La comarca del Guadalhorce hará apagones, concentraciones y una marcha por su hospital

Fuente: www.malagahoy.es

La única comarca sin hospital de la provincia intensifica sus movilizaciones para exigir la apertura de su hospital, acabado desde hace casi dos años y que continúa cerrado. Ayer, se celebró una asamblea en Cártama en la que un centenar de representantes de los 14 municipios acordaron apagones y concentraciones para reivindicar la apertura del centro sanitario. Las protestas se harán todos los viernes de forma ininterrumpida hasta el mes de septiembre. Las movilizaciones comenzarán el próximo día 5 de julio, según precisó Miguel Esteban, portavoz de la Plataforma pro Hospital del Guadalhorce, la convocante de la asamblea. 

Los apagones tendrán lugar en todos los municipios de la comarca, de 22:00 a 22:05. Así, los vecinos del Guadalhorce quiere llamar la atención de la compañía eléctrica Endesa que exige que las administraciones construyan una subestación eléctrica que dé servicio al hospital. El Ayuntamiento de Cártama dice que no puede asumir el coste de su construcción y la Consejería de Salud tampoco la hace porque sostiene que ese fue un compromiso del Consistorio. Lo cierto que la falta de suministro eléctrico es la excusa por la que la Administración sanitaria ni recepciona ni abre el hospital, cuyo inmueble es un edificio fantasma, sin uso. Coincidiendo con los apagones, la Plataforma ha acordado convocar concentraciones con velas en todos los municipios. 

Además, se organizará una marcha a pie -que aún no tiene ni fecha ni recorrido-, pero que no se descarta que cuando se hayan recogido las 10.000 firmas una el emplazamiento del hospital con la sede de la Delegación de Salud en la calle Córdoba. "La gente está unida y con ganas de pelear", dijo Esteban al hacer balance de la asamblea.

SOBRAN RAZONES PARA PEDIR LA APERTURA DEL HOSPITAL GUADALHORCE

1.- Por que 115.000 casos de urgencias al año en el Guadalhorce, son 115.000 razones para abrir el hospital ya.


2.- Por que muchos pueblos de la Comarca están a más de 40 minutos del hospital clínico, y si el hospital permanece cerrado se estaría discriminando, por accesibilidad, a los ciudadanos del Guadalhorce.


3.- Por que somos la única Comarca que no cuenta con un hospital comarcal abierto, por lo que estamos desprotegidos y discriminados con respecto a otros territorios.


4.- Por que es inaceptable política, económica y moralmente, invertir 22 millones euros de todos los andaluces en hacer un hospital y mantener las puertas cerradas.


5.- Por que la Comarca demanda más de 65.000 consultas especializadas y más de 35.000 intervenciones quirúrgicas al año.


6.- Por que la protección de la salud es un derecho de todos/as que debe ser garantizado y priorizado por el gobierno andaluz, que es la administración competente en materia sanitaria.


La unidad de todos/as nos permitirá hacer más fuerza para conseguir que la Consejería de Salud abra el Hospital del Guadalhorce. Si todos sumamos y nos comprometemos en esta lucha, se conseguirá.

Anímate y participa en la próxima Asamblea General de la Plataforma Pro-Hospital que se celebrará en Cártama el próximo viernes 28 de junio a las 20:00 h en el Centro de Formación (sede Guadalpyme).

Interesante entrevista del nuevo coordinador de IU-Andalucía Antonio Maíllo

Fuente: www.diariodesevilla.es

"La entrada en el Gobierno de la Junta ha acelerado la madurez de IU"

Asume resignado y falto de costumbre las indicaciones de la fotógrafa, que le lleva de un sitio a otro por la Alameda de Hércules. Es su primera entrevista a un medio escrito tras ser elegido coordinador de IU en Andalucía por abrumadora mayoría. Respuestas rápidas y directas, en su mayoría.

-¿Le inquietan tantos elogios?

-No, pero trato de poner distancias. Los agradezco, pero sin más.

-Fuera de IU es usted un gran desconocido aún. Defínase.

-Soy una persona comprometida, ése es quizá el calificativo que más se me ajusta. Le echo mucha pasión a todo lo que hago, tanto en el plano profesional, en el ámbito de la educación, como ahora en el político.

-¿Más político que maestro?


-Al contrario, más docente que político.

-¿Es una ventaja?


-Creo que sí. Hay que echarle pedagogía para difundir las propuestas que tiene IU, que son muchas y que creemos forman parte de las soluciones a muchos de los problemas de los andaluces.

-¿Una falta?


-¿Mía? La impaciencia. Tendré que modular bien que las cosas no pueden cambiarse inmediatamente y quizá en la paciencia tendré que tener más mimbres.

-Uno de sus retos será reforzar la organización interna de IU.


-El objetivo es que quienes estemos en la dirección de IU nos dediquemos en exclusiva a ella y, en esa línea, voy a renunciar a la Dirección General de Administración Local para dedicarme exclusivamente a fortalecer aquello en lo que tenemos más debilidad, que es el ámbito organizativo. Somos una fuerza que tiene una responsabilidad institucional como nunca antes la ha tenido y una fuerza solvente que ha hecho que mucha gente que nos miraba con distancia se incorpore a nuestro proyecto y nos vea como una referencia.

-¿Va a ser ése también el modelo en las organizaciones provinciales?


-Hombre, hay un condicionante, que se llama recursos financieros. Hay provincias donde la organización es más modesta y donde no puede haber tantas personas a sueldo trabajando para ella.

-Su antecesor, Diego Valderas, se quejaba precisamente de que la estructura regional de IU no gozaba de desahogo económico porque las provincias no aportaban recursos.

-Sí, será un debate que tengamos con las organizaciones provinciales. Para hacer posible el objetivo de reforzarnos como fuerza andaluza habrá que disponer de recursos del ámbito provincial con unos protocolos de obligado cumplimiento.

-¿Espera encontrarse las cuentas caninas?

-(Risas) Nosotros siempre hemos tenido las cuentas caninas. Siempre hemos sido una organización modesta y hemos actuado con mucha austeridad.

-El nuevo consejo andaluz, el nuevo órgano de dirección, se ha renovado de manera importante. ¿Se ajusta a su perfil?

-Me gusta decir que es una dirección innovadora y evidentemente refleja la emergencia de los treintañeros en este proyecto político, con hombres y mujeres muy formados, con mucho descaro político, inteligencia, frescura ideológica. Eso tiene su reflejo en el nuevo consejo y va a tenerlo en la nueva ejecutiva. Lo vamos a combinar con la experiencia de los mayores, que siempre serán un referente político que no se puede menospreciar.

-¿Es pues momento de relevos?


-Es el momento multigeneracional. La construcción de este proyecto necesita de mucha generosidad y de muchas complicidades, no sobramos nadie. Toda persona que sume siempre será un valor añadido y más en una formación como IU donde no estamos sobrados de referencias conocidas. La presencia en el Gobierno andaluz nos da una gran proyección porque la gente ve que estamos haciendo cosas.

-¿Puertas abiertas en IU?


-Claro que sí. Estamos en un proceso de convergencia política, de aumento de las alianzas en un bloque social y político en el que cabemos todos los que quieren enfrentarse a un modelo económico que nos está llevando al suicidio.

-Pilar González, ex secretaria general del PA, participó en la Asamblea. ¿Piensan contar con ella? Y hay otros nombres como Concha Caballero, Luis Carlos Rejón o Los Verdes
.

-Cuando hablamos de un bloque social y político no lo identificamos solo con IU, que es un instrumento muy importante en ese bloque. La convergencia se logra con el respeto a la identidad del otro y estableciendo alianzas. Los nombres que usted me cita son de personas muy valiosas.

-¿Les van a llamar, van a esperar que se acerquen?
-En este proceso no hay lugar para exclusiones porque los poderes a los que queremos hacer frente tienen mucha, mucha fuerza.

-Algunas de las personas que he citado salieron de IU no muy bien tras haber sido grandes referentes dentro y fuera de ella.

-De esos tiempos ni quiero acordarme ni creo que tengan ninguna relevancia política a estas alturas. La sacudida del capitalismo es tan fuerte que es necesario aunar fuerzas, eso sí, desde la unidad y la ausencia de divismo.

-¿Y los sindicatos? UGT y CCOO aplauden su elección.


-Tenemos con ellos unas relaciones inmejorables. Juntos formamos parte de ese bloque de convergencia de lucha contra las políticas neoliberales que están recortando y destrozando los derechos.

-¿Qué tiene que decir cuando un sindicato practica un ERE interno aplicando la reforma laboral?

-Desconozco esas situaciones. ¿En UGT o en CCOO?

-Se han dado en ambos casos.


-Pues son situaciones durísimas que los sitúan en una contradicción, pero son decisiones que respeto aunque no las comparta. Insisto en que desconozco los detalles.

-La juez Alaya acaba de acusar también a UGT y CCOO de haberse financiado ilegalmente con 7,6 millones a través de los ERE irregulares.
-La juez debe hacer su trabajo de manera eficaz y ágil, investigar hasta el final sea quien sea el investigado. Debemos hacer prevalecer la presunción de inocencia, ser precavidos en las valoraciones y contundentes en las conclusiones finales.

-¿Piensa tomar medidas contra la alcaldesa de Manilva por haber contratado a familiares?

-Hemos exigido su dimisión al grupo municipal como condición para seguir hablando. Se han negado y pedido la baja en IU. Allá ellos. En IU no caben esas prácticas ni quienes las defiendan.

-¿Como socio del PSOE, perjudica a IU la trama de los ERE?
-Es un caso de vergüenza total que perjudica a la imagen de Andalucía. Hay que seguir investigando hasta el fondo. Desde el punto de vista parlamentario, en IU dimos una respuesta nítida con la redacción del dictamen que ni PSOE ni PP quisieron aprobar. Fue un error por parte de ambos.

-¿Ha madurado IU con su entrada en el Gobierno de la Junta?

-IU lleva madurando en un proceso que surgió con la elección de Cayo Lara como coordinador federal en 2008, en una necesidad de situarnos políticamente como alternativa en el comienzo de la crisis, y la entrada en el Gobierno de Andalucía nos ha situado en un proceso acelerado de madurez política. Hemos tenido una actitud de valentía que se nos reconoce por la sociedad andaluza, que nos recomendó dar el salto al Gobierno para defender derechos públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Ese salto de madurez se ha confirmado en esta asamblea.

-¿Fue un error no entrar en el Gobierno de la Junta en 1994?
-La travesía en el desierto posterior nos dio la respuesta.

-¿Qué nivel de cumplimiento le da al programa de IU en el Gobierno andaluz?
-(Pausa). Satisfactorio. Tenemos que darle un acelerón a varias medidas: banco de tierras, creación de un instrumento financiero para dar apoyo a las pymes y los autónomos, renta básica y ley de transparencia y participación. Este segundo año es clave para que las iniciativas que se empiecen puedan estar en marcha antes del final de la legislatura.

-¿En qué consistiría ese instrumento financiero?

-Puede ser una banca pública, un instituto de crédito... Con independencia de su nombre, el objetivo es que sea útil para dar crédito y generar economía a pequeña escala.

-Eso ya se pretendió hace años con la entidad financiera común, aquella caja de cajas andaluza.
-La caja de cajas fue una gran frustración. Estamos a la espera de los informes técnicos para ver cómo puede encajar mejor nuestro proyecto para ayudar a los pequeños y medianos empresarios, aunque empecemos de forma modesta.

-¿Con qué fondos se nutriría esa institución?
-Vamos a verlo, pero el arranque sería con fondos públicos.

-¿El decreto antidesahucios es un precedente de la política que quieren hacer?
-El decreto social de la vivienda, a pesar de las limitaciones competenciales que tenemos, demuestra que se pueden abrir fisuras en el sistema para cambiar las cosas y abrir esperanzas.

-La reforma de la Ley Electoral andaluza no la ha citado.

-No la he citado pero es importante. Tiene un objetivo: que en el Parlamento se refleje la pluralidad política existente en la sociedad andaluza, siempre y cuando no suponga un aumento de los recursos económicos que actualmente se destinan a la Cámara.

-El PSOE les ha dicho que de momento no toca.

-Bueno, lo seguiremos hablando. Hay prioridades, que son el empleo y los derechos sociales.

EL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA DA SU APOYO A LA PLATAFORMA PRO HOSPITAL

Los Ayuntamientos de la comarca continúan aprobando la moción de apoyo a la Plataforma Pro hospital, el Ayuntamiento de Cártama aprobó la moción por unanimidad en el pleno del pasado jueves día 20.
La plataforma Pro hospital integrada por los ayuntamientos, asociaciones diversas, partidos políticos y sindicatos está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas solicitando la apertura del hospital.
En el primer acuerdo de la moción el Ayuntamiento de Cártama da su apoyo a la Plataforma Pro hospital y  apoya las acciones que se lleven a cabo para reclamar la apertura del hospital.
El ayuntamiento de Cártama está colaborando en la recogida de firmas de la plataforma pro hospital, todo los vecinos/as que lo deseen pueden firmar en las dependencias municipales  la solicitud colectiva que está haciendo la Plataforma Pro Hospital. Esta solicitud será entregada a la consejería de Salud de la junta de Andalucía, junto con las demás propuestas  recogidas en la moción aprobada por el Ayuntamiento de Cártama.
El segundo acuerdo de la moción. Insta a la consejería de Salud de la Junta de Andalucía a desbloquear el asunto y a que firme un convenio con Endesa en las mejores condiciones económicas posibles, para resolver el suministro eléctrico al hospital, a adelantar el dinero y poner plazos para la ejecución de los trabajos.
El tercer acuerdo de la moción, insta a todas las administraciones implicadas a buscar una solución viable técnica y económica para resolver el acceso viario del  hospital a la autovía A-357. Incluyendo en el acuerdo la inversión, la financiación y plazos de ejecución.
En el cuarto acuerdo de la moción se insta a la consejería de salud de la junta de Andalucía a que una vez terminada la infraestructura que falta, recepciones el hospital, lo equipe y lo dote de personal sanitario y no sanitario para su inmediata apertura y que indique cuando será la apertura.


Todas las peonadas deben computar para el empleo agrario

La Junta de Andalucía reclamará al Gobierno central la modificación de la normativa reguladora del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para que se computen todas las peonadas y no se rechace ninguna petición por no cumplir el requisito de tener un mínimo de 20 y otros exigidos por la normativa en vigor. Así lo dijo el Vicepresidente Diego Valderas tras el Consejo de gobierno de este martes.
De la misma manera, la Junta también solicitará que el trabajo realizado en el marco del Programa de Emergencia Social puesto en marcha en Andalucía sirva de cómputo para ser beneficiario del PFEA, además de reclamar un programa especial basado en una mayor aportación económica estatal. Valderas propone retirar la reducción del límite de las 20 peonadas, porque 10.000 familias del conjunto de Andalucía se van a quedar sin poder acceder al subsidio de empleo agrario, es decir, a la prestación social, en el medio rural. Hay que agotar todas las posibilidades para que nadie se quede sin acceder a esa necesaria e imprescindible prestación social.
Para ello se hace necesario modificar el real decreto ley de 1997 al objeto de incluir dos elementos esenciales: que puedan computarse -para alcanzar las 20 peonadas que se exigen para este año en los jornales del campo- todas aquellas jornadas que se deriven del plan frente a la lucha contra la exclusión social, y, computar las peonadas que se realicen en el marco del propio PFEA. Ello permitirá que ningún andaluz con derecho al PFEA se quede sin la prestación social correspondiente en función de la aportación de peonadas.
La Junta de Andalucía ha adelantado en dos meses la convocatoria de las normas que regulan la concesión de subvenciones a las diputaciones para financiar los costes de adquisición de los materiales de los proyectos correspondientes a 2013, que mantienen su aportación autonómica de 44,3 millones de euros (la misma que en 2012). Valderas ha subrayado la prioridad que su departamento concede al cumplimiento de los plazos para el anticipo de estos pagos, toda vez que producen un alivio en el esfuerzo financiero que deben realizar los ayuntamientos en la financiación de las obras del PFEA. Aquí http://bit.ly/11lEdor se puede ver que ya en 2012 se adelantaron de nuevo los plazos dos meses.
Valderas anuncia la disposición expresada por la Junta reiteradamente para hacer un esfuerzo complementario en función de la aportación que plantease el Estado. Si el Gobierno decidiera una mayor aportación de recursos al PFEA, "ahí también estaría la Junta con una disposición a la colaboración más estrecha". Respecto al asunto de las peonadas, la Junta está dando traslado de una demanda que han puesto sobre la mesa jornaleros, organizaciones agrarias, ayuntamientos y diputaciones y que, en modo alguno, se plantea como elemento de confrontación.
El PFEA es un programa ejemplo de colaboración entre administraciones en el que la Junta de Andalucía, pese a la difícil situación económica, ha decidido mantener la misma partida que en el año anterior.
Este programa de fomento del empleo agrario es un instrumento fundamental para paliar los efectos del paro en el mundo rural y cuenta en este ejercicio con una dotación presupuestaria de 206,80 millones de euros, procedentes de las administraciones central (147,7 millones para subvencionar los costes salariales y la cotización empresarial de los trabajadores desempleados) y de la autonómica y las diputaciones provinciales, que aportan el resto con el 75 por ciento y el 25 por ciento, respectivamente, para la adquisición de materiales para la realización de las obras.
Asimismo, la Consejería de Administración Local está trabajando para firmar la próxima semana el primer convenio del PFEA de este año. La previsión es que a finales de julio estén suscritos todos los acuerdos con las diputaciones provinciales para facilitar el inicio de las obras y servicios (2.041 proyectos).
También, como novedad, la convocatoria de este año fija la entrega de fondos al 31 de octubre próximo en lugar del 31 de marzo del 2014. Asimismo, se establece el reintegro total de los fondos cuando la ejecución del proyecto es inferior al 70 por ciento. El PFEA 2012 contó con una dotación total de 206,8 millones, de los que 44,3 fueron aportados por la Junta. Se desarrollaron 2.041 proyectos que generaron 2,04 millones de jornales (65.850 más que el año anterior). El número de trabajadores beneficiados se incrementó en 3.426 respecto a 2011, ascendiendo a 106.713.
A través del PFEA se financian obras de interés general, social y de infraestructuras en sectores como el agrícola, ganadero, industrial y de servicios. Igualmente, se realizan acciones como construcción de centros sociales, parques o jardines, urbanización de polígonos industriales, mejora del alumbrado público y conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras.
El PFEA actúa como un elemento de cohesión social y territorial, facilita la permanencia de la población rural en sus territorios y permite a los municipios --especialmente a los de zonas históricamente desfavorecidas-- mejorar sus infraestructuras y estimular las economías locales y facilitar a los jornaleros el acceso al régimen especial agrícola.

Antonio Maíllo, nuevo coordinador de IULV-CA

Maíllo, anterior responsable de Política institucional, ha obtenido el respaldo de casi el 84% de los delegados

16.06.2013 | 18:15
Maíllo abraza a Diego Valderas.
Maíllo abraza a Diego Valderas. 
El hasta ahora responsable de Política Institucional de IULV-CA y director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha sido elegido como nuevo coordinador general de la federación con el apoyo del 83,8 por ciento de los 525 delegados que han ejercido el derecho al voto en la XIX Asamblea Andaluza que se celebra en Bormujos (Sevilla).
En concreto, la candidatura de Maíllo, respaldada por el Partido Comunista de Andalucía (PCA) y la corriente Izquierda Abierta, ha logrado 440 votos y 83 miembros en el nuevo Consejo Andaluz, mientras la lista alternativa encabezada por la portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), Encarnación Milla, avalada por el CUT-BAI que lidera Juan Manuel Sánchez Gordillo y de Izquierda por la Base, ha obtenido 85 votos (un 16,19 por ciento) y 16 miembros en el Consejo Andaluz. Además se han registrado diez abstenciones.
Con posterioridad, el nuevo Consejo Andaluz junto a los ocho coordinadores provinciales ha elegido definitivamente a Maíllo como nuevo coordinador general con el voto favorable del 83 por ciento y con la abstención de los representantes de la lista minoritaria, con lo que se convierte en el nuevo líder de IULV-CA tras trece años ininterrumpidos de Diego Valderas, actual vicepresidente de la Junta, al frente de la federación de izquierdas.
Se da la circunstancia de que el nuevo coordinador general ha registrado un apoyo de 9,5 puntos más que el de Valderas en la última Asamblea, celebrada en noviembre de 2008 en Salobreña (Granada), cuando obtuvo un respaldo del 74,31 por ciento de los delegados.
Natural de Lucena (Córdoba) y de 47 años de edad, Maíllo era hasta ahora responsable de Política Institucional de IULV-CA y fue 'fichado' por Valderas como director general de Administración Local al inicio de la legislatura, primera en que IU se integra en el Gobierno andaluz en coalición con el PSOE-A.
Ahora deberá abandonar esta responsabilidad institucional para dedicarse en exclusiva a las tareas orgánicas como coordinador general. Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y funcionario de la Junta de Andalucía, ha ejercido como profesor de latín y griego en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Aracena (Huelva), municipios en los que también ha sido concejal.
También fue jefe de servicio en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura bajo la dirección del socialista Francisco Álvarez de la Chica, actual portavoz parlamentario del PSOE-A.

Andalucía, desde la unidad, contra la violencia de género

Jueves, 06 Junio 2013
El lunes pasado se firmó en la sede de la Presidencia del Gobierno de Andalucía el Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la Mejora en la Actuación ante la Violencia de Género. Diego Valderas respaldó este importante documento.
Este instrumento que se implanta de manera pionera en todo el estado, desde Andalucía, incorpora por primera vez a los agentes sociales (sindicatos y empresas) en un procedimiento institucional para la prevención y actuación frente a la violencia de género, e incluye como víctimas directas del maltrato a los hijos e hijas de mujeres víctimas.
Se trata de las dos principales novedades de un acuerdo que cuenta con la firma de siete consejerías implicadas (Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; Educación; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda y Salud y Bienestar Social), además de la Delegación del Gobierno central en Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos mayoritarios, UGT-A y CCOO-A.
El acuerdo, que renueva el procedimiento de coordinación creado en 1998 y actualizado en 2004 (tras la aprobación de la Ley integral contra la Violencia de Género), tiene como objetivo mejorar la atención (social, sanitaria, policial, judicial...) a la víctima, evitándole demasiados pasos por el sistema o repeticiones del relato de su situación (lo que contribuye a la victimización secundaria), así como mejorar la atención a menores hijos de víctimas, que son también víctimas directas de violencia de género.
El objeto, por tanto, de este acuerdo es vertebrar y cohesionar las políticas públicas, institucionales y organizativas en materia de igualdad.
Andalucía avanza, desde la unidad de las administraciones, las instituciones y las organizaciones sociales, promoviendo instrumentos que hagan más eficaz la lucha contra la violencia de género.

Cayo Lara descarta que IU pueda estar en ningún pacto de Estado mientras no se suprima la modificación del artículo 135 de la Constitución y no se derogue la Reforma Laboral

Lunes, 3 de junio de 2013


El coordinador federal de IU afirma que esas prioridades “ya las saben el señor Rubalcaba y el señor Rajoy”, al tiempo que indica que no vale un acuerdo “sólo para barnizar” sino para hacer cambios reales

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, descartó hoy que su formación vaya a estar en un pacto sobre el que públicamente se lanzan continuos mensajes de cara al exterior desde el Gobierno, el PP y el PSOE mientras no se suprima la modificación del artículo 135 de la Constitución firmado a toda prisa por estas formaciones antes de las pasadas elecciones generales de 2011 para primar el pago de la deuda soberana sobre el mantenimiento de las políticas sociales y mientras no se derogue la reforma laboral.

Lara aseguró en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados a preguntas de los informadores que “no queremos forma parte de ningún tipo de acuerdo con este Gobierno sobre las bases que se están planteando. Para que haya un auténtico pacto de Estado en este país hay que cambiar los elementos centrales. No nos vale con barnizar”.
El máximo responsable de IU aseguró que estas prioridades para entablar un diálogo “ya las saben el señor Rubalcaba y lo sabe el señor Rajoy” y completó su planteamiento explicando que un pacto de Estado “es algo mucho más serio” que lo esbozado hasta ahora por el secretario general de los socialistas.

Recordó que “Rubalcaba estaba ahí”, en referencia al anterior Ejecutivo socialista, cuando desde 2010 se aplicaron sucesivas medidas de recorte y se rechazaron una tras otras las propuesta que lanzó IU para tratar de abordar la grave crisis económica sin que afectara a los derechos sociales y laborales de la inmensa mayoría de personas afectadas por ésta y que no eran responsables de la situación.

De igual forma, señaló que mientras Izquierda Unida estuvo en la calle con los trabajadores desde el primer momento, otros se dedicaron a hacer reformas laborales o a aceptar complacientes todas las imposiciones que llegaban de Bruselas. “Cambiar ahora -dijo- de la noche al día, con todos los respetos del mundo, da muy poquita credibilidad”.

Sobre el intercambio de ofrecimientos de entendimiento que se vienen realizando desde el PP y el PSOE insistió en la idea de que un “auténtico pacto de Estado no pasa por barnizar” lo que es el “fondo dramático del problema: la existencia del artículo 135 de la Constitución”.

Incidió también en que, más allá de la buena voluntad de quienes están lanzando la idea, “no creo que detrás de ella haya un deseo serio de realizar cambios reales”, ni tampoco que “se pueda tener un discurso en el Gobierno y otro en la oposición”, en alusión al PSOE.

Cayo Lara aseguró gráficamente que “no se puede soplar y sorber al mismo tiempo” en alusión a cómo puede tener lugar un acuerdo sobre empleo mientras esté vigente la última reforma laboral impuesta por Mariano Rajoy “que destruye puestos de trabajo cada día” o sin que se materialice una reforma fiscal progresiva con medidas concretas y un plan contra el fraude fiscal.

El coordinador federal rechazó las “cortinas de humo” que hay detrás de estos llamamientos al diálogo y señaló que en la oposición cada uno “tiene sus propias recetas” frente a la crisis, por lo que no es de recibo que nadie trate de monopolizar con las suyas a toda la oposición.

“Rubalcaba no está en condiciones de abanderar nada porque, desde el punto de vista de la credibilidad, tiene menos que el presidente del Gobierno y, además, se lo ha ganado a pulso”, dijo en referencia a que es al jefe del Ejecutivo a quien le corresponde desde su posición decir qué cosas está dispuesto a cambiar de sus políticas para ver hasta dónde está dispuesto a llegar el giro que pueda dar a sus actuales políticas neoliberales.

Respecto a un posible acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para llevar al debate del próximo Consejo Europeo de finales de junio, Cayo Lara adelantó que Izquierda Unida volverá a plantear sus propuestas porque “siempre somos constructivos de cara a Bruselas”, aunque sin entrar en otras “estrategias” externas. Indicó que esperará a la intervención de Rajoy de la semana próxima para ver qué opciones hay.

ABIERTO EN CÁRTAMA EL PLAZO PARA SOLICITAR TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO QUE SE ADHIERE AL PLAN ANDALUZ CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA.

El Ayuntamiento de Cártama se ha adherido al Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, desarrollado por el Gobierno Andaluz. En este sentido, y conforme al Programa de Ayuda a la Contratación que contempla este Decreto Ley, abrirá mañana el plazo de presentación de solicitudes para la selección de personal siguiendo los criterios y condiciones establecidos en este Decreto.
El Decreto contra la exclusión social aprobado por la Junta de Andalucía el pasado 30 de abril establece como requisitos para acogerse al mismo ser mayor de edad, ser demandante de empleo de más de doce meses durante los últimos dieciocho meses y formar parte de una unidad familiar que esté empadronada en el mismo domicilio desde el 1 de junio de 2012 y cuyos ingresos económicos no superen los 798,77 euros. Además, la norma exige que la situación de exclusión social del solicitante quede acreditada mediante un informe social.
En cuanto a las tareas que desempeñarán las personas contratadas con cargo a este programa, la norma impide a los ayuntamientos destinar los contratos a servicios habituales ya previstos en el presupuesto.
El Plan de Acción Social- aprobado recientemente en el Parlamento Andaluz- se estructura en tres grandes medidas; Por un lado, se destinará 60 millones de euros a crear empleo a través de los ayuntamientos de los que la Junta destinará 40 millones de euros a contratar a personas por períodos de 15 a 3 meses. Se prevé un total de 40.000 contratos. Igualmente, se destinarán 20 millones de euros a reforzar la ley de dependencia, la ayuda a domicilio y los servicios sociales que el gobierno de Rajoy ha ido recortando, el último con un tijeretazo de 1.000 millones de euros.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Izquierda Unida reprochó al Gobierno central que "no se dé cuenta de que cada medida que toma hace que aumente la exclusión social” y dijo que para la Junta de Andalucía, sí “hay prioridades” y estas se basan en “la lucha contra la exclusión social”. También defendió que la medida sobre comedores escolares se pueda hacer en los centros de día para que tampoco “ninguna persona mayor se quede sin comer”.
Sobre el aspecto laboral del plan, explicó que “se persigue que se pueda dar, de acuerdo con los servicios sociales de los Ayuntamientos y en colaboración con éstos, empleo a familias que en cualquiera de los pueblos de Andalucía más lo necesiten”.
Finalmente, resaltó que el decreto-ley contra la exclusión social es complementario al relativo a la Función Social de la Vivienda, ya que, según explicó, ambos garantizarán dos elementos fundamentales como son “el techo y la alimentación”.
El resto de medidas para ayudar a las personas más desfavorecidas será agilizar el acceso a la renta básica y desarrollar un programa de solidaridad alimentaria al que se destinarán 16 millones de euros, para que todos los niños tengan garantizadas al menos tres comidas consistentes al día a través de los comedores escolares, los centros de día o la colaboración con ONG. Por último Valderas pidió al PP que se sume al plan contra la exclusión social y manifestó el deseo de extender la iniciativa de los comedores a los ancianos. 
En Cártama, Las solicitudes se pueden recoger en las dependencias municipales y se pueden descargar en la página web municipal www.cartama.es.  Y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama o en la Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama.
 En cuanto a  la documentación, los solicitantes deberán presentar su la solicitud correspondiente debidamente cumplimentada, fotocopia compulsada del DNI, fotocopia del Libro de Familia o del Certificado de Uniones de Hecho, certificado de empadronamiento histórico colectivo, certificado del Servicio Público de Empleo que acredite estar inscrito como demandante de  empleo durante un periodo igual o superior a un año, declaración expresa responsable del solicitante de los ingresos percibidos en la unidad familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
Además, en el caso de que se den las circunstancias contempladas en el artículo 9 de este Decreto Ley (prioridades en la adjudicación de los contratos financiados con cargo al Programa de Ayuda a la Contratación), se deberá aportar: Certificado del Servicio Público de Empleo por cada uno de los miembros activos de la unidad familiar, en el que se acredite su situación como demandante de empleo durante los seis meses anteriores a la solicitud; fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa, fotocopia compulsada del Certificado de Discapacidad, documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género, documentación acreditativa de tutela, acogimiento familiar o guarda.

El Gobierno obligará a jubilarse a los parados mayores de 61 años, que perderán dinero


La medida supondrá un recorte de entre un 18 y un 22% de su futura pensión


Decreto a Decreto, Orden Ministerial tras Orden Ministerial, sin mucho ruido para que la mayoría de los ciudadanos se encuentren ante hechos consumados, el Gobierno del PP aprueba mes tras mes nuevas medidas que suponen recortes en las prestaciones a los parados o recortes en el sistema de pensiones. Sin ser citadas en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros, con circulares que se envían al Servicio Público de Empleo (Inem). La última circular estipula que, a partir del próximo lunes, los parados con 61 años o más serán obligados a jubilarse, con lo que perderán entre el 18 y el 22% de su pensión, según ha denunciado Comisiones Obreras.

Parados mayores de 55 años, flagelados por el Gobierno
El Gobierno ha remitido una circular a los funcionarios del Servicio Público de Empleo en la que se les ordena que, a partir del próximo lunes, deberán notificar a los demandantes de la prestación por desempleo mayores de 55 años, que deberán jubilarse obligatoriamente a los 61 años aunque sigan en paro. Al jubilarse entes de los 65 años (a partir de 2027 la edad obligatoria de jubilación será a los 67 años), sus pensiones serán más bajas, concretamente entre un 18% y un 22% si es en un despido colectivo o por otras causas objetivas, según los cálculos de CC.OO.

Parados mayores de 55 con pareja con sueldo, sin derecho a paro
A esta nueva orden se suma la reciente reforma de las prestaciones por desempleo aprobada por el PP que, entre otras cosas, obliga a tener en cuenta ahora las rentas de la unidad familiar. Así por ejemplo una pareja en la que uno de los dos cobre 968 euros mensuales y el otro esté en paro y tenga más de 55 años, no podrá acceder al subsidio para mayores de 55 años y, además, perderás las cotizaciones a la Seguridad Social para la posterior pensión de jubilación.

Castigo a las rentas más bajas
Comisiones Obreras ha denunciado en una nota de prensa que con estas medidas el Gobierno “una vez más, haciendo valer la máxima de ‘en caso de duda, se deniega’, se decide sin criterio contra los parados”. El sindicato considera que el único objetivo del Gobierno del PP es reducir el presupuesto del Estado en prestaciones sociales, sin tener en cuenta las necesidades de las personas.

En definitiva considera que, con estas medidas “se castiga a las familias de rentas más bajas y se dejan desprotegidas a miles de personas que han perdido su empleo a los largo de la crisis, justo en la última etapa de su vida profesional y cuando más difícil resulta encontrar un puesto de trabajo”.

Fuente: www.elplural.com

ALTERNATIVAS A LA CRISIS

NOS INFORMAN DE LA CANCELACIÓN DEL ACTO,  POR UNA REUNIÓN IMPREVISTA EN EL PARLAMENTO




EL COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE LA ESTACIÓN DE CÁRTAMA NO SE CONSTRUIRÁ Y EL INSTITUTO SE ATRASA


Cártama 24 de mayo 2013
En el pleno de ayer hice dos preguntas al equipo de gobierno.
¿Por qué se ha suspendido la reunión prevista entre la empresa adjudicataria para la construcción del (IES) Instituto de enseñanza secundaria en la Estación de Cártama, y los constructores locales para la subcontratación de las obras?
Y segunda pregunta, ¿Cuándo se va a adjudicar la construcción del colegio de infantil y primaria (CEIP)que se lleva prometiendo dos cursos?
Nuestros  gobernantes locales no se enteran de que las mentiras tienen las patas muy corta, y ayer volvieron  a mentir y a arremeter contra mí, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento cuando hice estas dos preguntas
 Que me informe bien, que es falso que se haya dicho que se va a construir un colegio de primaria en la estación de Cártama.

 Enlace a la noticia en diario SUR el día 22 de mayo de 2011, http://www.diariosur.es/v/20110522/interior/nuevo-colegio-aliviara-falta-20110522.html

 y este otro  es a la página web de la delegación en Málaga de la consejería de Educación, cultura y deporte de la Junta de Andalucía ttp://www.educacionenmalaga.es/index.php/2011/09/el-delegado-de-educacion-supervisa-en-cartama-las-instalaciones-educativas-antes-del-incio-escolar/  Donde puede comprobarse el hecho en la noticia del 08 septiembre de 2011.

En el debate que originaron mis preguntas quedó muy claro que no existe ningún proyecto para construir el colegio de primaria.

Respecto al Instituto de enseñanza secundaria, dijeron que se ha suspendido la adjudicación a la constructora “por defectos en la documentación?” Y que en unos 20 días se adjudicará a otra constructora.  La única duda que me queda es cuanto se atrasará la construcción del Instituto.

Manuel L Infantes.
Concejal IU Cártama

Se reactiva la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce


 Empieza a recoger firmas e impulsa mociones en 13 ayuntamientos por su apertura.
 (Leonor García Málaga)


Los vecinos del Guadalhorce vuelven a movilizarse por su hospital. Ayer se reunió la plataforma que ha luchado por esa infraestructura sanitaria para la comarca -la única de la provincia que carece de ella- y decidió reactivar sus movilizaciones. Partidos políticos, ayuntamientos y organizaciones sociales se han vuelto a poner en marcha para exigir ese centro sanitario. Ayer, el portavoz de la Plataforma, Miguel Esteban, recordaba que la coordinadora ya ha dado dos batallas. La primera, hace casi una década para conseguir que la Junta de Andalucía accediera a construir el hospital porque la postura inicial de la Administración autonómica era no hacerlo. La segunda, cuando la obra se demoraba para que los trabajos cogieran ritmo y se terminaran. En plena crisis y con cuatro años de retraso, al final el edificio se acabó. Pero lleva más de un año y medio finalizado y sin abrirse. "Nos queda la tercera batalla. Luchar por su apertura", indicó Esteban. De momento, las organizaciones que integran la plataforma se han propuesto dos estrategias: una, recoger 10.000 firmas para reclamar a la Consejería de Salud la puesta en marcha del centro sanitario, y otra, impulsar mociones en los 13 ayuntamientos de la comarca con el mismo objetivo. 

La reunión de la plataforma se prolongó desde las 19:30 hasta casi las 22:00. Al finalizar, todas las organizaciones participantes se llevaron ya los documentos para empezar a recoger rúbricas y el texto de la moción que elevarán a pleno todos los consistorios de la comarca del Guadalhorce.La plataforma estima que la apertura del hospital requiere seis millones de euros para equipamiento y que su funcionamiento anual supondrá un gasto de en torno a unos 22 millones; unos 10 en personal y en torno a 12 en gasto corriente. El hospital requiere para su apertura unos 300 trabajadores entre sanitarios y no sanitarios. 

Pero el escollo, o al menos la excusa que pone la Junta de Andalucía, es una subestación eléctrica que exige Endesa para dar suministro al hospital; requisito sin el que no recepciona la obra. El problema es que, inicialmente, el coste se fijó en 300.000. Pero ahora la compañía eléctrica exige una infraestructura valorada en dos millones. Tanto la Consejería como el Ayuntamiento consideran "un abuso" que la compañía eléctrica exija que sean las administraciones las que paguen esa infraestructura. "Tenemos que hacer unas inversiones por algo que ellos van a explotar y rentabilizar", dijo el primer teniente de alcalde de Cártama, Miguel Espinosa. Pero la ley ampara aparentemente ampara a Endesa. Un decreto de 2002 obliga al promotor a hacer las mejoras en la red eléctrica para asegurar el suministro. 

Esteban añadió: "Creemos que Endesa quiere hacer una infraestructura no solo para el hospital sino para el polígono y para la zona de ampliación de Cártama a Cártama estación. Si quieren hacer algo más, que lo costeen ellos". La Plataforma estima que el coste para la conexión que requiere el hospital costaría unos 300.000 euros. En cuanto al acceso viario, la plataforma entiende que le corresponde hacerlo al propietario del suelo.

Fuente: Málaga Hoy

Elena Cortés da ejemplo y pone en alquiler las viviendas de la Junta


La medida, coherente con el Decreto-Ley de Vivienda, complementa las sanciones a bancos por tener casas vacías (9.000 euros por inmueble) y por ocultar sus VPO (120.000 euros)
La política de vivienda de la Junta de Andalucía, en manos de Izquierda Unida, tiene a la derecha desquiciada. Al PP no le ha gustado nada que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, haya terminado con la obsesión especulativa de la construcción que regía las políticas públicas hasta ahora para empezar a forjar una cultura de la rehabilitación. También le ha irritado sobremanera que con menos competencias que el Gobierno central haya paralizado en seis meses más de 1.500 desahucios en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ejemplo de libro de cómo hacer la política con mentalidad de movimiento social. Además le ha hecho poner el grito en el cielo el enfoque del nuevo Plan de Vivienda, con sus prioridades en larehabilitación, el alquiler social, la autoconstrucción y el cooperativismo. E igualmente le ha sacado los colores la paralización de todos los desahucios en el parque público  de vivienda. En general, a la derecha de Juan Ignacio Zoido y compañía le abren las carnes las políticas de IU en la Consejería, que parten de la consideración de lavivienda como derecho humano y no como mercancía, porque retratan cruelmente por contraste la que hacen los Gobiernos del PP, singularmente el central: carpetazo a la ILP de la dación en pago, desahucio exprés para los alquileres, socialización del agujero inmobiliario mediante el banco malo, sumisión a los dictados de la Troika y de las entidades financieras...
especulativoPero lo que definitivamente ha sacado de sus casillas al PP ha sido el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos por tener viviendas vacías y de hasta de 120.000 por no comunicar las viviendas protegidas que hay en sus balances. La norma andaluza, con sello '100% IU', fija también incentivos (no sanciones) para que los particulares encuentren más atractivo sacar sus viviendas en alquiler y establece laexpropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por los bancos en caso de que el morador que va a ser desahuciado se encuentre en una situación acreditada de exclusión social. Del consenso bipartidista asentado sobre la máxima de que “la paciencia con los bancos es infinita”, en palabras del ex ministro José Blanco, en Andalucía se ha pasado al “basta ya, hasta aquí hemos llegado”, en expresión de nuestra compañera Elena Cortés. Y por ahí la derechona no pasa.
¿Qué han hecho al respecto? Por supuesto, como corresponde a la labor de oposición de Zoido, el ridículo. Ridículo que se acentúa cada vez que toma la palabra su portavoz de Vivienda, Alicia Martínez, a cuyo lado Esteban González Pons es ejemplo de rigor y diligencia. Primero los derechistas se equivocaron cargando contra el Decreto-Ley con dos argumentos de difícil convivencia: uno, el Decreto-Ley es “totalmente inútil”; dos, el Decreto-Ley es una copia de las medidas de Mariano Rajoy. O sea, que según el PP andaluz, y en un sencillo silogismo, las medidas del presidente del Gobierno son inútiles.
Zoido y los suyos amenazaron después con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Pero, en parte por la altísima popularidad del mismo, en parte porque es impecable jurídicamente, al final se la terminaron envainando. Al menos de momento, porque ahora Luis de Guindos, el ex de Lehman Brothers que dirige el Ministerio de Economía, ha filtrado una comunicación informal (no se sabe ya si fue una carta o un email) de la Comisión Europea sobre el Decreto-Ley con objeto de armarse de argumentos para un posible recurso. Otra vez quieren hacer creer que no hay alternativa, que hay que recurrirlo por imposiciones externas. ¿Se atreverán? De momento, será interesante ver la actitud del PP andaluz ante la visita de esta semana de los hombres de negro a Madrid para conocer el Decreto-Ley. ¿Se situará Zoido junto a la Troika o junto al Parlamento andaluz, donde actualmente se debate la norma como proyecto de ley?, ¿defenderá Zoido la Constitución española y el Estatuto de autonomía o el memorando del rescate financiero?
Los argumentos del PP contra el Decreto-Ley han ido fracasando uno a uno, fundamentalmente porque se han basado en un discurso del miedo absolutamente inverosímil, según el cual la norma dificultará el acceso al crédito. Es increíble que digan tal cosa cuando la banca española, tras recibir 600.000 millones de euros de dinero público (y lo que queda, si se lo permitimos) continúa con el grifo cerrado. Así que, frustrados sus argumentos, la bancada de Zoido se ha lanzado al que es, junto al ridículo, su otro elemento distintivo: el uso sistemático y desvergonzado de la mentira. A lo largo del último mes el PP se ha afanado en una intensa campaña de desprestigio del Decreto-Ley basada en mentiras flagrantes y groseras manipulaciones: “La consejera desahucia”, mienten, porque lo cierto es que el andaluz fue el primer Gobierno de España en paralizar los desalojos en su parque público en junio del año pasado. “Fue miembro del Consejo de Administración de Cajasur”, mienten de nuevo. “La consejera es la mano negra que controla las corralas. Es una bandolera”, braman, en una afirmación tan descabellada que se comenta sola.
Pero sin duda la afirmación más repetida es que “la Junta tiene miles de viviendas vacías”. Algunos días decían que 5.000, otros que 30.000 y otros que 60.000 viviendas vacías. Qué más da, si siempre encuentran terminales mediáticas que dan espacio y generosa tipografía a sus calamidades. El problema es que ahora Elena Cortés los ha dejado fríos poniendo sobre la mesa los datos y las soluciones durante la Comisión de Fomento y Vivienda celebrada la semana pasada en el Parlamento andaluz.
Y los datos y las soluciones hablan muy en favor de la política de vivienda de IU en la Junta. En primer lugar, y tal y como ha defendido siempre Cortés, las 81.000 viviendas del parque público andaluz (lo que siempre se ha llamado “viviendas sociales) están ya ocupadas, dando habitación a 350.000 personas en 516 municipios. Se trata de viviendas construidas expresamente para personas de recursos muy escasos, incapaces de acceder al derecho a la vivienda en el mercado libre. En cuanto a las viviendas protegidas, construidas con ayudas públicas, la Consejería actuará en dos vertientes: de un lado, garantizando que las que estén en manos de bancos salgan en alquiler; de otro, alquilando la propia Junta las que aún no tienen adjudicatario. Actualmente hay 638 viviendas protegidas de titularidad pública sin adjudicar, un 0,1% de las casi 650.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, según el INE. ¿Mantendrá el PP el discurso de que el problema de la vivienda en Andalucía se puede arreglar con esas 638 viviendas? Capaces son...
La consejería ha decidido, en coherencia con su Decreto-Ley, pasarlas masivamente al alquiler, ajustando su precioa la demanda y a la situación socioeconómica de los solicitantes. Datos y soluciones sobre la mesa, por primera vez. El PP se ha quedado absolutamente fuera de juego. ¿Qué irán a decir ahora?
3-alquilerCortés ha sido siempre muy crítica con el papel de inmobiliaria que ha tenido EPSA durante las últimas legislaturas del PSOE. Por eso ya ha anunciado que la construcción de vivienda nueva va a tener un papel muy residual en las políticas públicas. “Si construyendo vivienda se garantizara el derecho a la vivienda y la salud del sector de la construcción, España sería un paraíso”, ha dicho. No, claro quela solución no está en construir más. Sino en hacer aflorar esas cientos de miles de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias. Y ahí es donde ataca el Decreto-Ley. “A nivel financiero, los ciudadanos deben dinero a los bancos. A nivel político, social y moral, son los bancos los que están en deuda”, suele comentar la consejera.
Ése es el debate que interesa: cómo la política  puede incidir para un más justo reparto de la riqueza. Ése es el debate que intenta eludir el PP-A base de mentiras.