Cártama a
14 de diciembre de 2012
Fco. Manuel L.
Infantes como portavoz del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes
Convocatoria por Andalucía, en el Ayuntamiento de Cártama presenta la siguiente
moción para su inclusión en el orden del día del próximo pleno ordinario.
La crisis económica,
social y financiera que afecta a España está teniendo efectos dramáticos sobre
la vida cotidiana de las familias. A la pérdida de empleo se une la situación
financiera por la que atraviesan miles de hogares, que en la etapa de bonanza
económica decidieron adquirir una vivienda a precios muy altos y con hipotecas
difícilmente asumibles.
Desde el comienzo de
la crisis, se han destruido más de dos millones de empleos. De ellos, casi
600.000 sólo en lo que llevamos de año 2012
En este contexto, la
pérdida de empleo y la disminución de ingresos familiares, junto al imparable
aumento del coste de la hace que sea cada vez más difícil para miles de familias
atender el pago de sus hipotecas. Nos enfrentamos a un drama social que está
teniendo consecuencias muy graves. Suicidios, depresiones, separaciones
familiares son sólo algunas de las cuestiones derivadas de una situación
injusta que puede y debe ser corregida con medidas públicas.
El Gobierno de la Nación aprobó en marzo del
presente año un Real Decreto ley, el 6/2012 de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios, del que ya se advirtió que estaba abocado al
fracaso y que se ha demostrado no ser
una herramienta útil para terminar con los desahucios por sobreendeudamiento de
las familias. Primero, por los estrictos requisitos de acceso a las condiciones establecidas y,
además, porque se articulaba a través de la adhesión voluntaria del sector
financiero a un Código de Buenas Prácticas.
El continuo
deterioro de la situación económica y una movilización social sin precedentes,
a lo que se han unido pronunciamientos como el llamado Informe Almenar,
encargado por el Consejo General del Poder Judicial, de “Propuestas para la
agilización y reforma de los procesos civiles” o las conclusiones de la abogado
general del Tribunal de Justicia de la
UE , que ha dictaminado que la ley española de desahucios
vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de
los consumidores frente a posibles cláusulas abusivas en las hipotecas,
originaron el inicio de un proceso de negociación política que, si bien no
llegó a un resultado consensuado, sí que empujó al Gobierno de la Nación a aprobar y publicar
el Real Decreto ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección de
los deudores hipotecarios. Un Real Decreto cuyo título ya supone el
reconocimiento del fracaso de las medidas contempladas en el anterior.
Frente a ello, el Gobierno
andaluz, en el marco de sus competencias, ha hecho de la lucha contra los
desahucios una prioridad innegociable. Ello se ha plasmado en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda , un servicio
público y gratuito, que a través de una red presencial de oficinas, localizadas
en todas las capitales de provincia, presta apoyo a las personas que, como
consecuencia de la crisis económica, no pueden hacer frente al pago de sus
hipotecas, asistiéndolas en una triple vertiente que abarca la prevención, la intermediación
y la protección.
Mediante este
Programa, pionero por los tres objetivos que persigue, se quiere allanar el
camino hacia la búsqueda de soluciones que permitan asegurar que nadie podrá
ser privado de su vivienda como consecuencia de un impago de un producto
financiero, por haber perdido su empleo.
Es necesario
destacar el importante esfuerzo institucional y animar a su consolidación,
debido a la participación en el proyecto de varias Consejerías del actual
Gobierno de la Junta
de Andalucía: Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales (con el objetivo de que todas
las administraciones locales y los servicios de consumo participen en el
programa), Consejería de Justicia e Interior (estudiando mecanismos para
fortalecer la mediación) y la
Consejería de Salud y Bienestar Social (estableciendo
protocolos para los casos en los que menores y dependientes formen parte de la
unidad familiar que puede ser desahuciada).
Todas las
instituciones, administraciones, colectivos y sociedad civil organizada,
debemos confluir en colaborar hasta la modificación de las leyes estatales
injustas. Y, en este empeño, se ha de poner de manifiesto la clara apuesta,
como ha hecho el Gobierno Andaluz, por la protección de la parte más débil en
la crítica situación económico-financiera y social por la que estamos
atravesando, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas, basándonos en el
principio a favor del consumidor o in dubio pro consumidor.
El pleno del ayuntamiento de Cártama aprobó por unanimidad el
pasado mes de junio una MOCIÓN EN
APOYO A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA REGULACIÓN DE LA DACIÓN EN
PAGO, DE PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS Y DE ALQUILER SOCIAL. En dicha moción
se daba apoyo a la recogida de firmas que hiciera posible la discursión
parlamentaria de una ley a través de la Iniciativa de legislativa Popular, dado
los acontecimientos expuesto el ayuntamiento de Cártama acuerda:
1. Facultad al alcalde para firmar el
convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
2.- Instar al
gobierno de España a:
a)
Modificar la Ley
de Enjuiciamiento Civil, al objeto
de que, en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su
adjudicación por parte de la entidad financiera suponga el pago de la deuda, extinguiéndose
totalmente la misma junto con los intereses y costas así como la extinción de
cualquier tipo de fianza o aval.
b)
Modificar
la Ley de Enjuiciamiento Civil, acordando la paralización de los lanzamientos
derivados de ejecuciones hipotecarias y la conversión de la vivienda adjudicada
por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, por un
importe no superior al 30% de la renta del arrendatario.
c) Aplicar
retroactivamente las anteriores modificaciones a los procesos de ejecución hipotecaria de la vivienda
habitual del deudor en que no se haya decretado la terminación de la ejecución.
d) Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer que la primera vivienda sea
considerada como un bien inembargable, en determinados supuestos (deudor de
buena fe, umbral de renta,…).
e) Modificar la legislación concursal para contemplar la
reestructuración de la deuda privada de las familias adquirida por la compra de
su vivienda habitual, mediante una quita hipotecaria en la proporción a que el
valor de la propiedad se haya visto minorado.
3.-
Notificar los presentes acuerdos a la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales, a la Consejería de Justicia e Interior y a la Consejería
de Salud y Bienestar Social de la junta de Andalucía y al gobierno de España.
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