NOS INFORMAN DE LA CANCELACIÓN DEL ACTO, POR UNA REUNIÓN IMPREVISTA EN EL PARLAMENTO
EL COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE LA ESTACIÓN DE CÁRTAMA NO SE CONSTRUIRÁ Y EL INSTITUTO SE ATRASA
Cártama 24 de mayo 2013
En el pleno de ayer hice dos preguntas al equipo de gobierno.
¿Por qué se ha suspendido la
reunión prevista entre la empresa adjudicataria para la construcción del (IES) Instituto
de enseñanza secundaria en la Estación de Cártama, y los constructores locales
para la subcontratación de las obras?
Y segunda pregunta, ¿Cuándo se va a adjudicar la
construcción del colegio de infantil y primaria (CEIP)que se lleva prometiendo dos cursos?
Nuestros gobernantes locales no se enteran de que las
mentiras tienen las patas muy corta, y ayer volvieron a mentir y a arremeter contra mí, en el pleno
celebrado en el Ayuntamiento cuando hice estas dos preguntas
Que me informe bien, que es falso que se haya
dicho que se va a construir un colegio de primaria en la estación de Cártama.
Enlace a la noticia en diario SUR el día 22 de
mayo de 2011, http://www.diariosur.es/v/20110522/interior/nuevo-colegio-aliviara-falta-20110522.html
En el debate que originaron mis
preguntas quedó muy claro que no existe ningún proyecto para construir el
colegio de primaria.
Respecto al Instituto de enseñanza
secundaria, dijeron que se ha suspendido la adjudicación a la constructora “por
defectos en la documentación?” Y que en unos 20 días se adjudicará a otra
constructora. La única duda que me queda
es cuanto se atrasará la construcción del Instituto.
Manuel L Infantes.
Concejal IU Cártama
Manuel L Infantes.
Concejal IU Cártama
Se reactiva la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce
Empieza a recoger firmas e impulsa mociones en 13 ayuntamientos por su apertura.
(Leonor García Málaga)
La reunión de la plataforma se prolongó desde las 19:30 hasta casi las 22:00. Al finalizar, todas las organizaciones participantes se llevaron ya los documentos para empezar a recoger rúbricas y el texto de la moción que elevarán a pleno todos los consistorios de la comarca del Guadalhorce.La plataforma estima que la apertura del hospital requiere seis millones de euros para equipamiento y que su funcionamiento anual supondrá un gasto de en torno a unos 22 millones; unos 10 en personal y en torno a 12 en gasto corriente. El hospital requiere para su apertura unos 300 trabajadores entre sanitarios y no sanitarios.
Pero el escollo, o al menos la excusa que pone la Junta de Andalucía, es una subestación eléctrica que exige Endesa para dar suministro al hospital; requisito sin el que no recepciona la obra. El problema es que, inicialmente, el coste se fijó en 300.000. Pero ahora la compañía eléctrica exige una infraestructura valorada en dos millones. Tanto la Consejería como el Ayuntamiento consideran "un abuso" que la compañía eléctrica exija que sean las administraciones las que paguen esa infraestructura. "Tenemos que hacer unas inversiones por algo que ellos van a explotar y rentabilizar", dijo el primer teniente de alcalde de Cártama, Miguel Espinosa. Pero la ley ampara aparentemente ampara a Endesa. Un decreto de 2002 obliga al promotor a hacer las mejoras en la red eléctrica para asegurar el suministro.
Esteban añadió: "Creemos que Endesa quiere hacer una infraestructura no solo para el hospital sino para el polígono y para la zona de ampliación de Cártama a Cártama estación. Si quieren hacer algo más, que lo costeen ellos". La Plataforma estima que el coste para la conexión que requiere el hospital costaría unos 300.000 euros. En cuanto al acceso viario, la plataforma entiende que le corresponde hacerlo al propietario del suelo.
Fuente: Málaga Hoy
Elena Cortés da ejemplo y pone en alquiler las viviendas de la Junta
La medida, coherente con el Decreto-Ley de Vivienda, complementa las sanciones a bancos por tener casas vacías (9.000 euros por inmueble) y por ocultar sus VPO (120.000 euros)
La política de vivienda de la Junta de Andalucía, en manos de Izquierda Unida, tiene a la derecha desquiciada. Al PP no le ha gustado nada que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, haya terminado con la obsesión especulativa de la construcción que regía las políticas públicas hasta ahora para empezar a forjar una cultura de la rehabilitación. También le ha irritado sobremanera que con menos competencias que el Gobierno central haya paralizado en seis meses más de 1.500 desahucios en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ejemplo de libro de cómo hacer la política con mentalidad de movimiento social. Además le ha hecho poner el grito en el cielo el enfoque del nuevo Plan de Vivienda, con sus prioridades en larehabilitación, el alquiler social, la autoconstrucción y el cooperativismo. E igualmente le ha sacado los colores la paralización de todos los desahucios en el parque público de vivienda. En general, a la derecha de Juan Ignacio Zoido y compañía le abren las carnes las políticas de IU en la Consejería, que parten de la consideración de lavivienda como derecho humano y no como mercancía, porque retratan cruelmente por contraste la que hacen los Gobiernos del PP, singularmente el central: carpetazo a la ILP de la dación en pago, desahucio exprés para los alquileres, socialización del agujero inmobiliario mediante el banco malo, sumisión a los dictados de la Troika y de las entidades financieras...
Pero lo que definitivamente ha sacado de sus casillas al PP ha sido el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos por tener viviendas vacías y de hasta de 120.000 por no comunicar las viviendas protegidas que hay en sus balances. La norma andaluza, con sello '100% IU', fija también incentivos (no sanciones) para que los particulares encuentren más atractivo sacar sus viviendas en alquiler y establece laexpropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por los bancos en caso de que el morador que va a ser desahuciado se encuentre en una situación acreditada de exclusión social. Del consenso bipartidista asentado sobre la máxima de que “la paciencia con los bancos es infinita”, en palabras del ex ministro José Blanco, en Andalucía se ha pasado al “basta ya, hasta aquí hemos llegado”, en expresión de nuestra compañera Elena Cortés. Y por ahí la derechona no pasa.
¿Qué han hecho al respecto? Por supuesto, como corresponde a la labor de oposición de Zoido, el ridículo. Ridículo que se acentúa cada vez que toma la palabra su portavoz de Vivienda, Alicia Martínez, a cuyo lado Esteban González Pons es ejemplo de rigor y diligencia. Primero los derechistas se equivocaron cargando contra el Decreto-Ley con dos argumentos de difícil convivencia: uno, el Decreto-Ley es “totalmente inútil”; dos, el Decreto-Ley es una copia de las medidas de Mariano Rajoy. O sea, que según el PP andaluz, y en un sencillo silogismo, las medidas del presidente del Gobierno son inútiles.
Zoido y los suyos amenazaron después con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Pero, en parte por la altísima popularidad del mismo, en parte porque es impecable jurídicamente, al final se la terminaron envainando. Al menos de momento, porque ahora Luis de Guindos, el ex de Lehman Brothers que dirige el Ministerio de Economía, ha filtrado una comunicación informal (no se sabe ya si fue una carta o un email) de la Comisión Europea sobre el Decreto-Ley con objeto de armarse de argumentos para un posible recurso. Otra vez quieren hacer creer que no hay alternativa, que hay que recurrirlo por imposiciones externas. ¿Se atreverán? De momento, será interesante ver la actitud del PP andaluz ante la visita de esta semana de los hombres de negro a Madrid para conocer el Decreto-Ley. ¿Se situará Zoido junto a la Troika o junto al Parlamento andaluz, donde actualmente se debate la norma como proyecto de ley?, ¿defenderá Zoido la Constitución española y el Estatuto de autonomía o el memorando del rescate financiero?
Los argumentos del PP contra el Decreto-Ley han ido fracasando uno a uno, fundamentalmente porque se han basado en un discurso del miedo absolutamente inverosímil, según el cual la norma dificultará el acceso al crédito. Es increíble que digan tal cosa cuando la banca española, tras recibir 600.000 millones de euros de dinero público (y lo que queda, si se lo permitimos) continúa con el grifo cerrado. Así que, frustrados sus argumentos, la bancada de Zoido se ha lanzado al que es, junto al ridículo, su otro elemento distintivo: el uso sistemático y desvergonzado de la mentira. A lo largo del último mes el PP se ha afanado en una intensa campaña de desprestigio del Decreto-Ley basada en mentiras flagrantes y groseras manipulaciones: “La consejera desahucia”, mienten, porque lo cierto es que el andaluz fue el primer Gobierno de España en paralizar los desalojos en su parque público en junio del año pasado. “Fue miembro del Consejo de Administración de Cajasur”, mienten de nuevo. “La consejera es la mano negra que controla las corralas. Es una bandolera”, braman, en una afirmación tan descabellada que se comenta sola.
Pero sin duda la afirmación más repetida es que “la Junta tiene miles de viviendas vacías”. Algunos días decían que 5.000, otros que 30.000 y otros que 60.000 viviendas vacías. Qué más da, si siempre encuentran terminales mediáticas que dan espacio y generosa tipografía a sus calamidades. El problema es que ahora Elena Cortés los ha dejado fríos poniendo sobre la mesa los datos y las soluciones durante la Comisión de Fomento y Vivienda celebrada la semana pasada en el Parlamento andaluz.
Y los datos y las soluciones hablan muy en favor de la política de vivienda de IU en la Junta. En primer lugar, y tal y como ha defendido siempre Cortés, las 81.000 viviendas del parque público andaluz (lo que siempre se ha llamado “viviendas sociales) están ya ocupadas, dando habitación a 350.000 personas en 516 municipios. Se trata de viviendas construidas expresamente para personas de recursos muy escasos, incapaces de acceder al derecho a la vivienda en el mercado libre. En cuanto a las viviendas protegidas, construidas con ayudas públicas, la Consejería actuará en dos vertientes: de un lado, garantizando que las que estén en manos de bancos salgan en alquiler; de otro, alquilando la propia Junta las que aún no tienen adjudicatario. Actualmente hay 638 viviendas protegidas de titularidad pública sin adjudicar, un 0,1% de las casi 650.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, según el INE. ¿Mantendrá el PP el discurso de que el problema de la vivienda en Andalucía se puede arreglar con esas 638 viviendas? Capaces son...
La consejería ha decidido, en coherencia con su Decreto-Ley, pasarlas masivamente al alquiler, ajustando su precioa la demanda y a la situación socioeconómica de los solicitantes. Datos y soluciones sobre la mesa, por primera vez. El PP se ha quedado absolutamente fuera de juego. ¿Qué irán a decir ahora?
Cortés ha sido siempre muy crítica con el papel de inmobiliaria que ha tenido EPSA durante las últimas legislaturas del PSOE. Por eso ya ha anunciado que la construcción de vivienda nueva va a tener un papel muy residual en las políticas públicas. “Si construyendo vivienda se garantizara el derecho a la vivienda y la salud del sector de la construcción, España sería un paraíso”, ha dicho. No, claro quela solución no está en construir más. Sino en hacer aflorar esas cientos de miles de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias. Y ahí es donde ataca el Decreto-Ley. “A nivel financiero, los ciudadanos deben dinero a los bancos. A nivel político, social y moral, son los bancos los que están en deuda”, suele comentar la consejera.
Ése es el debate que interesa: cómo la política puede incidir para un más justo reparto de la riqueza. Ése es el debate que intenta eludir el PP-A base de mentiras.
Porque sí se puede crear empleo. ¡Hay alternativa!
El Coordinador federal y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cayo Lara, entregó en mano a Rajoy una estrategia urgente para la creación de empleo. Es el gobierno central el que tiene en sus manos los instrumentos clave, sin los cuales, es imposible una actuación eficaz en la creación de puestos de trabajo.
Aquí http://bit.ly/19o4IcD se puede ver el documento completo de 22 páginas que desarrollan la propuesta, que, como se dice en el mismo, es una propuesta en construcción abierta a las aportaciones del resto de las fuerzas parlamentarias.
En este otro documento http://bit.ly/19o5HcS se resumen los 9 escenarios de debate y las 22 medidas concretas, razonadas y posibles que ponen el énfasis absoluto en la creación de empleo.
Hay dinero en este país para dedicarlo a la creación de puestos de trabajo. Basta con aplicar el artículo 31 de Constitución en vigor para compartir equitativamente el esfuerzo fiscal. Pero 34 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen sucursales en paraísos fiscales, a los que se van, obviamente para no pagar impuestos en nuestro país. Todo un atajo de patriotas. De la misma manera se trata de formular una reforma fiscal que sea progresiva en la que paguemos todos pero de acuerdo a los ingresos, rompiendo con la línea actual en la que son los trabajadores los que sostienen la mayor parte de los ingresos del estado.
Hacen falta 60.000 millones de euros para crear 3,4 millones de puestos de trabajo. Eso permitiría que España alcanzase las tres medias europeas en los siguientes parámetros: Media europea en el número de parados en un plazo de tres años y situarla en el 12%. Media europea en la presión fiscal estando en la actualidad 7,5% por debajo en nuestro país. Y en tercer lugar alcanzar la media europea en el fraude fiscal que en España es el doble y en el afloramiento de la economía sumergida.
El argumentario completo aquí http://bit.ly/19o9RkZ
¡Nuestra educación no pagará vuestra deuda!
El próximo jueves 9 de mayo hay convocada una huelga general educativa, a todos los niveles de enseñanza, desde infantil a universidad, en todo el país. Están llamados a secundarla el conjunto de los trabajadores de la enseñanza, profesorado, personal de administración y servicios; así como los estudiantes, llamándose también a la solidaridad de los padres y las madres.
Se trata con esta huelga de lanzar un mensaje claro y contundente de rechazo al retroceso que significa la llamada LOMCE, la ley de privatización, segregación y clasismo escolar que quiere imponer el PP, con su Ministro Wert a la cabeza. Con esta huelga se rechazan también los recortes educativos, deprofesorado, becas y aumento de tasas; así como la reforma universitaria de laelitización de la educación superior.
Desde Izquierda Unida apoyamos esta huelga por la dignidad y el futuro de la educación pública. Llamamos a secundarla y apoyarla, así como a asistir a las manifestaciones que habrá en la tarde del jueves 9 en las principales ciudades
Una huelga es el máximo símbolo del poder de los trabajadores y este caso también de los estudiantes. Una huelga demuestra quién está realmente detrás de todo: los trabajadores que con su esfuerzo hacen funcionar el mundo. Las huelgas son útiles porque presionan y demuestran la solidaridad y la potencialidad que tenemos los trabajadorescuando nos unimos por una causa.
Este jueves los trabajadores de la enseñanza, los estudiantes y las familias marcharemosjuntos y adelante en defensa de la educación pública. Porque no queremos la educación segregada y clasista de la LOMCE y la reforma universitaria, porque no queremos recortes sociales y de derechos, porque sí podemos pararlos y sabemos que hay alternativa y una escuela pública de todos para todos.
Apoya y organiza la huelga educativa desde abajo, acude a las manifestaciones, únete y trae a tu gente.
Red de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía
Lunes, 06 Mayo 2013
El viernes publicaba el BOJA núm. 85 de 3 de mayo el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Aquí se puede ver completo.
Dentro de las iniciativas más potentes de este decreto que atiende a los pobres de los pobres destaca la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria que es el punto de encuentro y coordinación entre la Junta y la sociedad civil organizada. Ello servirá para impulsar sistemas sostenibles y solidarios de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos para proporcionar una respuesta más coordinada, eficaz y eficiente en el conjunto del territorio andaluz a las necesidades alimentarias básicas de las familias con escasos recursos económicos.
Esta Red será abierta a las entidades locales y sociales y es transversal y horizontal, tiene vocación de permanencia, no sustituye a la iniciativa social, sino que la complementa y refuerza, dando el protagonismo a los servicios sociales comunitarios.
Sus objetivos son dar respuesta a las necesidades de alimentación de las familias con escasos recursos económicos, impulsar la coordinación entre administraciones públicas y las entidades sociales. Así mismo se propone la implicación de los diferentes agentes sociales que integren la red en las actuaciones de solidaridad y garantía alimentaria. Además se pretende promover comportamientos de responsabilidad y solidaridad alimentaria entre la ciudadanía.
La Junta, los ayuntamientos y las entidades sociales que así lo determinen se organizarán en red a través de una Comisión de Coordinación de la Red, cuya Presidencia recaerá en quien sea titular de la Consejería competente en Servicios Sociales y cuya Vicepresidencia será quien ostente la Viceconsejería de administración local, en este caso, José Luis Pérez Tapias, Viceconsejero de la de Admón. Local y RR.II. Las vocalías serán ocupadas por centros directivos implicados y por las entidades sociales participantes. Habrá también comisiones técnicas de seguimiento para garantizar la aplicación efectiva de las líneas de actuación de la Red.
La dotación financiera en el caso de la citada consejería será de 4 millones de euros, 1 en forma de subvenciones para actuaciones e impulso a la concienciación social y apoyo a organizaciones de voluntariado para recogida, acopio y distribución de alimentos solidarios y tres millones más en transferencias directas a los ayuntamientos para idéntico fin en la voluntad de mejorar las redes de solidaridad ciudadana en estos momentos de crisis aguda.
Las claves del decreto andaluz contra la exclusión social
Fuente: eldiario.es
Con un 36% de paro, con casi 500.000 hogares andaluces sin ningún ingreso, con 72.000 niños y 33.868 mayores en riesgo de pobreza, el Gobierno andaluz no ha querido quedarse de brazos cruzados y saca adelante un decreto-ley de medidas urgentes contra la exclusión social. Son medidas coyunturales para paliar una situación de "extrema dificultad" mientras la economía se reactiva, que lejos quieren quedar de la "paciencia" que aconseja el Gobierno central. No obstante, la norma tiene sus peros, porque no deja de ser la activación de medidas y recursos que ya estaban previstos.
Las propuestas más novedosas son el Plan de Acción Social y el impulso al ingreso mínimo de solidaridad, que combinados podrían dar una idea de lo que puede ser la ley de renta básica del futuro: un salario social vinculado a un empleo para la comunidad, como ya existe en Navarra y País Vasco (en Asturias hay una renta básica de emancipación, pero sólo orientada a jóvenes). De hecho, son los 44 millones que van al ingreso mínimo de solidaridad la partida más importante de este decreto (se sumarán a los 70 ya presupuestados), quizás en un intento de dotar un programa que en breve puede verse sobrepasado por la demanda. La cantidad a recibir son 397,67 euros por solicitante (62% del IPREM), a los que se suman 51,3 euros por cada miembro de la familia. Un factor fundamental de este decreto es que ahora se agilizará su concesión: en sólo dos meses.
¿De dónde sale el dinero?
La Junta activa 120 millones contra la exclusión social, pero en realidad estaban consignados en los presupuestos autonómicos para 2013, salvo esos 44 millones extra para el ingreso mínimo de solidaridad. La Junta prevé sacar el dinero para este salario social de lo que se vaya recaudando por Hacienda, pero lo cierto es que los ingresos están en caída, por lo que tendrá que buscar vías alternativas para obtener ese dinero y que tendrá que ir definiendo.
¿Qué regula este decreto-ley contra la exclusión social?
Está formado por tres programas: un plan de acción social (60 millones), un plan de solidaridad alimentaria (20 millones) y la agilización del ingreso mínimo de solidaridad y el programa de solidaridad para la erradicación de la marginación (44 millones).
Si eran urgentes y estaban previstas estas partidas en los presupuestos, ¿por qué no se ha puesto en marcha antes?
Había que esperar a la redacción del decreto-ley. Los presupuestos se aprobaron en diciembre de 2012, pero la complejidad del decreto está en que implica a varias consejerías, porque no sólo intervienen la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Consejería de Administración Local, que son las que llevan el peso, sino que también intervienen de manera secundaria Educación, por los comedores escolares, así como Agricultura y Turismo y Comercio, en lo que se refiere al apartado de solidaridad alimentaria: para el aprovechamiento de alimentos perecederos se tendrán que llegar a acuerdos con productores hortofrutícolas y empresas de distribución.
¿Qué es el Plan Extraordinario de Acción Social?
La Junta pondrá en circulación 60 millones para promocionar el empleo entre quienes están en situación límite. El grueso del dinero, 40 millones, se canalizarán a través de los ayuntamientos para contrataciones de entre 15 días y tres meses de familias en riesgo de exclusión, es decir, los ingresos deben estar en el umbral del 1,5% del IPREM, unos 798 euros mensuales. Los salarios se estiman en una media de 1.000 euros.
Aunque son cálculos aproximados, la Consejería de Salud y Bienestar Social prevé emplear a 47.000 personas para trabajos de interés para la comunidad, pero que nunca sustituirán o suplirán las funciones de los empleados municipales.
El segundo apartado va dirigido al mantenimiento de los servicios de ayuda a domicilio. Habrá 20 millones para amortiguar los recortes del Gobierno central. El objetivo es mantener la ayuda a entre 12.000 y 15.000 beneficiarios, con un promedio de 20 horas de servicios, y la creación de entre 2.000 y 2.500 empleos.
¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos?
Solicitarán en un plazo de quince días, a contar desde su publicación en BOJA (el jueves o el viernes), acogerse al programa y la Junta les transferirá el dinero que les corresponde, que se hará en función de la tasa de paro del municipio. Dada la urgencia, los contratos no tardarán más de 45 días en ver la luz. Está garantizado al menos un contrato por mes por municipio.
¿Por qué pide la Junta ayuda al Gobierno central?
Lo que persigue es que estos contratos queden exentos del pago de la Seguridad Social. Calculan un ahorro de unos 14 millones de euros que se podrían reinvertir en nuevos contratos.
¿Qué es el plan de solidaridad alimentaria?
Se trata de reforzar a nivel regional, territorial, comarcal y local la red de administraciones, instituciones, entidades, colectivos y ongs implicadas en el reparto de comida a los más necesitados, involucrando también a productores y comercializadores, y creando mecanismos para almacenamiento y distribución. Aunque es una parte importante, la medida estrella es el programa de tres comidas al día para menores y ancianos en riesgo de exclusión. Ahora mismo hay 72.000 menores que gozan de un 100% de bonificaciones al comedor escolar, pero hay 46.8000 niños que necesitan más de una comida al día, y a estos se les dará merienda y desayuno.
¿Cómo se dará el desayuno y la merienda?
En el caso de los desayunos, estos podrán resolverse en las aulas matinales y si no las hay, cuando el menor vaya a abandonar el centro. Junto con la merienda se le dará el desayuno del día siguiente.
El curso está a punto de acabar, ¿qué ocurrirá en los tres meses de vacaciones de verano?
El retraso del plan está en la elaboración del decreto, pero ahora su aplicación será inmediata ya que faltan apenas dos meses lectivos. Respecto al verano, unos 5.000 niños recibirán la comida en los campamentos o escuelas de verano que se organizarán en las denominadas zonas de transformación social. Los 40.000 niños restantes recibirán alimentos a través de la red de solidaridad alimentaria, es decir, comedores sociales, bancos de alimentos u otras organizaciones.
¿Por qué no abrir los comedores escolares como demandan los sindicatos o el Defensor del Pueblo, José Chamizo?
Según la Consejería de Salud, el gasto se multiplicaría porque la simple apertura de un centro educativo supone la contratación de personal, amén de proporcionar la comida, y porque este servicio bien se puede canalizar a través de esta red de entidades, ongs y colectivos.
¿Qué ocurre en los centros educativos donde no haya comedor?
La red de solidaridad alimentaria se articulará a nivel provincial y comarcal, pero con una coordinación autonómica, de manera que si no hay comedor, se hará llegar la comida a los menores a través de los bancos de alimentos, servicios de catering o comedores sociales. Incluso si se detecta alguna zona donde ninguna institución o administración llega, se buscarán respuestas. La idea es que las familias en situaciones extremas se les pueda diseñar un plan personalizado.
Aparte de los menores, ¿qué otras personas se pueden beneficiar?
Los mayores en riesgo de exclusión social también podrán beneficiarse. Se estima que un millar de personas pueden optar a estas tres comidas, que se podrán disponer a través de los centros de participación activa o de un servicio de catering. Sin embargo, no son los únicos, ya que los comedores en estos centros de participación ya se ofertan menús a bajo precio para 12.700 personas. El nivel de pobreza en los mayores de 65 años está más contenido en Andalucía gracias al colchón del complemento a las pensiones no contributivas que la Junta viene dando desde hace dos legislaturas.
¿Hay incompatibilidad entre las ayudas?
Las hay. Si se va a ser contratado por un ayuntamiento con cargo al Plan de Acción Social no se puede percibir el ingreso mínimo de solidaridad (sólo se puede recibir durante seis meses y una vez al año). Eso no quiere decir que no se pueda beneficiar de ayudas indirectas. La Junta calcula que cada familia recibe un promedio de 1.200 euros a través de los libros gratuitos a los menores, transporte escolar gratis, comedores escolares, medicinas gratis para menores de un año, aulas matinales.
1º Mayo 2013 - Málaga
Izquierda Unida de Cártama, como en años anteriores participará en la manifestación del 1º de Mayo convocada en Málaga. Este año es más importante si cabe que otros años que mostremos nuestro desacuerdo con
las políticas que está llevando el Gobierno del PP con la que estamos perdiendo
día tras día derechos sociales y laborales. Como dice el eslogan de este
Primero de Mayo "NO TIENEN LIMITE" por lo que los trabajadores/as
tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Allí nos vemos!
Alrededor de un centenar de personas homenajean a las víctimas del franquismo en el Cementerio de Cártama
Hoy, 14 de abril de 2013, se ha realizado un emotivo acto en memoria de las víctimas del franquismo en el cementerio de Cártama. Dicho acto, tiene el aliciente de que es la primera vez que se realiza algo parecido en honor a las víctimas.Durante el acto han intervenido Miguel Cerón en representación del Foro por la Memoria de Málaga y Manuel Infantes en representación de Izquierda Unida de Cártama que son las dos organizaciones que han convocado el acto.
Miguel, durante su discurso, ha recordado las atrocidades que se cometieron y ha pedido que no se queden impunes, que hay que luchar por la memoria de los que yacen en la fosa que se encuentra donde hemos realizado el acto, que su nombres no se olviden. También ha recordado que hay documentadas alrededor de 200 personas enterradas en dicha fosa, aunque no se descarta que hayan más, personas que perdieron la vida simplemente por defender unos ideales. Por todo esto ha pedido VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
Por otro lado, Manuel, en su intervención ha recordado que la Junta de Andalucía, impulsado por Izquierda Unida, está elaborando una ley de Memoria Democrática, a través de la cual se va a intentar que sea el estado y no los familiares quienes se encarguen de recuperar, investigar, documentar y juzgar los crímenes que se cometieron en aquella época.
El acto ha continuado con una ofrenda floral de los familiares, que ha terminando con la colocación de un ramo de flores con los colores de la República por Antonio y Rafael, dos personas que Izquierda Unida de Cáratama y el Foro por la Memoria han elegido para dicha ofrenda por su historica lucha por la dimnificación de sus familiares que se encuentran en dicha fosa. La ofrenda floral se ha realizado con el himno de Riego de fondo y con varios "¡VIVA LA REPÚBLICA!" de los asistentes.
También nos gustaría recordar que aquellos que estén interesados en colaborar para recuperar la historia olvidada de Cártama se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo: cartamaiu@gmail.com
En materia de vivienda, Andalucía ha dicho ¡Basta! ¡Hasta aquí hemos llegado!
El Decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno que determina la función social de la Vivienda, tuvo ayer, en palabras de la autora de la propuesta, nuestra compañera Elena Cortés, dos anclajes: La Plataforma de Afectados por la Hipoteca que han demostrado todo este tiempo que merece la pena luchar por cambiar las cosas y que Sí se puede. Al mismo tiempo los sindicatos de clase que han impulsado la recogida de un millón y medio de firmas para obligar al Congreso a debatir la ILP a favor de la dación en pago.
Y todo ello en dos escenarios distintos: El Congreso, donde el PP derroca cualquier expectativa y arrolla con su mayoría absoluta, y Andalucía, donde, con IU en el gobierno, se abre una esperanza sintetizada por Elena Cortés pero implicando a todo el gobierno andaluz, que recoge lo mejor de las luchas de la calle en contra de los desahucios y a favor de las personas. Andalucía avanza hacia una sociedad más justa. Por primera vez, un gobierno en España, en este caso el gobierno andaluz, legisla para ponerse del lado de los humildes y frente a los poderosos para hacer valer la vivienda como un derecho y no como un mero producto mercantil.
Con una gran fortaleza y seguridad jurídica, el Consejo de Gobierno aprueba una norma por la que, no sólo se cumple el programa de Izquierda Unida, sino también el Pacto de Gobierno y un número importante de normas y leyes de rango internacional, nacional y andaluz, normas que, por sorprendente que pueda parecer, nadie hasta ahora había hecho valer y que permiten su aplicación a favor del interés general.
Los bancos, las inmobiliarias y las sociedades de gestión patrimonial podrán ser sancionadas por tener viviendas vacías, y las personas físicas con viviendas desocupadas tendrán estímulos para ponerlas a disposición de esa función social.
Las personas en emergencia social, incursas en procesos de desahucio, podrán ver paralizado el lanzamiento por un período de hasta tres años, a través de una expropiación temporal de uso a favor del desahuciado. Aquí http://www.izquierda-unida.es/node/12003 se puede ver la comparecencia completa de Elena Cortés presentando esta iniciativa. En materia de desahucios, Andalucía ha gritado ¡Basta ya! ¡Sí se puede!
La rapiña de Falange
Fuente: Público.es
La causa, no obstante, no investiga y, por extensión, no condena ninguno de los asesinatos ilegales, incluso dentro de la legalidad franquista, practicados supuestamente por el líder de Falange y sus socios en Ciudad Rodrigo: grandes terratenientes, Iglesia, militares, Guardia Civil y carabineros. Entre los alrededor de 200 asesinatos cometidos en esta localidad salmantina de 10.000 habitantes (en 1936) y su comarca destaca la masacre de la casi totalidad de la Corporación municipal de Ciudad Rodrigo, los vecinos de El Bodón y Fuenteguinaldo y la matanza de siete personas la madrugada del 16 de diciembre de 1936 cuando fueron 'paseados' el propio Alfredo Miguel Plaza, Eduardo Aparicio (director de sucursal bancaria), Avelino Martín Cascón (hermano del alcalde), Olegario Niño Caballero (veterinario), Evaristo Pino (empleado del Ayuntamiento), José Sevillano (jubilado) y Emilio Martín Donoso (industrial).
Otro caso destacable de incautación acaecido en la provincia sucedió en la localidad de Béjar. Valentín Garrido Muñoz, concejal de Béjar y diputado provincial de Izquierda Republicana durante la República, puso en marcho una central hidroeléctrica en 1930 gracias a un préstamo del banco García y Cascón, según relata su nieto, Ramón, a Público.
El sumario de una investigación realizada en 1938 desvela cómo el líder del partido ultraderechista de Ciudad Rodrigo robó y extorsionó sistemáticamente a la población republicana de la comarca. “De 'Ciudad Rodrigos' está llena España”, afirma el historiador Ángel de Miguel.
Juan Agustín Calzada Hernández era un conductor en paro de Ciudad Rodrigo. Para sobrevivir vendía novelas por entregas a domicilio como buenamente podía. De ideología derechista, fue nombrado jefe de Falange de la ciudad salmantina gracias a la mediación del director de La Gaceta de Salamanca. Hasta ahí todo normal. Todo cambió cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la ciudad fue tomada sin apenas resistencia por el autodenominado bando nacional. Juan Agustín Calzada, hasta entonces un ciudadano más, se convirtió de la noche a la mañana en el verdugo y extorsionador de los vecinos que no pensaran como él.
Los actos de este jefe local y comarcal de Falange quedan ampliamente expuestos en la Causa 2133/37 abierta por un Tribunal Militar ante la apropiación indebida de los fondos requisados por Calzada. El sumario detalla, con testimonios de los supervivientes, cómo el jefe de Falange de Ciudad Rodrigo cometía “hechos que no merecen más calificación que de actos de barbarie”.
Entre estos hechos se encuentra el saqueo reiterado a la ferretería de la viuda de Alfredo Miguel Plaza, quien había sido 'paseado' por falangistas y carabineros, la apropiación del dinero que los fusilados entregaban a la Iglesia para “salvar” su alma o las amenazas a numerosas personas de la comarca para que pagaran una multa a Falange si querían evitar ser fusilados, dinero que nunca llegaba a la caja de la Milicia. Todos ellos tuvieron que firmar un documento que acreditaba que la entrega del dinero era voluntaria.
El sumario detalla cómo el jefe de Falange cometía “actos de barbarie”Ángel de Miguel, historiador, es nieto de Alfredo Miguel Plaza. Recuerda que su abuela declaró en el juicio contra Calzada que llegaba a la tienda ferretería, única fuente de ingresos de la familia tras el asesinato del cabeza de familia, y arramblaba con todo lo que deseaba justificándose en la “causa nacional”. “Al parecer no tuvo suficiente con asesinar a mi abuelo que practicó la rapiña con mi abuela. No fue la única. La extorsión practicada por este hombre y sus cómplices fue sistemática en toda la comarca”, señala Ángel de Miguel a Público.
La rapiña económica de las autoridades franquistas afectó a cerca de 200.000 familias 'derrotadas' en toda España. Sin embargo, el caso de Ciudad Rodrigo y Juan Agustín Calzada es diferente. El líder de Falange fue juzgado y condenado por las autoridades franquistas a seis meses de prisión “por el delito de “estafa”, y “tres meses de arresto mayor y multa de 250 pesetas por delito consumado de coacción” (f. 766). “El delito de este hombre para los tribunales fue apropiarse de lo pesquisado y no entregarlo a la causa nacional”, apuntilla Ángel de Miguel.
La causa, no obstante, no investiga y, por extensión, no condena ninguno de los asesinatos ilegales, incluso dentro de la legalidad franquista, practicados supuestamente por el líder de Falange y sus socios en Ciudad Rodrigo: grandes terratenientes, Iglesia, militares, Guardia Civil y carabineros. Entre los alrededor de 200 asesinatos cometidos en esta localidad salmantina de 10.000 habitantes (en 1936) y su comarca destaca la masacre de la casi totalidad de la Corporación municipal de Ciudad Rodrigo, los vecinos de El Bodón y Fuenteguinaldo y la matanza de siete personas la madrugada del 16 de diciembre de 1936 cuando fueron 'paseados' el propio Alfredo Miguel Plaza, Eduardo Aparicio (director de sucursal bancaria), Avelino Martín Cascón (hermano del alcalde), Olegario Niño Caballero (veterinario), Evaristo Pino (empleado del Ayuntamiento), José Sevillano (jubilado) y Emilio Martín Donoso (industrial).
Los siete hombres fueron detenidos a mediodía del 15 de diciembre. Apenas 12 horas más tarde fueron fusilados en la finca de un terrateniente de Ciudad Rodrigo en una zanja que ya había sido abierta tres días antes. No hubo juicio previo. Tampoco explicación. Ninguno de los fusilados pertenecía a un partido político. De hecho, algunos de ellos pertenecían a familias que se habían unido al Movimiento.
Es el caso de Eduardo Aparicio Fernández, director de la sucursal bancaria de Banco del Oeste de Ciudad Rodrigo. Su familia, residente en Béjar, pertenecía a la CEDA. Él no pertenecía a ningún partido o sindicato. Tras su detención y antes de que la influyente familia de Aparicio pudiera mover sus contactos fue fusilado junto a los otros seis hombres. Su hijo, Juan José Aparicio describe para Público la dramática situación que vivió aquellos días.
“La familia de mi padre, que se había unido al alzamiento, trató de evitar el fusilamiento. Primeros nos dijeron que estaba detenido en Salamanca. Después que estaba en Ciudad Rodrigo, pero que lo iban a poner en libertad. Finalmente, supimos que había sido asesinado en una finca del pueblo”, explica Juan José.
Eduardo Aparicio Plaza fue multado después de ser asesinadoLa familia Aparicio, no obstante, consiguió que los falangistas reabrieran la fosa donde estaba el cuerpo de Eduardo y se llevaron su cadáver, con un tiro en la frente y otro en el pecho, a Béjar. Los otros seis cuerpos que permanecían en la fosa desaparecieron esa misma noche. Todavía a día de hoy no han aparecido. Los familiares continúan buscándolos.
El asesinato de Eduardo Aparicio, sin embargo, no fue la única represión sufrida por su familia. Una vez terminada la Guerra Civil, el Tribunal de Salamanca abrió un proceso de responsabilidades políticas contra el fusilado y su viuda con el “único fin de incautarse del pequeño patrimonio familiar” que les quedaba. Las acusaciones realizadas contra Eduardo Aparicio para tratar de demostrar que era un 'rojo' son “cuanto menos ridículas”- Entre ellas, llevar corbata roja, recibir la noticia del asesinato de Calvo Sotelo con alegría y no acudir regularmente a la Iglesia.
Finalmente, la viuda de Eduardo Aparicio fue condenada a pagar 500 pesetas de multa. La humillación, no obstante, fue mayor que la multa. El juez instructor interrogó a la viuda sobre los motivos por los que su marido no había acudido al juicio obviando que había sido asesinado y dando por buena la versión de las autoridades de Falange: Eduardo Aparicio había sido puesto en libertad el mismo día que fue arrestado. “Al parecer, que su cuerpo estuviera enterrado no era prueba suficiente para el juez para demostrar que mi padre estaba muerto”, apunta Juan José, de 83 años.
La incautación de una central hidroeléctrica
Otro caso destacable de incautación acaecido en la provincia sucedió en la localidad de Béjar. Valentín Garrido Muñoz, concejal de Béjar y diputado provincial de Izquierda Republicana durante la República, puso en marcho una central hidroeléctrica en 1930 gracias a un préstamo del banco García y Cascón, según relata su nieto, Ramón, a Público.
El 4 de agosto del 36, Valentín ingresa en prisión junto a otros cargos provinciales de las instituciones republicanas. “A los pocos días de estar en prisión, una persona del banco le visita en prisión y le pide que haga una cesión de bienes como pago del préstamo contraído. Mi abuelo se niega a ello y le dice que no tiene que hacer ningún pago porque está cumpliendo religiosamente”, explica Ramón.
La negativa de Valentín tiene rápida respuesta. El 16 de agosto su hijo mayor, Ramón Garrido Lobo, recibió una paliza mortal en plena calle por parte de milicianos de Falange. Días después, el mismo responsable del banco vuelve a visitar a Valentín en la cárcel para volver a pedirle que haga la cesión de bienes al banco. Esta vez la reunión se produce a puerta cerrada en el despacho del director de la prisión. “Esta vez mi abuelo sí que firma la cesión y la hidroeléctrica pasó a ser del banco, que posteriormente las vendió por una cantidad multimillonaria a Iberduero”, explica el nieto de Valentín.
La madrugada del 31 de diciembre Valentín fue fusilado junto al alcalde de la localidad de Béjar y un trabajador del Ayuntamiento. Tras el fusilamiento, la familia huye a Salamanca donde monta una pequeña pensión con los escasos fondos que no les fueron arrebatados. Con el paso de los años y después de media vida dedicada a estudiar el caso de su abuelo Ramón dice haber conseguido realizar el encaje de bolillos que explica el fusilamiento de su abuelo. “Su asesinato responde a una estrategia premedita para eliminar a todos los que no pensaban como los vencedores, pero también para apropiarse de todos sus bienes”, concluye este hombre.
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