Nota de prensa de la Plataforma Pro-hospital del Guadalhorce
LA CONSEJERA DE SALUD INCUMPLE SU PALABRA CON LA PLATAFORMA PRO-HOSPITAL GUADALHORCE.
A pesar de recordarlo por carta, la Consejera de Salud incumple su compromiso de reunirse con la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce durante el primer trimestre del año 2014 para hacer un seguimiento de las actuaciones pendientes para abrir el hospital.
Tras la última reunión mantenida el pasado 27/11/2013 entre una delegación de la Plataforma y una delegación de la Consejería de Salud, la Sra. Consejera, Mª José Sánchez Rubio, anunció públicamente que los objetivos eran “ Recepcionar el hospital en 2014 y abrirlo parcialmente en 2015”. Además la Consejera se comprometió a dos cosas fundamentalmente: una primera, en enviar a la Plataforma una “ Hoja de Ruta” donde se concretaran las actuaciones pendientes, su financiación y sus fechas de ejecución, y una segunda, en tener una reunión en el primer trimestre de 2014 para realizar un seguimiento de la actuaciones pendientes para poder cumplir el objetivo de recepcionar el hospital en este año. Ni el primero ni el segundo compromiso se ha cumplido por parte de la Consejera de Salud, a pesar de haberle dirigido una carta personalmente a ella el pasado 27 de febrero de 2014 recordándole sus compromisos y reiterando la celebración de dicha reunión. “ Esta situación genera mucha incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía, por que si no sabemos nada de la Hoja de ruta y no se reúnen con nosotros para informarnos, ¿ por qué tenemos que estar seguros de que se va a cumplir los compromisos adquiridos de recepcionar el hospital en este año y de abrirlo parcialmente en 2015?”, se pregunta, el Portavoz de la Plataforma.
Las actuaciones que estaban pendientes para poder recepcionar el hospital en este año eran: la negociación ENDESA-CONSEJERÍA DE SALUD para solucionar el suministro eléctrico del hospital, terminar los accesos viarios y la recepción del equipamiento.
“Consideramos fundamental que no se rompa el diálogo y la comunicación entre la Plataforma y la Consejería, pero si continuamos teniendo el silencio por respuesta, no nos quedará más remedio que reactivar las reuniones de la Plataforma y decidir que actuaciones llevar a cabo”, indica el Portavoz de la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce.
Miguel Esteban Martín Montero
Portavoz de la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce
Cártama paga por adelantado más de 3 millones de Euros
La reforma del Artículo 135 de la constitución y las leyes que lo desarrollan obligan al ayuntamiento de Cártama a pagar por adelantado más de 3 millones de Euros.
La modificación del Art. 135 de la constitución española, pactada por PSOE y PP en agosto de 2011 (gobernaba el PSOE) entró en vigor el 27 de septiembre de 2011, estableciendo como la prioridad absoluta el pago de la deuda pública sobre otras necesidades, previendo su desarrollo a través de una Ley orgánica.
La Ley orgánica 2/2012 de 26 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, establece las reglas para el desarrollo del artículo 135 de la Constitución. En su Artículo 32 establece:
“En el supuesto de liquidación del presupuesto con superávit presupuestario, este se destinará a reducir el endeudamiento neto”,
Esto significa que el superávit (dinero que queda al liquidar el presupuesto) hay que dárselo a las entidades bancarias a cuenta de los créditos aunque no hayan vencidos los plazos, no pudiéndose destinar ese dinero a otras necesidades.
Basta decir que en Cártama había al día 31 de marzo, 3.441 parados oficialmente, la cifra de demandante de empleo a la misma fecha era de 4.395, (enlace a la web de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/demandaEmpleo.do) con esos datos quien lea esto se podrá hacer una idea de las necesidades que hay en este pueblo. Súmele a ello que tenemos una bolsa de empleo sin dotación económica lo que la convierte en un brinde al sol, y que el presupuesto de 2014 no contiene ningún plan de empleo. No me extenderé más en definir las necesidades que existen en Cártama por ser el objeto de este artículo.
Estas necesidades son motivo suficiente para que el Ayuntamiento haga un esfuerzo económico e invierta en un plan de empleo, que mitigue en parte los muchos dramas que hay detrás de las cifras de paro, pero esto no ocurrirá. La aplicación de la política económica marcada por la Troika y descrita en las leyes antes mencionadas, han dado como resultado en Cártama la aplicación de políticas totalmente contrarias a LOS INTERESES DEL PUEBLO, que se concreta en adelantar dinero al banco por crédito no vencido.
La cantidad adelantada es de 3.041.506.44€. Estas cantidades son, del remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto de 2012, 960.757.78€. (Aprobado en pleno por el PSOE y Escalona el día 7 de noviembre de 2013) Y 2.080.748.66€ de lo mismo de 2013 aprobado en pleno por todos menos Izquierda Unida, el día 28 de marzo de 2014.
Las consignas electorales en las elecciones Municipales del año 2011, ya se olvidaron por quienes pidieron el voto diciendo “AVANZAMOS. Igual que los que lo pidieron diciendo “COMPROMISO CON CÁRTAMA”, porque se AVANZA EN EL COMPROMISO CON EL CAPITAL, olvidando los intereses de Cártama.
La única consigna electoral que sigue estando vigente es “SOBRAN RAZONES” de Izquierda Unida.
Manolo Infantes
Concejal de Izquierda Unida
Cayo Lara defiende la actuación de la Consejería de Fomento andaluza y subraya la legalidad del realojo de las familias de la ‘Corrala Utopía’ porque “tiene aval jurídico”
El coordinador federal hace referencia al auto judicial que mandata a la consejería que gestiona IU a que ‘provean lo necesario’ a los menores y personas en riesgo de exclusión social desalojados y valora que se tomó “una decisión política valiente y comprometida”, porque Izquierda Unida está en el Gobierno andaluz “para resolver los problemas de la gente”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha defendido hoy la actuación de los responsables de la Consejería de Fomento del Gobierno andaluz, que gestiona IU dentro de los acuerdos de gobierno en esta comunidad. Lara ha subrayado que el realojo de algunas familias que habían sido desahuciadas de la conocida como ‘Corrala Utopía’ de Sevilla cumple absolutamente la legalidad y está “avalado desde el punto de vista jurídico”.
Frente a otras valoraciones en sentido distinto, el máximo responsable federal de IU ha recordado que “hay un mandado judicial” en el que, además de obligar al desalojo de los vecinos de la ‘Corrala Utopía’, se indica que se tienen que adoptar medidas urgentes.
En concreto, y por dos veces, tanto en la parte referida a los ‘Hechos’ como en la ‘Parte Dispositiva’ del auto dictado el pasado 25 de febrero por el Juzgado de Instrucción Nº3 de Sevilla se señala de forma explícita que, una vez que se cumpla el desalojo del inmueble referido se notifique esta resolución “a las Consejerías de Fomento y Vivienda y a la de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.
En alusión a este escrito judicial, Cayo Lara indicó que desde la Consejería de Fomento se ha tomado “una decisión política valiente y comprometida”, porque Izquierda Unida está en el Gobierno andaluz “para resolver los problemas de la gente”.
Detalló también que, en cualquier caso, en este tema subyace un problema “de mucho más calado”, del que responsabilizó al PP y a las instituciones en las que este partido gobierna.
Por una parte, recordó que el Ayuntamiento de Sevilla dispone de un importante número de viviendas sin adjudicar, algo que no ocurre en la Junta. Por otro lado, apuntó al Gobierno de Mariano Rajoy por mantener dos recursos ante el Tribunal Constitucional “al decreto y a la ley andaluza del derecho a la vivienda”, que llevan a que “miles de viviendas libres que hay en Andalucía y que podían ocuparse por parte de la gente en esas listas de espera, estén en manos de los bancos o se estén vendiendo a ‘fondos buitre’.
“Hay una corresponsabilidad clarísima del PP –apuntó- porque por esos recursos no se puede acabar con el problema completo. No pueden pretender utilizar una situación de agravio”.
Para el coordinador federal “no hay ninguna crisis” en el Gobierno andaluz, sino un problema de unas personas que “algunos piensan que tenían que dormir debajo de un puente” y otros, como IU, que “tienen que dormir en viviendas siempre que haya viviendas”.
De igual forma, mostró su confianza en que la comisión de seguimiento del pacto de gobierno, integrada por dirigentes de IU y del PSOE, y que lleva reunida durante toda la mañana, “pueda resolver” las posibles discrepancias que este tema haya suscitado. “En este momento hay una reunión pública y conocida, y tengo confianza plena en que llegarán a acuerdo y, en todo caso, es algo que compete a ellos”, dijo.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras
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| Elena Cortés, con representantes de los bancos. |
La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, como exige la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta. Las entidades son: Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2). En total, 185 VPO y las posibles multas, de 60.000 euros por vivienda, ascienden a 11,1 millones de euros.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha dado cuenta de estos expedientes en comisión parlamentaria, ha puntualizado que estas 185 VPO “no son las únicas” sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la propia información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan”, ha señalado la consejera, informa Europa Press.
Los registros municipales “establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia, es decir, para que accedan a las mismas quienes las necesitan”. Según la Junta, “una veintena de entidades han comunicado dicho inventario”.
EXPEDIENTES AL ‘BANCO MALO’
La consejera ha informado también de los dos procedimientos abiertos contra la Sareb, el denominado banco malo, por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas en Andalucía. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros. La primera sanción a la que se expone la Sareb, por infracción muy grave, responde a la obligación de aportar el inventario de las VPO en sus balances. La Sareb ha presentado alegaciones en este expediente, aunque la Consejería de Fomento y Vivienda considera que las mismas no desvirtúan los hechos que dieron lugar a la apertura de los expedientes, y por lo tanto estos continúan su curso, según Cortés.
La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la Ley de VPO. Esta sanción puede alcanzar los 109,32 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado, tras el requerimiento de información enviado por la Consejería a la Sareb, que esas 911 viviendas no han sido puestas a disposición de los registros. La Sareb no ha respondido a dicho requerimiento, por lo que el procedimiento continúa su curso.
Cortés ha destacado que la presidenta de la Sareb, Belén Romana, sí ha hecho manifestaciones públicas, concretamente en sede parlamentaria, sobre este procedimiento, en el sentido de que la entidad ha solicitado información a los registradores de la propiedad para saber cuántas viviendas protegidas tienen en sus balances. La consejera ha señalado que ello en la práctica equivale a “decir que desconoce cuántas viviendas protegidas tiene la Sareb, y ello a pesar de que un informe de la propia Sareb incorporado al recurso del Gobierno contra la Ley antidesahucios aseguraba que contaba con 911 casas protegidas en Andalucía”. ”O los datos en el informe eran falsos o son falsos los argumentos que exponen ahora. O ambas cosas”, ha dicho Cortés, que ha recordado que no ofrecer un inmueble protegido al registro de demandantes constituye una infracción muy grave, como también lo es ocultar dichos pisos a la administración competente por Ley de velar por su función social.
La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, recurrida por el Gobierno central, no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Así, los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas “continúan plenamente vigentes”.
La Ley de Transparencia erradica la corrupción
José Antonio Castro califica el Proyecto de Ley de Transparencia pública como una normativa valiente, por la que el conjunto de los ciudadanos tendrán derecho a recibir la información de todo aquello que se pague con dinero público.
Sería improbable que durante diez años se cometiera tamaña estafa sin que nadie la pusiera al descubierto utilizando la herramienta de la transparencia que ofrece esta ley, dijo Castro. Porque todo texto es mejorable, nuestro grupo parlamentario va a tratar de incorporar determinadas mejoras en el redactado que se llevó al Parlamento.
Así lo afirmó en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Transparencia Pública que se celebró en el Parlamento andaluz la semana pasada, asegurando que la transparencia debe ser la herramienta que prevenga de cualquier abuso de poder, convencido de que con una normativa como está no sería posible un caso como el de los expedientes de regulación de empleo. Ver aquí el vídeo de su intervención http://youtu.be/nnXEkn7a8kk
Sería improbable que durante diez años se cometiera tamaña estafa sin que nadie la pusiera al descubierto utilizando la herramienta de la transparencia que ofrece esta ley, dijo Castro. Porque todo texto es mejorable, nuestro grupo parlamentario va a tratar de incorporar determinadas mejoras en el redactado que se llevó al Parlamento.
Entre los posibles cambios, el portavoz no cree que la creación de nuevos órganos, como un Consejo de Transparencia y Protección de Datos y una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, sea una buena solución y por ello aboga por mejorar el texto para un mayor consenso, durante el trámite parlamentario. IU defiende que las funciones de control sean asumidas por órganos de extracción parlamentaria tales como el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas, que ya tienen su sitio delimitado en el Estatuto de Andalucía.
Ante una democracia controlada e intervenida por la Troika, un incumplimiento sistemático de los programas electorales y un país inundado por la corrupción, es necesario el establecimiento de nuevos mecanismos que aumenten la implicación política ciudadana y un mayor control de los representantes políticos. Aquí el Proyecto de Ley http://bit.ly/1ly6FxU
En cuanto a las diferencias con la ley estatal el portavoz resalta que de nuevo una ley andaluza supera las exigencias y principios recogidos en la norma estatal, haciendo referencia a que este proyecto de ley recoge un régimen sancionador riguroso que la ley estatal no incluye, además de un plazo más corto de contestación–plazo no superior a los 20 días-, la inclusión de las empresas privadas que reciben dinero público, un catálogo de información más amplio y la exigencia de informar de las agencias institucionales de los gobiernos. Más información en http://bit.ly/1ly6Jha
IU Andalucía lanza un proceso participativo para evaluar los dos años de gobierno andaluz
El Consejo Andaluz también abordará el trabajo de las Elecciones Europeas: “no queremos el modelo de Alemania y de Almunia. El modelo de IU no es expulsar a los inmigrantes sin trabajo”
Sevilla, 28 de marzo de 2014 I El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha presentado las principales líneas de análisis que abordará el Consejo Político Andaluz en la reunión de esta tarde en Montalbán de Córdoba. La misma tiene como objetivos realizar un balance del trabajo y de la situación política de los últimos meses y centrar a la organización en el trabajo de las próximas Elecciones Europeas, a las que IU Andalucía va a dar una importancia absoluta. El informe sitúa a la movilización social como “el hilo conductor” del trimestre, señalando las hitos del 28F, del 8 de marzo y del 22M, “en los que IU Andalucía ha estado presente reforzando su condición de fuerza de movilización y de gobierno”.
Maíllo ha explicado que el Informe contiene un “balance no cerrado” sobre el desarrollo del pacto de gobierno en el ecuador de la legislatura, que servirá de base “para el debate participativo de toda la militancia”, planteando que este proceso de evaluación finalizará con la Asamblea de rendición de cuanta tras las Europeas, para dar cumplimiento a uno de los principales acuerdos adoptados en la última Asamblea Andaluza. Será en esta asamblea dónde se apruebe un “balance exhaustivo”. El coordinador andaluz recordó, que al igual que la entrada al gobierno de la Junta se decidió de manera democrática y participativa, el balance de los dos años de gobierno tendrá las mismas características.
IU asume el reto de explicar a la ciudadanía “cómo afectan las políticas de la Troika en el día a día”
Por otro lado, Maíllo explicó la perspectiva desde la que IU Andalucía asume las Elecciones Europeas: “afrontamos el reto pedagógico de explicar a la ciudadanía andaluza como afectan las políticas de la UE y de la Troika”. El coordinador sitúa este paso previo para defender “la necesidad de cambiar esas políticas impuestas que nos conducen al suicidio social”. En este sentido ha afirmado que “IU no quiere el modelo de Alemania que plantea la expulsión de los inmigrantes sin trabajo y que el comisario Almunia asume acríticamente”.
Maíllo señaló “la coincidencia del PP y el PSOE en la política europea” situando “el objetivo de romper esa coincidencia como se está rompiendo en Andalucía con un gobierno que impide el gran pacto de estado que algunos defienden”.
Huelga estudiantil
La segunda jornada de huelga general estudiantil contra la reforma que promueve el ministro José Ignacio Wert tuvo ayer un mayor seguimiento, según los datos aportados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El 87% de los alumnos de ESO (mayores de 16 años), Bachillerato y ciclos formativos, faltaron a clase en la provincia de Málaga. Ayer también fue el porcentaje más alto de toda la comunidad autónoma, donde se registró una incidencia del 71% de media. Jaén volvió a ser ayer la provincia que menos secundó los paros, con un 56% de alumnos que optaron por ejercer su derecho a huelga.
Las aulas de la gran mayoría de los institutos quedaron vacías y, por tanto, se interrumpieron las clases, ante la ausencia de la mayoría de los alumnos. Los convocantes, de hecho, cifraban el seguimiento de la huelga en un 90% de media de los estudiantes de enseñanzas medias andaluces, y un 70% de universitarios.
A las 12.00 horas, además, salía del Edificio Negro una multitudinaria manifestación, convocada por el Sindicato de Estudiantes, que recorrió las calles del Centro para evidenciar el descontento del sector del alumnado con la LOMCE, una ley que, según dicen, «pretende expulsar del sistema a los hijos de los trabajadores y que beneficia a la enseñanza privada». Los manifestantes exigían la dimisión del ministro Wert y animaban a la lucha contra esta reforma que consideran injusta. La marcha concluyó en el edificio del Rectorado de la Universidad de Málaga, en el Paseo del Parque.
En la UMA, sin embargo, una vez más la huelga apenas si se dejó notar. Fuentes de la institución académica malagueña informaron de que las clases se dieron ayer con absoluta normalidad y apenas si se habían registrado más ausencias de las habituales.
Esta manifestación de los estudiantes se estableció como una antesala a la movilización convocada en todo el país por la comunidad educativa para la tarde de ayer, en defensa de la educación pública y contra los planes del Gobierno del PP. En Andalucía, la convocatoria partía de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública, en la que están integrados la mayoría de los sindicatos con representación en la mesa sectorial de educación.
En Málaga, esta enésima jornada de lucha contra el Gobierno de Rajoy y su política educativa, «que no pasa por mejorar la educación, sino por privatizarla», terminó con una concentración en la entrada de la calle Larios, a partir de las 19.00 horas.
Fuente: La Opinión de Málaga
La Junta alega ante el TC que la Ley de vivienda evita desahucios y combate la especulación
Elena Cortés: “Frente a los informes del Banco de España y de la Sareb, esgrimimos la Declaración Universal de Derechos Humanos”
La Junta de Andalucía ha alegado ante el Tribunal Constitucional que resulta evidente y demostrable que la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no ha puesto en peligro en modo alguno durante su vigencia la economía ni la estabilidad del sistema financiero, ni tampoco ha hecho desplomarse el precio de la vivienda ni dispararse la prima de riesgo, como sostenía el Gobierno central en su recurso.
Al contrario, argumenta en su escrito el Gobierno andaluz, la norma “puede tener efectos positivos en el equilibrio del sector financiero y en la economía”, ya que sus medidas están diseñadas para que “el efecto de desinflar la burbuja inmobiliaria sea menos perturbador generando nuevas oportunidades de negocio a los propietarios”, en referencia a la promoción del alquiler, así como encaminadas a “desincentivar el uso especulativo de los activos inmobiliarios”, agravante fundamental de la crisis en España. En el plano de su incidencia favorable en la garantía de derechos, la norma sí ha ofrecido protección a todas las personas con problemas para pagar su hipoteca y en riesgo de desahucio.
Las alegaciones de la Junta detallan que durante la vigencia de los preceptos impugnados la prima de riesgo ha bajado; que el precio de la vivienda desciende en Andalucía a menor ritmo que en el resto de España, según datos de enero de 2014; que el volumen de compraventa de vivienda en la comunidad es mayor que la media estatal, según los últimos datos del INE; y que la reestructuración del sistema financiero ha seguido inalterable.
Así lo ha explicado hoy Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, que ha señalado que el Gobierno andaluz ha solicitado por todo ello el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma antes de agotarse en mayo los cinco meses de plazo que tiene el Constitucional para decidir sobre si la mantiene suspendida o no hasta que haya sentencia.
Las alegaciones se apoyan en el artículo 33 (función social de la propiedad) y 47 (derecho a la vivienda e impedimento de la especulación) de la Constitución y en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, subrayando también que la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña de 2007 contiene preceptos similares a los recurridos en la norma andaluza, sin que se haya producido durante su aplicación vulneración alguna de derechos.
Función social de la propiedad
La Junta también incide en “la multitud de resoluciones judiciales que han venido poniendo freno en España a las ejecuciones hipotecarias”, así como en la sentencia de 2013 del Tribunal de Luxemburgo, que declaró contraria al derecho europeo la normativa española sobre desahucios.
En cuanto al único argumento no económico del recurso del Gobierno, la supuesta invasión de competencias de la Ley al afectar al contenido esencial del derecho de propiedad, hay dos sentencias que avalan la constitucionalidad de la norma: la 37/1987 de 26 de marzo, sobre la reforma agraria, que establece que la función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad y que se puede establecer límites al mismo mediante leyes autonómicas; y la 61/1997, de 20 de marzo, sobre la Ley del Suelo, según la cual el Gobierno no puede fijar una legislación uniforme de la propiedad privada y su función social.
Naciones Unidas, ‘Save The Children’ y la PAH
Las alegaciones de la Junta anexan informes de Naciones Unidas y ‘Save The Children’ y un diagnóstico conjunto del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Cuturales y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), además de sendos estudios realizados por los economistas Juan Torres y Ángel Vilariño. “Frente al aluvión de ideología neoliberal del recurso del Gobierno, frente a los informes del Banco de España y la Sareb, la Junta de Andalucía esgrime la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha señalado Cortés, que ha participado en la Universidad de Huelva en la inauguración de las Jornadas ‘El derecho a una vivienda digna’.
“La Ley no ha causado ningún daño a la economía, como muestran todos los indicadores. En cambio, sí ha ofrecido protección a todas las personas en problemas de su hipoteca, ya que las entidades financieras que iban a desahuciar sabían que si lo hacían se exponían a la expropiación temporal del uso de la vivienda o a sanciones por mantener después el inmueble vacío”, ha afirmado Cortés, que ha recordado que durante los tres meses en que estuvo en vigor la norma permitió la expropiación de 39 viviendas para evitar el desahucio de otras tantas familias en riesgo de exclusión.
“Los datos y los hechos fehacientes demuestran que las argumentaciones del Gobierno para recurrir la Ley son falsas hasta el ridículo y únicamente se basan en prejuicios políticos y en la voluntad de imponer a Andalucía un camino contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos”, ha señalado la consejera, que ha añadido: “La Ley no pone en peligro la economía; el recurso del Gobierno, en cambio, sí pone en riesgo de desahucio a las familias desempleadas, a avalistas, a autónomos, a precarios...”.
Meras predicciones e hipótesis
El recurso del Gobierno sostiene literalmente que la Ley andaluza provoca incrementos de la prima de riesgo y “compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”. El Gobierno alega en el recurso que, “si cediera el derecho a favor de su función social”, en alusión a la norma andaluza, “desaparecería la propiedad privada”. El recurso también señala que la Ley “tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país”.
El escrito de alegaciones de la Junta señala que el recurso “no se basa en verdaderas cuestiones de inconstitucionalidad”, sino en argumentos económicos que carecen de apoyo empírico, en informes económicos (del Banco de España, de la Sareb...) y en el Memorando de Entendimiento (Mou) que fija las condiciones del rescate financiero a España. A partir de todo ello, señala el escrito de la Junta, el Gobierno compone un panorama ‘ad futurum’ totalmente “catastrofista” y “huérfano de apoyatura científico técnica”. Ante ello, las alegaciones de la Junta señalan: “No puede perderse de vista que la suspensión [de la Ley] a quienes perjudica con mayor énfasis es a aquellos que se encuentran en la posición más débil. […] Su situación de emergencia social no es teórica ni se queda en plano de la hipótesis, sino que es real y acreditada”.
IULV-CA muestra su “sorpresa, desconcierto e indignación” ante la sentencia del TSJA sobre el El Algarrobico
Pide a la Junta “paso firme” y aboga por apoyar al movimiento ecologista en su defensa del modelo no especulativo
Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que dictamina que el suelo sobre el que se asienta el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable, el Grupo Parlamentario de IULV-CA muestra hoy su “sorpresa, desconcierto e indignación” ante lo que considera “extrañas maniobras judiciales para forzar una sentencia” que a juicio de la formación de izquierdas “contradice sentencias anteriores que ya eran firmes y sobre las que no cabía más recursos”.
Así se ha pronunciado José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento andaluz quien en nombre de la formación asegura que “no entendemos como se dicta una sentencia que contradice directamente a otras tres que ya se han emitido en firme tanto del Tribunal Supremo como del Superior de Justicia de Andalucía”.
“No puede ser que lo que se estaba tramitando la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde hace cinco años, en un mes cambie de sección, se nombre a un nuevo ponente y magistrados y tres días después, el 27 de febrero, se dicte esta sentencia aberrante” ha asegurado Castro.
En esta línea, Castro ha indicado que “frente a este nuevo movimiento que solo responde a la especulación y que huele fatal”, su Grupo va a insistir en iniciativas en la Cámara andaluza para proteger el parque natural y “acabar con este símbolo de la corrupción urbanística desaparezca de nuestro litoral”.
IULV-CA Almería
En el mismo sentido Rosalía Martín, coordinadora provincial de IULV-CA Almería y diputada en el Parlamento por esta provincia, ha pedido al Consejo de Gobierno de la Junta que “de pasos firmes y abandone las declaraciones de intenciones” porque el movimiento ecologista y sus demandas “deben verse acompasadas” de la acción de la Junta de Andalucía.
Martín ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana para que se sume al “magnífico trabajo” que las organizaciones ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción están haciendo contra “este emblema de la destrucción del litoral y del desprecio por nuestro patrimonio natural” para que “entre todos consigamos que desaparezca este símbolo que representa lo peor y más desagradable del modelo urbanístico y corrupto de nuestro país”.
CARTA ABIERTA A LA CIUDADANÍA POR ANTONIO ROMERO
-Suárez está siendo utilizado para resaltar la corona y su papel en aquellos años
-La ciudadanía hoy no avala la continuidad de la Constitución y del régimen monárquico y bipartidista
-Dos millones de personas han planteado en las calles de Madrid una enmienda a la totalidad, empoderándose para abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República
-Los responsable de interior (Fernández Díaz, el beato, y la ultra Cifuentes) son los responsables de la provocación de la policía en una manifestación pacífica con mujeres, ancianos y niños que podría haber causado daños irreparables
Estimadas ciudadanas, estimados ciudadanos,
A veces en la historia se producen coincidencias simbólicas y en España estamos viviendo estos días una de ellas, el fallecimiento del ex presidente Adolfo Suárez y la marcha por la dignidad. Los poderes fácticos (grandes medios de comunicación), la banca, la gran patronal, el bipartidismo, la monarquía, la troika, intentan desesperadamente que la Transición y la figura de Suárez se ponga en valor con la cantinela de que fue una Transición modélica. Adolfo Suárez está siendo utilizado para resaltar la corona y su papel en aquellos años, llama la atención el coro de desarmados que junto al Rey que lo había traicionado se dan cita en su capilla ardiente para repartirse su herencia política.
La marcha por la dignidad demuestra que el pueblo ha dado por agotado el modelo político constitucional y económico del 78. Dos millones de personas han planteado en las calles de Madrid una enmienda a la totalidad, empoderándose para abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República. Ahí está lo nuevo que nace y lo viejo que se muere, todo el andamiaje montado en la Transición.
Los medios de comunicación que silenciaron la marcha de la dignidad utilizan con profusión las cargas policiales para empañar el gran éxito de la convocatoria. Los responsable de interior, incluido el ministros Fernández Díaz (el beato) y la delegada del Gobierno en Madrid, la ultra Cifuentes, son los responsables de la provocación de la policía en una manifestación pacífica con mujeres, ancianos y niños que podría haber causado daños irreparables.
El objetivo era mostrar violencia que es el escenario en el que la extrema derecha se desenvuelve mejor a lo que unen la mentira, mintieron con los inmigrantes muertos en Ceuta, mintieron en el Parlamento y a la opinión pública. Han institucionalizado la provocación y la mentira, la policía sus organizaciones sindicales, de acuerdo con los derechos y las libertades democráticas que tienen el mandato de proteger y garantizar, deberían declararse insumisa ante las órdenes que vulneren los derechos humanos. Sería una actitud constructiva y de higiene democrática que denunciara a los responsables del montaje policial en el 22-M.
Los portavoces de los intereses de la oligarquía pretenden que esta situación de crisis se salde con un punto y seguido donde se hagan algunas reformas que mantengan en el poder a los que han provocado tanto sufrimiento a nuestro pueblo, a los que han saqueado lo público creando un mar de corrupción, a los que han recortado las libertades, a los que han hecho retroceder a las mujeres en sus derechos, han desmantelado los derechos sociales con reformas laborales, han desahuciados a las familias de sus viviendas, han rescatado a la banca de sus aventuras especulativas y mafiosas, han deteriorado la educación pública, la sanidad pública y el modelo público de pensiones.
La ciudadanía hoy no avala la continuidad de la Constitución y del régimen monárquico y bipartidista, las marchas por la dignidad han votado con los pies abrir un nuevo escenario partiendo de cero, pero lo más llamativo es que este modelo se ha quedado sin padre, sin madre y sin perrito que le ladre. La ruptura que no se alcanzó se está abriendo camino impulsada por jóvenes, mareas, plataformas contra desahucios, sindicalistas honestos, intelectuales, movimiento feminista y fuerza de la izquierda transformadora. Es un movimiento plural sin hipotecas ni complejos que conecta con la mejor tradición de las luchas históricas para lograr la emancipación de la humanidad.
¡Sí se puede!
Madrid señala el camino con planteamiento unitario, sin jerarquía, con redes horizontales, con programa acordado se puede. El miedo está cambiando de bando, los que se abrazan al cadáver de Adolfo Suárez saben que no podrán imponer su hoja de ruta, se le nota desesperación por su cúmulo de fracasos y porque no conectan, en términos castizos ‘no cuelan’ su proyecto entre la juventud saturando las sondas, el espacio radioeléctrico, las televisiones y la prensa escrita con el mito de la Transición y las gestas históricas de sus protagonistas ven como la ciudadanía está en otra cosa ni ahora con la utilización de los medios del funeral del ex presidente del gobierno ni con el silencio y el boicot de la marcha del día 22-M han podido influir en lo más mínimo en el devenir de los acontecimientos.
Estamos ante un antes y un después, se ha inaugurado un proceso con un respaldo popular enorme que se traducirá en un gran recorte a los recortadores, ahora las tijeras las tiene la ciudadanía. Como escribiera Mario Benedetti “cuando a uno le dan palos de ciego la única solución es dar palos de vidente”.
Antonio Romero Ruiz
Coordinador de la Red de Municipio por la III República
Presidente de honor del PCA
Ex Parlamentario de IU
-La ciudadanía hoy no avala la continuidad de la Constitución y del régimen monárquico y bipartidista
-Dos millones de personas han planteado en las calles de Madrid una enmienda a la totalidad, empoderándose para abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República
-Los responsable de interior (Fernández Díaz, el beato, y la ultra Cifuentes) son los responsables de la provocación de la policía en una manifestación pacífica con mujeres, ancianos y niños que podría haber causado daños irreparables
Estimadas ciudadanas, estimados ciudadanos,
A veces en la historia se producen coincidencias simbólicas y en España estamos viviendo estos días una de ellas, el fallecimiento del ex presidente Adolfo Suárez y la marcha por la dignidad. Los poderes fácticos (grandes medios de comunicación), la banca, la gran patronal, el bipartidismo, la monarquía, la troika, intentan desesperadamente que la Transición y la figura de Suárez se ponga en valor con la cantinela de que fue una Transición modélica. Adolfo Suárez está siendo utilizado para resaltar la corona y su papel en aquellos años, llama la atención el coro de desarmados que junto al Rey que lo había traicionado se dan cita en su capilla ardiente para repartirse su herencia política.
La marcha por la dignidad demuestra que el pueblo ha dado por agotado el modelo político constitucional y económico del 78. Dos millones de personas han planteado en las calles de Madrid una enmienda a la totalidad, empoderándose para abrir un proceso constituyente hacia la Tercera República. Ahí está lo nuevo que nace y lo viejo que se muere, todo el andamiaje montado en la Transición.
Los medios de comunicación que silenciaron la marcha de la dignidad utilizan con profusión las cargas policiales para empañar el gran éxito de la convocatoria. Los responsable de interior, incluido el ministros Fernández Díaz (el beato) y la delegada del Gobierno en Madrid, la ultra Cifuentes, son los responsables de la provocación de la policía en una manifestación pacífica con mujeres, ancianos y niños que podría haber causado daños irreparables.
El objetivo era mostrar violencia que es el escenario en el que la extrema derecha se desenvuelve mejor a lo que unen la mentira, mintieron con los inmigrantes muertos en Ceuta, mintieron en el Parlamento y a la opinión pública. Han institucionalizado la provocación y la mentira, la policía sus organizaciones sindicales, de acuerdo con los derechos y las libertades democráticas que tienen el mandato de proteger y garantizar, deberían declararse insumisa ante las órdenes que vulneren los derechos humanos. Sería una actitud constructiva y de higiene democrática que denunciara a los responsables del montaje policial en el 22-M.
Los portavoces de los intereses de la oligarquía pretenden que esta situación de crisis se salde con un punto y seguido donde se hagan algunas reformas que mantengan en el poder a los que han provocado tanto sufrimiento a nuestro pueblo, a los que han saqueado lo público creando un mar de corrupción, a los que han recortado las libertades, a los que han hecho retroceder a las mujeres en sus derechos, han desmantelado los derechos sociales con reformas laborales, han desahuciados a las familias de sus viviendas, han rescatado a la banca de sus aventuras especulativas y mafiosas, han deteriorado la educación pública, la sanidad pública y el modelo público de pensiones.
La ciudadanía hoy no avala la continuidad de la Constitución y del régimen monárquico y bipartidista, las marchas por la dignidad han votado con los pies abrir un nuevo escenario partiendo de cero, pero lo más llamativo es que este modelo se ha quedado sin padre, sin madre y sin perrito que le ladre. La ruptura que no se alcanzó se está abriendo camino impulsada por jóvenes, mareas, plataformas contra desahucios, sindicalistas honestos, intelectuales, movimiento feminista y fuerza de la izquierda transformadora. Es un movimiento plural sin hipotecas ni complejos que conecta con la mejor tradición de las luchas históricas para lograr la emancipación de la humanidad.
¡Sí se puede!
Madrid señala el camino con planteamiento unitario, sin jerarquía, con redes horizontales, con programa acordado se puede. El miedo está cambiando de bando, los que se abrazan al cadáver de Adolfo Suárez saben que no podrán imponer su hoja de ruta, se le nota desesperación por su cúmulo de fracasos y porque no conectan, en términos castizos ‘no cuelan’ su proyecto entre la juventud saturando las sondas, el espacio radioeléctrico, las televisiones y la prensa escrita con el mito de la Transición y las gestas históricas de sus protagonistas ven como la ciudadanía está en otra cosa ni ahora con la utilización de los medios del funeral del ex presidente del gobierno ni con el silencio y el boicot de la marcha del día 22-M han podido influir en lo más mínimo en el devenir de los acontecimientos.
Estamos ante un antes y un después, se ha inaugurado un proceso con un respaldo popular enorme que se traducirá en un gran recorte a los recortadores, ahora las tijeras las tiene la ciudadanía. Como escribiera Mario Benedetti “cuando a uno le dan palos de ciego la única solución es dar palos de vidente”.
Antonio Romero Ruiz
Coordinador de la Red de Municipio por la III República
Presidente de honor del PCA
Ex Parlamentario de IU
El Ayuntamiento informa que el miércoles, día 26 de marzo, habrá un corte de agua en todo el municipio
El área de Vías y Obras del Ayuntamiento de Cártama ha informado que el próximo miércoles, día 26 de marzo, se producirá un corte en el abastecimiento de agua en todo el municipio, concretamente, entre las 7.00 y las 15.00 horas. El edil de la concejalía, Miguel Espinosa, manifestó que esta interrupción en el suministro se debe a unas actuaciones de mejora en la red de abastecimiento.
Izquierda Unida apoya la movilización estudiantil del 26 y 27 de marzo en defensa de la educación pública
Izquierda Unida apoya las movilizaciones de los estudiantes para los próximos 26 y 27 de marzo en defensa de la educación pública, contra los recortes en un derecho esencial como es la educación mientras se destinan miles de millones a rescatar a quienes son los principales causantes de la actual crisis y contra una ley de educación que tiene ya múltiples recursos de inconstitucionalidad presentados.
Los recortes y la contrarreforma educativa no tienen realmente que ver con la crisis-saqueo actual, sino con un modelo ideológico que el Gobierno del PP quiere implantar, apostando por la escuela privada y concertada buscando el desmantelamiento de la educación pública y la práctica desaparición de la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la educación. Los reales decretos de Primaria y Formación Profesional Básica que ya se plantean como desarrollo de la LOMCE así lo demuestran, donde incluso el Consejo Escolar del Estado critica la puesta en marcha de unas enseñanzas que se configuran como un callejón sin salida, siendo una estafa para el alumnado y sus familias.
Por eso Izquierda Unida apoyará todas las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa en defensa de la educación pública en todas las provincias y poblaciones del Estado, sumándose en esta ocasión a las protestas y acciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes el 26 y 27 de marzo y continuará pidiendo la derogación de la LOMCE y luchando en las instituciones y en la calle para impedir la destrucción de la educación pública.
Izquierda Unida participa de una manera decidida en esta amplia movilización en defensa de la enseñanza pública, gratuita, de calidad, democrática y laica, que ya ha sido acompañada de numerosas huelgas y manifestaciones durante los últimos cursos académicos. Desde Izquierda Unida llamamos a defender este derecho que el Partido Popular quiere suprimir y estimamos necesaria la continuidad de la movilización hasta lograr parar estos ataques a la educación pública.
IU volverá a estar de nuevo del lado de los estudiantes animando además a la comunidad educativa y a la ciudadanía en su conjunto a sumarse a estas jornadas de lucha el 26 y 27, en el marco de un proceso de movilización sostenida y unitaria de los distintos sectores sociales que están siendo atacados por continuos recortes de sus derechos, y que debe desembocar en una exigencia masiva de “Gobierno dimisión / Elecciones ya” planteando una salida social de la crisis que nos permita avanzar hacia un modelo de sociedad donde primen los intereses de la mayoría y no los de la Troika y aseguren un futuro digno a nuestros jóvenes.
Por todo ello, el día 29 de Marzo se realizara un Encuentro Educativo para debatir sobre la Educación pública. Os esperamos.
Por todo ello, el día 29 de Marzo se realizara un Encuentro Educativo para debatir sobre la Educación pública. Os esperamos.
Que se olviden todos de hacerse ricos a costa de la vivienda
Comunicado de IULV-CA tras la aprobación del Decreto ley de Construcción Sostenible de la Junta de Andalucía
El Decreto Ley de Construcción Sostenible va a desarrollar, por primera vez desde una administración, las causas de la burbuja inmobiliaria y las prácticas especulativas que tenemos que evitar que se repitan
La eficiencia energética y la rehabilitación como apuesta fundamental del Gobierno andaluz tiene como beneficiarios a los colectivos más desfavorecidos de Andalucía
Izquierda Unida siempre ha defendido para Andalucía un modelo basado en la función social de la vivienda, entendida como derecho humano y no como mercancía, que promueva también el alquiler y la rehabilitación y por ello hoy queremos expresar nuestra satisfacción con el Decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre construcción sostenible.
Hacemos lo que decimos y desde la Consejería de Fomento y Vivienda hemos diseñado un Plan Marco de Vivienda que incide en la necesidad de reconvertir el sector de la construcción a través de la rehabilitación y la eficiencia energética, precisamente los mismos pilares que han sido asumidos ahora por el conjunto del Gobierno andaluz para crear la llamada Mesa de la Construcción.
En Izquierda Unida nos alegramos pues de que nuestro modelo de construcción, el que hemos defendido siempre, y también desde que llegamos a la Junta de Andalucía, sea ahora el buque insignia de las políticas de vivienda del Gobierno andaluz, que se pone de relieve con este Decreto ley, gracias a la pedagogía que hemos impregnado en este proceso de elaboración de la norma.
Cuando Izquierda Unida entró en el Gobierno andaluz, muchos se echaron las manos en la cabeza al escuchar a nuestra compañera Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, asegurar que no se construirían más viviendas en Andalucía, que no había nada más sostenible que construir sobre lo ya construido y que las necesidades de vivienda se cubrirían con las viviendas ya existentes; en concreto, entre 700.000 y un millón, que siguen vacías en Andalucía.
A partir de ahí, todo el engranaje de la Consejería de Fomento y Vivienda se puso al servicio de la búsqueda de nuevas fórmulas de reconversión del sector de la construcción a través de la rehabilitación, la eficiencia energética y la promoción del alquiler, en paralelo a una incuestionable lucha contra los desahucios.
El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda recoge esta nueva política y viene avalado por una potente apuesta inversora por la rehabilitación se irá renovando año a año.
Así, pese al contexto de fuerte restricción presupuestaria, la partida para programas de vivienda y rehabilitación asciende en 2014 a casi 140 millones de euros, un 11,2% más que en 2013. Además, el plan estatal de vivienda asigna a Andalucía 150 millones de euros hasta 2016. Y el plan contará también con 775 millones de fondos europeos hasta 2020.
IU en la Junta es garantía de que los fondos europeos se pongan al servicio de la creación empleo y el cambio de modelo productivo. No en vano, la rehabilitación genera, con la misma cantidad de inversión, tres veces más empleo que la construcción de vivienda nueva, impulsando una actividad que repercute mucho más en la pequeña y mediana empresa y en el empleo femenino. La previsión de la Consejería es que la rehabilitación genere hasta 2020 más de 100.000 puestos de trabajo focalizados además en las pymes que sostienen la economía andaluza, no en el Ibex 35.
Todo esto supone una ruptura radical con el modelo anterior, con la especulación que nos ha llevado a la actual crisis y que ahora tenemos el deber y la responsabilidad de enterrar para siempre. Y lo haremos por ley, como condición indispensable que Izquierda Unida ha introducido en la nueva política de vivienda del Gobierno andaluz. Así, el decreto que dará vida a la Mesa de la Construcción también pondrá fin a las prácticas especulativas gracias a su acotación legal, que será aprobada por Consejo de Gobierno con la impronta inconfundible de Izquierda Unida. Desde que el legislador constitucional lo previó en 1978, es la primera vez en la historia de la democracia en la que se van a intentar identificar las prácticas para que los poderes públicos puedan evitar la especulación.
Así, hemos arbitrado los mecanismos en el decreto fundamentalmente a través de una disposición adicional donde AVRA presentará proyectos para el patrimonio público residencial, en el marco de una política de rehabilitación del parque público frente a la venta masiva del mismo que se está dando en el contexto estatal.
También es de destacar la creación del Comité Sectorial para elaborar una normativa donde se defina las prácticas de economía especulativa en relación a la construcción y a la vivienda y que nos han traído al momento de crisis en el momento en el que nos encontramos. Este Comité Sectorial se dirigirá desde la Consejería de Fomento y que tendrá también integrados a las víctimas de la crisis, como consumidores y usuarios, afectados por hipotecas estafa o abusivas y en general afectados por alteración del precio de la vivienda, entidades de economía social, administradores de fincas. Siempre se ha hecho caso omiso, amparados en la premisa de que el mercado lo regula todo, pero ya sabemos que no es así. Solo acotando la economía especulativa se pueden definir medidas reales de economía productiva.
Podemos decir, orgullosos, que Izquierda Unida ha conseguido poner sobre la mesa su modelo de construcción en la Junta de Andalucía, frenando la inercia especulativa y apostando por ofrecer una segunda oportunidad al sector de la construcción. Pero, eso sí, que se olviden todos de hacerse ricos a costa de la vivienda.
No vamos a consentir que nuevos movimientos especulativos en torno a la vivienda sirvan para gestar la estafa del mañana. No en Andalucía. Con Izquierda Unida en el Gobierno andaluz, no hay posibilidad de que se gesten nuevas burbujas especulativas. Los errores del pasado no se van repetir. Y para que no haya lugar a dudas, lo vamos a garantizar por ley.
El Decreto Ley de Construcción Sostenible va a desarrollar, por primera vez desde una administración, las causas de la burbuja inmobiliaria y las prácticas especulativas que tenemos que evitar que se repitan
La eficiencia energética y la rehabilitación como apuesta fundamental del Gobierno andaluz tiene como beneficiarios a los colectivos más desfavorecidos de Andalucía
Izquierda Unida siempre ha defendido para Andalucía un modelo basado en la función social de la vivienda, entendida como derecho humano y no como mercancía, que promueva también el alquiler y la rehabilitación y por ello hoy queremos expresar nuestra satisfacción con el Decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre construcción sostenible.Hacemos lo que decimos y desde la Consejería de Fomento y Vivienda hemos diseñado un Plan Marco de Vivienda que incide en la necesidad de reconvertir el sector de la construcción a través de la rehabilitación y la eficiencia energética, precisamente los mismos pilares que han sido asumidos ahora por el conjunto del Gobierno andaluz para crear la llamada Mesa de la Construcción.
En Izquierda Unida nos alegramos pues de que nuestro modelo de construcción, el que hemos defendido siempre, y también desde que llegamos a la Junta de Andalucía, sea ahora el buque insignia de las políticas de vivienda del Gobierno andaluz, que se pone de relieve con este Decreto ley, gracias a la pedagogía que hemos impregnado en este proceso de elaboración de la norma.
Cuando Izquierda Unida entró en el Gobierno andaluz, muchos se echaron las manos en la cabeza al escuchar a nuestra compañera Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, asegurar que no se construirían más viviendas en Andalucía, que no había nada más sostenible que construir sobre lo ya construido y que las necesidades de vivienda se cubrirían con las viviendas ya existentes; en concreto, entre 700.000 y un millón, que siguen vacías en Andalucía.
A partir de ahí, todo el engranaje de la Consejería de Fomento y Vivienda se puso al servicio de la búsqueda de nuevas fórmulas de reconversión del sector de la construcción a través de la rehabilitación, la eficiencia energética y la promoción del alquiler, en paralelo a una incuestionable lucha contra los desahucios.
El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda recoge esta nueva política y viene avalado por una potente apuesta inversora por la rehabilitación se irá renovando año a año.
Así, pese al contexto de fuerte restricción presupuestaria, la partida para programas de vivienda y rehabilitación asciende en 2014 a casi 140 millones de euros, un 11,2% más que en 2013. Además, el plan estatal de vivienda asigna a Andalucía 150 millones de euros hasta 2016. Y el plan contará también con 775 millones de fondos europeos hasta 2020.
IU en la Junta es garantía de que los fondos europeos se pongan al servicio de la creación empleo y el cambio de modelo productivo. No en vano, la rehabilitación genera, con la misma cantidad de inversión, tres veces más empleo que la construcción de vivienda nueva, impulsando una actividad que repercute mucho más en la pequeña y mediana empresa y en el empleo femenino. La previsión de la Consejería es que la rehabilitación genere hasta 2020 más de 100.000 puestos de trabajo focalizados además en las pymes que sostienen la economía andaluza, no en el Ibex 35.
Todo esto supone una ruptura radical con el modelo anterior, con la especulación que nos ha llevado a la actual crisis y que ahora tenemos el deber y la responsabilidad de enterrar para siempre. Y lo haremos por ley, como condición indispensable que Izquierda Unida ha introducido en la nueva política de vivienda del Gobierno andaluz. Así, el decreto que dará vida a la Mesa de la Construcción también pondrá fin a las prácticas especulativas gracias a su acotación legal, que será aprobada por Consejo de Gobierno con la impronta inconfundible de Izquierda Unida. Desde que el legislador constitucional lo previó en 1978, es la primera vez en la historia de la democracia en la que se van a intentar identificar las prácticas para que los poderes públicos puedan evitar la especulación.
Así, hemos arbitrado los mecanismos en el decreto fundamentalmente a través de una disposición adicional donde AVRA presentará proyectos para el patrimonio público residencial, en el marco de una política de rehabilitación del parque público frente a la venta masiva del mismo que se está dando en el contexto estatal.
También es de destacar la creación del Comité Sectorial para elaborar una normativa donde se defina las prácticas de economía especulativa en relación a la construcción y a la vivienda y que nos han traído al momento de crisis en el momento en el que nos encontramos. Este Comité Sectorial se dirigirá desde la Consejería de Fomento y que tendrá también integrados a las víctimas de la crisis, como consumidores y usuarios, afectados por hipotecas estafa o abusivas y en general afectados por alteración del precio de la vivienda, entidades de economía social, administradores de fincas. Siempre se ha hecho caso omiso, amparados en la premisa de que el mercado lo regula todo, pero ya sabemos que no es así. Solo acotando la economía especulativa se pueden definir medidas reales de economía productiva.
Podemos decir, orgullosos, que Izquierda Unida ha conseguido poner sobre la mesa su modelo de construcción en la Junta de Andalucía, frenando la inercia especulativa y apostando por ofrecer una segunda oportunidad al sector de la construcción. Pero, eso sí, que se olviden todos de hacerse ricos a costa de la vivienda.
No vamos a consentir que nuevos movimientos especulativos en torno a la vivienda sirvan para gestar la estafa del mañana. No en Andalucía. Con Izquierda Unida en el Gobierno andaluz, no hay posibilidad de que se gesten nuevas burbujas especulativas. Los errores del pasado no se van repetir. Y para que no haya lugar a dudas, lo vamos a garantizar por ley.
Ley de Memoria Democrática
Ante la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, el conjunto de Izquierda Unida de Andalucía con su coordinador general a la cabeza, Antonio Maíllo, así como desde nuestro Grupo parlamentario y en nombre de nuestra militancia, queremos expresar nuestra satisfacción por esta medida que
es de justicia y que salda una deuda con las víctimas de la represión franquista, con los luchadores por la libertad y por la democracia y con la aspiración del pueblo andaluz en su camino hacia la autonomía plena.
Hoy merece mención aparte la labor que desarrolla el movimiento memorialista que ha trabajado mano a mano con la Dirección general de Memoria Democrática y su titular Luis Naranjo para elaborar esta ley contra el olvido y el silencio, que pretende cicatrizar las heridas aún no cerradas para una parte de las víctimas y sus familiares. No pretende reabrir heridas, pretende cerrarlas definitivamente para todos y todas. Sólo faltaba la voluntad política y el Gobierno andaluz ha demostrado tenerla.
Andalucía ha sido valiente. Lo fue ya el pasado 25 de marzo de 2012, cuando logramos frenar al Partido Popular y a todo lo que sus políticas representarían para Andalucía. Tal y como señala el vicepresidente del Gobierno y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, nuestro compañero Diego Valderas, este anteproyecto de ley responde al compromiso del Gobierno andaluz con los derechos humanos, con los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía pretende fortalecer los pilares de la democracia porque solo conociendo la verdad se puede evitar volver a actitudes del pasado y en este sentido, estamos satisfechos con nuestro papel en la elaboración de esta Ley y a nuestros compañeros de la Consejería de Administración Local que con pocos recursos están dignificando, desde lo público, la dignidad de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimas que pusieron los pilares de nuestra democracia.
Desde aquí http://bit.ly/N3KTTt se puede ver o descargar el Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, y aquí http://bit.ly/N3L2WQ se encuentran los antecedentes, las claves del anteproyecto y la conclusión. Igualmente aquí se puede ver más información http://bit.ly/N3Lc0E así como la presentación en rueda de prensa por parte de Diego Valderas, tras el Consejo de Gobierno que la aprobó. Se añade también el audio http://bit.ly/N3M7Ow de la misma.
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