Lunes, 01 Julio 2013
Un año en el Gobierno andaluz le ha bastado a Izquierda Unida para poner en evidencia las clamorosas contradicciones de un sistema que dice respetar todas las opciones pero que, a la hora de la verdad, es incapaz de tolerar verdaderas políticas alternativas al neoliberalismo.
Incapaz, en suma, de moverse un milímetro de los dictados del totalitarismo financiero. Lo que durante 30 años ha sido atonía, autocomplacencia y degradación institucional, en Andalucía en apenas doce meses se ha convertido en verdadero impulso democrático, exploración a fondo de los límites de la soberanía autonómica y rupturismo con el régimen bipartidista de siempre. Y, por supuesto, ello ha derivado en conflicto y tensión, en amenazas y campañas de desprestigio. En definitiva, en una violenta reacción autodefensiva de los poderes fácticos. Pues bien, advertidos quedan: Izquierda Unida no dará un paso atrás.
El Decreto Ley para asegurar la Función Social de la Vivienda, el conocido como decreto contra los desahucios, sirve como ejemplo perfecto de cómo las políticas de Izquierda Unida hacen caer al suelo y romperse en mil pedazos las caretas de presuntos demócratas de los perros guardianes del statu quo. El Gobierno, por boca de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría (a la que sin duda susurra al oído el ex 'Lehmann Brother' Luis de Guindos), acaba de anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto, en una maniobra destinada a lanzar un mensaje claro: las políticas de izquierdas no caben en el sistema, no caben en la ley, porque no hay alternativa al neoliberalismo. Ante esta afrenta a la soberanía andaluza, Izquierda Unida llama a la defensa ciudadana del Decreto. Repetimos la advertencia: no habrá ni un paso atrás. La suerte de la movilización está echada.
El Decreto, 'marca 100% IU', salido del programa electoral y propuesto por la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige nuestra compañera Elena Cortés, fue aprobado en abril. “Basta, hasta aquí hemos llegado”, dijo Elena durante su presentación. Y probablemente la misma expresión resonó en numerosos despachos enmoquetados, desde donde a partir de ese día los teléfonos empezaron a volar con una consigna clara: “Hay que frenar el Decreto; no podemos permitir que una administración sancione a los bancos por tener viviendas vacías o por no dar uso social a sus viviendas protegidas; no podemos tolerar que expropie, a fin de evitar el desahucio, el uso de las viviendas cuando una persona en riesgo de exclusión social vaya a ser expulsada de su casa; no aceptamos de ningún modo que pongan el foco en las 700.000 viviendas vacías de la comunidad, queriendo darles un uso social, arruinando así la expectativa de futuras y estimulantes burbujas inmobiliarias...”
Los movimientos de la derecha desde la aprobación del Decreto dan cuenta de su rabia, su incomodidad y su pleitesía al capital financiero. Primero jugaron la carta del desdén. “El Decreto no servirá para nada”, decían. Luego, alarmados por su respaldo social y su concreción en medidas palpables, empezaron a repetir que el Decreto era “una copia de las medidas de Rajoy”. El PP andaluz garantizaba que el Gobierno no recurriría porque “sería una pérdida de tiempo”, en palabras de su dirigente José Luis Sanz. Pero, claro, ya conocemos lo que pinta el PP andaluz en España: entre cero y diez, exactamente cero.
Resulta ciertamente patético comprobar cómo mientras el PP andaluz no votaba en contra del Decreto en su convalidación parlamentaria y presentaba más de 80 enmiendas, el Gobierno cocinaba ya un recurso a sus espaldas. Para ello la banda de Rajoy no ha dudado en montar una operación de imagen, en realidad bastante cutre, a fin de hacer cundir la idea de que Bruselas (¿qué habrá hecho esa hermosa ciudad en otra vida para que su nombre haya acabado designando a los burócratas de la Comisión Europea?) imponía el recurso. La cosa ha consistido en filtrar unos correos electrónicos en los que la Comisión da cuenta de una incierta preocupación en realidad inducida por los informes del propio Guindos, según el cual el Decreto andaluz será algo parecido a las siete plagas de Egipto: acabará con el crédito, impedirá el acceso a la vivienda de los jóvenes, incrementará la prima de riesgo, desestabilizará el sistema financiero, dañará la marca España... En fin, sobran los comentarios. El discurso del miedo.
Lo que realmente ha actuado como desencadenante del recurso del Gobierno, que presentarán ahora que se han asegurado una mayoría conservadora en esa tercera cámara en que se ha convertido el Tribunal Constitucional, ha sido comprobar que el Decreto de vivienda de IU va muy enserio. Que no es una de esas normas de cartón piedra, destinadas sólo al titular de relumbrón, a las que nos ha acostumbrado la socialdemocracia. Que es un Decreto que da poder al pueblo, no subvenciones. Que hace justicia, no caridad.
Con el Decreto en la mano, la Consejería ha aprobado ya un plan de inspección que le está permitiendo buscar viviendas vacías e incorporarlas al primer registro de inmuebles deshabitados de España. Con el Decreto en la mano, una veintena de entidades financieras han tenido que comunicar a la Consejería, so pena de sanciones de hasta 120.000 euros, las VPO de sus balances. Con el Decreto en la mano, la Consejería ha iniciado la expropiación de siete viviendas (dos en Granada, dos en Málaga, dos en Huelva y una en Cádiz) a fin de evitar otros tantos desahucios de personas en riesgo de exclusión social. El relato de estas personas, que obtenían un respiro, un poco de margen para seguir luchando para evitar perder su techo, era la narración perfecta de cómo la política, cuando renuncia a la sumisión a los poderes no democráticos, puede aportar soluciones reales a quienes más las necesitan. Y eso era tan intolerable como que la mancha se extendiese y Navarra aprobase la semana pasada otra norma similar en su Parlamento. Enhorabuena a nuestros compañeros navarros, impulsores de la medida.
El Gobierno tiene ahora hasta el 12 de julio para recurrir. Nótese la trampa: el Gobierno recurrirá la medida ante el Constitucional, pero lo que ha servido como justificación para el recurso es que la Comisión Europea ha expresado sus dudas de que el Decreto andaluz permita cumplir las condiciones del memorando para el rescate financiero de España. ¿Se entiende? Acuden al Constitucional para defender el rescate a los bancos. Y ello porque no tiene ni pies ni cabeza la defensa de la inconstitucionalidad de un Decreto firmemente anclado en el artículo 33 de la Constitución, que establece la “función social” del derecho de propiedad. La Constitución no tutela usos antisociales de la propiedad.
IU responderá en las instituciones y en la calle al ataque del PP. El Parlamento continúa con la tramitación del Decreto como proyecto de ley. De momento, el Gobierno no puede parar eso: todavía no se ha atrevido a declarar el estado de excepción parlamentaria, que se sepa. El proceso parlamentario enriquecerá sin duda el texto, con enmiendas como las presentadas por Izquierda Unida, que ha realizado propuestas tan atinadas y justas como incluir entre los supuestos para ser beneficiario de la expropiación el ser un autónomo que haya puesto su vivienda como aval para su negocio. “Una medida radical”, se habrá dicho el ministro Lehmann Brother, “que sin duda pone en peligro la estabilidad del sistema financiero y que tiene toda la pinta de ser anticonstitucional”.
