El portavoz en el Parlamento andaluz sostiene que IU ha “exprimido” el Estatuto de Autonomía desde su posición en el Gobierno para acabar con la lacra de los desahucios y subraya que "a partir de hoy, el PP antiandaluz es el único responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra"
Tras conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional haya aceptado a trámite el recurso presentado por el presidente del Gobierno central contra la Ley andaluza para la Función Social de la Vivienda y por ende se haya procedido a su suspensión cautelar, las reacciones no se han hecho esperar.
El portavoz del Grupo parlamentario de IU en la Cámara andaluza, José Antonio Castro ha advertido de que "desde hoy el PP antiandaluz es el responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra" tras la suspensión cautelar de la Ley de Función Social de Vivienda decretada por el Tribunal Constitucional (TC) al admitir a trámite el recurso del Gobierno de la Nación.
En varios comentarios publicados en su cuenta personal en Twitter, Castro asegura que "desde IULV-CA hemos exprimido las competencias del Estatuto de Autonomía para acabar con la lacra de los desahucios" y subraya que "a partir de hoy el PP antiandaluz es el único responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra".
“Quién pedirá perdón a las víctimas o dimitirá cuándo dentro de unos años se concrete la constitucionalidad de la ley", se ha preguntado el portavoz parlamentario de IULV-CA.
Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés ha informado que la Consejería está preparando el informe para pedir al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y ha anunciado que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el Alto Tribunal no tome una decisión en firme.
Cortés sostiene que esta petición se sustenta en el hecho de que el recurso del Gobierno "provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía" y al hecho de que en Cataluña "opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada".
Cortés considera que el recurso del Gobierno central "está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía".
Asimismo, ha indicado que "los primeros efectos" de la admisión de ese recurso será "dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca".
Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que "no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva".
La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta, mientras que sobre el resto "vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias".
Ha lamentado la actitud del PP "con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara" y considera dicho recurso "un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional".
Ha recordado que actualmente hay 39 expropiaciones temporales de uso efectuadas y otras 200 personas a las que se les estaban validando sus expedientes en las provincias".
Cortés ha recordado que en otras comunidades autónomas, el PP "está vendiendo el parque público de viviendas a 'fondos buitre', ese es el modelo del PP; mientras que en Andalucía, con IU en el Gobierno, la Junta se pone al lado de las clases trabajadoras y a las mujeres, protagonistas de la defensa de la dignidad de sus familias y de sus casas frente a un desahucio".
Tras conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional haya aceptado a trámite el recurso presentado por el presidente del Gobierno central contra la Ley andaluza para la Función Social de la Vivienda y por ende se haya procedido a su suspensión cautelar, las reacciones no se han hecho esperar.
El portavoz del Grupo parlamentario de IU en la Cámara andaluza, José Antonio Castro ha advertido de que "desde hoy el PP antiandaluz es el responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra" tras la suspensión cautelar de la Ley de Función Social de Vivienda decretada por el Tribunal Constitucional (TC) al admitir a trámite el recurso del Gobierno de la Nación.
En varios comentarios publicados en su cuenta personal en Twitter, Castro asegura que "desde IULV-CA hemos exprimido las competencias del Estatuto de Autonomía para acabar con la lacra de los desahucios" y subraya que "a partir de hoy el PP antiandaluz es el único responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra".
“Quién pedirá perdón a las víctimas o dimitirá cuándo dentro de unos años se concrete la constitucionalidad de la ley", se ha preguntado el portavoz parlamentario de IULV-CA.
Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés ha informado que la Consejería está preparando el informe para pedir al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y ha anunciado que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el Alto Tribunal no tome una decisión en firme.
Cortés sostiene que esta petición se sustenta en el hecho de que el recurso del Gobierno "provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía" y al hecho de que en Cataluña "opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada".
Cortés considera que el recurso del Gobierno central "está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía".
Asimismo, ha indicado que "los primeros efectos" de la admisión de ese recurso será "dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca".
Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que "no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva".
La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta, mientras que sobre el resto "vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias".
Ha lamentado la actitud del PP "con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara" y considera dicho recurso "un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional".
Ha recordado que actualmente hay 39 expropiaciones temporales de uso efectuadas y otras 200 personas a las que se les estaban validando sus expedientes en las provincias".
Cortés ha recordado que en otras comunidades autónomas, el PP "está vendiendo el parque público de viviendas a 'fondos buitre', ese es el modelo del PP; mientras que en Andalucía, con IU en el Gobierno, la Junta se pone al lado de las clases trabajadoras y a las mujeres, protagonistas de la defensa de la dignidad de sus familias y de sus casas frente a un desahucio".
