan apenas dos meses lectivos. Respecto al verano, unos 5.000 niños recibirán la comida en los campamentos o escuelas de verano que se organizarán en las denominadas zonas de transformación social. Los 40.000 niños restantes recibirán alimentos a través de la red de solidaridad alimentaria, es decir, comedores sociales, bancos de alimentos u otras organizaciones.
¿Por qué no abrir los comedores escolares como demandan los sindicatos o el Defensor del Pueblo, José Chamizo?
Según la Consejería de Salud, el gasto se multiplicaría porque la simple apertura de un centro educativo supone la contratación de personal, amén de proporcionar la comida, y porque este servicio bien se puede canalizar a través de esta red de entidades, ongs y colectivos.
¿Qué ocurre en los centros educativos donde no haya comedor?
La red de solidaridad alimentaria se articulará a nivel provincial y comarcal, pero con una coordinación autonómica, de manera que si no hay comedor, se hará llegar la comida a los menores a través de los bancos de alimentos, servicios de catering o comedores sociales. Incluso si se detecta alguna zona donde ninguna institución o administración llega, se buscarán respuestas. La idea es que las familias en situaciones extremas se les pueda diseñar un plan personalizado.
Aparte de los menores, ¿qué otras personas se pueden beneficiar?
Los mayores en riesgo de exclusión social también podrán beneficiarse. Se estima que un millar de personas pueden optar a estas tres comidas, que se podrán disponer a través de los centros de participación activa o de un servicio de catering. Sin embargo, no son los únicos, ya que los comedores en estos centros de participación ya se ofertan menús a bajo precio para 12.700 personas. El nivel de pobreza en los mayores de 65 años está más contenido en Andalucía gracias al colchón del complemento a las pensiones no contributivas que la Junta viene dando desde hace dos legislaturas. 
¿Hay incompatibilidad entre las ayudas?
Las hay. Si se va a ser contratado por un ayuntamiento con cargo al Plan de Acción Social no se puede percibir el ingreso mínimo de solidaridad (sólo se puede recibir durante seis meses y una vez al año). Eso no quiere decir que no se pueda beneficiar de ayudas indirectas. La Junta calcula que cada familia recibe un promedio de 1.200 euros a través de los libros gratuitos a los menores, transporte escolar gratis, comedores escolares, medicinas gratis para menores de un año, aulas matinales.

1º Mayo 2013 - Málaga


Izquierda Unida de Cártama, como en años anteriores participará en la manifestación del 1º de Mayo convocada en Málaga. Este año es más importante si cabe que otros años que mostremos nuestro desacuerdo con las políticas que está llevando el Gobierno del PP con la que estamos perdiendo día tras día derechos sociales y laborales. Como dice el eslogan de este Primero de Mayo "NO TIENEN LIMITE" por lo que los trabajadores/as tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Allí nos vemos!